Comunicados de prensa
11 julio 2014
La población refugiada de Nairobi va a apelar contra un controvertido fallo judicial en virtud del cual millares de somalíes se verán obligados a abandonar sus hogares para irse a vivir a campos del norte de Kenia en condiciones de hacinamiento y miseria, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
“Este indignante fallo afecta a la totalidad de la población refugiada de Nairobi –ha explicado Michelle Kagari, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para África Oriental–. Con el pretexto de proteger la seguridad nacional, las autoridades kenianas han adoptado medidas drásticas contra los refugiados, que les privan en la práctica de toda forma de estabilidad que puedan haber conseguido desde que llegaron a Kenia en busca de protección.”
“Se ha destruido la vida a millares de personas, y hay decenas de miles más en grave situación de riesgo.”
Los refugiados somalíes van a apelar contra el fallo, dictado el 30 de junio por el juez Majanja, del Tribunal Superior, que determinó que la reubicación de refugiados fuera de los centros urbanos es constitucional.
Esta decisión judicial contradice directamente un fallo previo del mismo juez, quien en julio de 2013 consideró que la reubicación forzada de refugiados en campos iba en contra de sus derechos humanos, su dignidad y su libertad de circulación, con el consiguiente riesgo de obligarlos indirectamente a regresar a Somalia.
En su fallo anterior, el juez Majanja dijo también que el Estado no había demostrado que la medida contribuyera a proteger la seguridad nacional. A pesar de que el gobierno no ha probado aún que la política de reubicación forzada en campos mejore la seguridad nacional, en esta ocasión el juez no ha mencionado este asunto clave en su sentencia.
“Cuesta entender como se ha producido este cambio total de actitud. El juez Majanja ha determinado que la directiva actual es constitucional pese a que, por su misma naturaleza, viola claramente los derechos de los refugiados, que han sufrido ya abusos extremos a causa de ella”, ha señalado Michelle Kagari.
“La sentencia ha dado luz verde al gobierno keniano para continuar con su política implacable de abusos y castigo colectivo de los refugiados.”
La orden original de enviar a todos los refugiados a campos, la dictó el ministro del Interior y de Coordinación del Gobierno Nacional, Joseph Ole Lenku, el 26 de marzo.
Poco después, millares de refugiados y solicitantes de asilo fueron víctimas de detención arbitraria, hostigamiento, extorsión y malos tratos.
Millares de personas han sido reubicadas a la fuerza en campos, y centenares más han sido expulsadas a Somalia, país que está sufriendo un conflicto y donde la seguridad es cada vez menor. Más de 300 niños y niñas se han visto separados de sus familias a causa de ello, muchas personas han perdido sus medios de sustento y sus hijos e hijas no van ya a la escuela.
La reubicación forzada en campos constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Kenia en virtud del derecho internacional.
Los campos de refugiados de Dadaab y Kakuma estaban ya superpoblados y eran inseguros antes de que se reubicará en ellos a más de 5.000 personas, en su mayoría somalíes, como consecuencia de la orden de Ole Lenku. No se tomaron medidas para recibir a las decenas de miles de personas que se esperaba que llegaran después. La comida es escasa, el acceso a la educación y los servicios de salud están ya al límite y apenas queda espacio donde buscar abrigo.
Con decenas de miles de personas que cruzan la frontera huyendo del conflicto que asuela Sudán del Sur, los campos de refugiados se enfrentan a una crisis humanitaria inminente, provocada en parte por el gobierno.
Hussein Mohamed Haji, director de la Asociación de la Comunidad de Eastleigh, ha dicho a Amnistía Internacional que la decisión de obligar a la comunidad somalí a vivir en los campos ha sido un golpe devastador:
“En 2006 fuimos acogidos en Kenia y recibimos tarjetas de residente extranjero. Inmigración nos dijo que lo único que no podíamos hacer en Kenia era votar en las elecciones ni presentarnos a ellas. Abrimos bancos, establecimos negocios y algunos de nosotros compramos propiedades. ¿Cómo vamos a irnos a los campos y cómo vamos a llevar nuestros negocios si nos obligan a estar en los campos? Es que no sabemos qué hacer.”
