DECLARACIÓN PÚBLICA
8 de enero de 2014
La aprobación del reglamento de una comisión de la verdad (qanun) en la provincia de Aceh en diciembre de 2013 es un paso histórico para abordar la impunidad por los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto de Aceh. La organización pide al gobierno central que preste todo su apoyo a la creación de esta comisión, con arreglo a las leyes y normas internacionales, para garantizar la verdad, la justicia y una reparación a las víctimas del conflicto y a sus familias.
El 27 de diciembre de 2013, después de ocho años de campaña de grupos de derechos humanos y organizaciones de víctimas, así como de importantes esfuerzos de los parlamentarios de Aceh, la Cámara de Representantes del Pueblo de esta provincia aprobó el reglamento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Aceh. El reglamento ya ha sido presentado al Ministerio del Interior para su aprobación antes de su entrada en vigor.
La creación de esta comisión estaba incluido en el Acuerdo de Paz de Helsinki de 2005 y en la Ley sobre el Gobierno de Aceh de 2006 (No. 11/2006). Sin embargo, la falta de voluntad política, así como el hecho de que el gobierno central no promulgara una nueva ley sobre una comisión nacional de la verdad, tras ser anulada la anterior por el Tribunal Constitucional en 2006, ha retrasado durante años su creación.
El establecimiento de comisiones de la verdad es un paso importante para comprender las circunstancias que desembocaron en las violaciones cometidas, aprender del pasado para garantizar que estos crímenes no se cometen de nuevo y garantizar que se reconocen y preservan las experiencias compartidas. Durante sus visitas a Aceh de 2012 y 2013, Amnistía Internacional se reunió con víctimas de numerosos distritos de la provincia que siguen exigiendo conocer la verdad sobre las violaciones que sufrieron. La organización también se reunió con familiares de víctimas, en especial con los de personas asesinadas o desaparecidas, que desean conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos.
Amnistía Internacional pide tanto al gobierno de Aceh como al gobierno central que garanticen que el reglamento de la comisión de la verdad se aplica lo antes posible y que ésta actúa con arreglo a las leyes y normas internacionales.
La organización pide asimismo al gobierno central que promulgue una ley nacional sobre la verdad y la reconciliación para que las víctimas de otras violaciones de derechos humanos, como las cometidas durante los sucesos de 1965-66, los disturbios de mayo de 1998 y los conflictos en Papúa y Timor Oriental, puedan obtener la verdad, la justicia y una reparación.
Los esfuerzos para hacer efectivo el derecho de las víctimas a la verdad deben formar parte de un marco más amplio de rendición de cuentas en Indonesia. Sin embargo, estos esfuerzos nunca deben sustituir la responsabilidad del sistema de justicia penal de investigar y—si existen suficientes pruebas admisibles— enjuiciar a los responsables de violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, en juicios imparciales sin recurso a la pena de muerte.
Abordar estos crímenes no sólo contribuiría a curar las heridas abiertas de la población civil, sino que también ayudaría a reforzar el Estado de derecho en el país, lo que puede contribuir a garantizar el proceso de paz a largo plazo.
Amnistía Internacional expresa su satisfacción por las disposiciones contenidas en el reglamento de la comisión de la verdad de Aceh para garantizar la independencia de la comisión y dotarla de un mandato claro para establecer la verdad sobre los abusos contra los derechos humanos y recomendar medidas integrales que garanticen una reparación para las víctimas.
Sin embargo, algunas disposiciones del reglamento no cumplen las leyes y normas internacionales y deben reforzarse para garantizar el funcionamiento efectivo de la comisión de la verdad. Entre otras, la definición de violaciones de derechos humanos o abusos contra éstos está limitada actualmente a los derechos garantizados por la Ley No. 39/1999 sobre Derechos Humanos y debe ampliarse para incluir expresamente las violaciones de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados que ha ratificado Indonesia (artículo 1.14). Por otra parte, la definición de “abusos graves contra los derechos humanos” del reglamento no debe limitarse al genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, sino incluir también otros crímenes del derecho internacional como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas (artículo 1.15). También debe aclararse que la participación de los perpetradores de todos los crímenes del derecho internacional en procesos de reconciliación no podrá derivar en una amnistía ante los tribunales nacionales.
El reglamento tampoco especifica que entre los miembros de la Comisión deberá haber personas con conocimientos especializados en derecho internacional humanitario y de derechos humanos, así como personas con experiencia en tratar a víctimas de crímenes graves, como víctimas traumatizadas, víctimas de violencia sexual y víctimas menores de edad. Además, Amnistía Internacional considera que el requisito de que todos los miembros de la Comisión sepan leer el Corán es discriminatorio y limitará la participación en ella, especialmente de personas no musulmanas (artículo 11.c).
El conflicto de Aceh entre el movimiento armado por la independencia Movimiento Aceh Libre (GAM) y el gobierno indonesio se remonta a 1976, y alcanzó su punto culminante durante las operaciones militares realizadas entre 1989 y 2005. El conflicto tuvo una repercusión brutal entre la población, al saldarse con entre 10.000 y 30.000 muertos, muchos de ellos civiles.
Un informe de Amnistía Internacional publicado en abril de 2013 concluyó que las víctimas y supervivientes de los abusos cometidos durante 29 años de violencia siguen esperando que el gobierno determine la verdad sobre lo que les ocurrió y siguen reclamando justicia y reparación. Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos han documentado una serie de crímenes cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad y sus auxiliares contra la población civil, como homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas y tortura, que en gran medida han quedado impunes. Los abusos contra los derechos humanos cometidos por el GAM incluyeron la toma de rehenes y el homicidio selectivo de personas presuntamente ligadas al gobierno.
Gran número de las violaciones y de los abusos cometidos por ambas partes en el contexto del conflicto armado no internacional podrían equivaler a crímenes de guerra. Muchas de las violaciones cometidas por las fuerzas armadas indonesias y sus auxiliares contra la población civil dentro de la política de erradicar al movimiento independentista parecen haber formado parte de un ataque generalizado o sistemático y podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad.
