He visto llorar muchas veces a Claudia Medina.
Lloró cuando me contó las torturas, incluidos los abusos sexuales, que sufrió a manos de miembros de la marina mexicana en 2012. Lloró también cuando explicó cómo es vivir con cargos federales pendientes, acusada de pertenecer a una banda criminal, corriendo el riesgo de ser detenida otra vez en cualquier momento. Lloró una vez más cuando me contó cómo estaban sufriendo sus hijos.
Pero hoy es la primera vez que la he visto llorar de alegría y alivio. Un juez acaba de retirar el último cargo que quedaba contra ella alegando que la única prueba —un informe de la marina— es mentira.
El juez confirmó que tras su detención, miembros de la marina torturaron y agredieron sexualmente a Claudia para obligarla a autoinculparse y a inculpar a otros en delitos relacionados con la droga. Los delitos se cometieron el 7 de agosto de 2012 en una base de la marina del estado de Veracruz, en la región oriental de México.
“Estos dos años que he vivido con las acusaciones que me pusieron y que estuvieron basadas en tortura, para mí fueron muy, muy difíciles. Al principio lo veía como un monstruo que se presentaba ante mí y yo decía que no lo iba a poder superar”, dijo Claudia.
“En el ámbito personal, me afectó porque todas las personas me dieron la espalda. No pude ser una mamá al cien por ciento con mis hijos. Me afectó en lo económico. […] No pude darles a mis hijos lo que ellos necesitaban y a lo que estaban acostumbrados.”
El 6 de febrero un juez le informó de que se había retirado el último cargo que quedaba contra ella, por posesión ilegal de armas.
“Ahora me voy a sentir mucho más tranquila”, dijo Claudia justo antes de una conferencia de prensa organizada por Amnistía Internacional en la ciudad de México.
“Voy a poder desplazarme en las calles con mucha más libertad. Antes caminaba en las calles pensando ya me van a detener, ya voy a volver a pasar por las mismas torturas que me hicieron. Hoy, no. Nunca bajé mi cabeza pero hoy la voy a alzar más. Digo: ‘Soy inocente y siempre hablé con la verdad.’”
Pero la lucha de Claudia por la justicia no ha terminado aún.
“Mi denuncia por tortura está ahora ante la Procuraduría General de la República. No ha habido ningún avance, pero persistiré con esto.”
Los procuradores federales dicen que Claudia tiene que volver a confirmar activamente que desea seguir con la investigación judicial sobre sus acusaciones de tortura, lo que es indignante. La tortura es un delito de suma gravedad y las autoridades tienen la obligación de investigar sin demora cualquier denuncia en cuanto se formula.
Este enfoque hacia la justicia muestra cómo se perpetúa la impunidad. Según cifras oficiales, en México sólo se han conseguido siete condenas por tortura en el ámbito federal desde 1991, a pesar del uso ampliamente documentado de la tortura y los malos tratos por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las fuerzas armadas en todo el país.
El pasado mes de septiembre, Amnistía Internacional presentó un informe dentro de su campaña global Stop Tortura, que analiza el aumento sustancial del número de casos de tortura denunciados en los últimos diez años y las increíblemente escasas investigaciones realizadas.
Sus conclusiones cuentan con el respaldo del relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura y otros malos tratos, que ha visitado México recientemente y ha calificado de “generalizado” el uso de la tortura.
Una de las razones de la ausencia de justicia es el hecho de que la Procuraduría General de la República no realiza de forma rápida, adecuada e imparcial exámenes forenses de posibles víctimas, como exige el Protocolo de Estambul, respaldado por la ONU, que establece las directrices para investigar las denuncias de tortura.
Esto es lo que ocurrió en el caso de Claudia, a quien no le quedó más opción que acudir a los expertos forenses independientes de una ONG local y a los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los informes de ambas entidades demuestran que las denuncias de Claudia son compatibles con sus secuelas físicas y psicológicas.
Queda por ver si la Procuraduría General de la República aceptará alguna vez estos exámenes médicos independientes y si quienes torturaron a Claudia responderán ante la justicia.
Pero a pesar de todos estos retos, Claudia mira el futuro con una actitud positiva.
“A mí me sirvió muchísimo todo este proceso que yo viví, estos dos años y medio. Me nació la necesidad de ser una activista de derechos humanos, para demostrar que no es como nuestras autoridades reflejan al ponerte como una delincuente.
No permitiré que ni una sola mujer más sea torturada en México.”
