Indonesia debe detener de inmediato la ejecución por fusilamiento de seis personas –una ciudadana Indonesia y cinco extranjeros–, que pretende llevar a cabo esta semana, ha manifestado Amnistía Internacional tras confirmar hoy la Fiscalía General que las ejecuciones tendrán lugar el domingo, 18 de enero de 2015.
“Deben detenerse de inmediato estas ejecuciones –ha señalado Rupert Abbott, director de Investigación de Amnistía Internacional para la región del sureste asiático y el Pacífico–. La pena de muerte es una violación de los derechos humanos, así que resulta estremecedor que las autoridades indonesias quieran ejecutar a seis personas este domingo.”
“El nuevo gobierno de Indonesia asumió sus funciones con la promesa de mejorar el respeto de los derechos humanos, pero si lleva a cabo estas ejecuciones la incumplirá. En vez de ejecutar a más personas, debe declarar de inmediato la suspensión del uso la pena de muerte con miras a su abolición definitiva.”
Las seis personas que van a ser ejecutadas el domingo fueron condenadas a muerte tras ser declaradas culpables de delitos de drogas. Son una ciudadana indonesia, Rani Andriani, conocida como Melisa Aprilia, y cinco extranjeros: Daniel Enemuo, de Nigeria; Ang Kim Soei, de Países Bajos; Tran Thi Bich Hanh, de Vietnam; Namaona Denis, de Nigeria, y Marco Archer Cardoso Moreira, de Brasil.
Según la información disponible, cinco de ellas van a ser ejecutadas en la isla de Nusakambangan, provincia de Java Central, y la otra, Tran Thi Bich Hanh, en el distrito de Boloyali, también en Java Central.
Aunque en 2014 no se llevaron a cabo ejecuciones en Indonesia, el gobierno ha anunciado que este año hay previstas 20.
En diciembre de 2014 se informó también de que el presidente Joko Widodo no iba a conceder el indulto al menos a 64 personas condenadas por delitos de drogas y que estaba previsto ejecutarlas.
Los delitos de drogas no cumplen el criterio de “los más graves delitos” por los que cabe imponer la pena de muerte según el derecho internacional.
“Sería un retroceso enorme que el gobierno siguiera adelante con sus planes de ejecutar nada menos que a 20 personas durante el año. Es una meta legítima del gobierno del presidente Widodo abordar los crecientes índices de criminalidad, pero la pena de muerte no es la respuesta, porque no sirve para disuadir de cometer delitos”, ha explicado Rupert Abbott.
“La nueva tanda de ejecuciones prevista se ha anunciado a la vez que el gobierno está intentando activamente proteger a los ciudadanos indonesios que se enfrentan a la pena de muerte en el extranjero. Si la pena de muerte no está bien para otros países, no puede estarlo tampoco para Indonesia.”
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y en todas las circunstancias, independientemente de la naturaleza del delito, las características de su autor o el método utilizado para llevar a cabo la ejecución La pena de muerte viola el derecho a la vida, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. La protección del derecho a la vida está reconocida también en la Constitución de Indonesia. Son ya 140 los países que han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica.
