La rapidez con que la policía de Hong Kong ha recurrido al uso de aerosoles de pimienta y a la detención durante las manifestaciones de anoche y de hoy en favor de la democracia hace temer de nuevo que las autoridades no respeten el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión en las manifestaciones de mayor tamaño aún previstas para la semana próxima, ha manifestado Amnistía Internacional.
El viernes por la noche culminó una sentada de una semana de duración en la que participaban miles de estudiantes, al entrar un grupo de manifestantes en la Plaza Cívica, que estaba vallada, para protestar ante la sede del gobierno, mientras millares más se manifestaban fuera.
La policía reaccionó utilizando aerosoles de pimienta dentro y fuera de la plaza y efectuando detenciones. Retuvo a alrededor de 70 personas en la plaza durante toda la noche y se las llevó detenidas el sábado por la tarde.
«La respuesta policial a los sucesos del viernes por la noche es una alarmante señal de que las autoridades de Hong Kong van a adoptar una postura estricta contra toda manifestación pacífica que bloquee la zona financiera”, ha explicado Mabel Au, directora de Amnistía Internacional Hong Kong.
“La rapidez con que se ha hecho uso de aerosoles de pimienta, el despliegue de policía antidisturbios perfectamente equipada y las detenciones practicadas ante la sede del gobierno no auguran nada bueno a las manifestaciones potencialmente multitudinarias previstas para esta semana. Todas las personas detenidas únicamente por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de reunión deben ser puestas en libertad de inmediato y sin condiciones.”
Las organizaciones de movimiento Occupy Central han convocado a una multitud de hasta 10.000 manifestantes para bloquear el distrito financiero del centro de Hong Kong el 1 de octubre, Día Nacional de China. Los manifestantes están indignados con lo decidido recientemente por Pekín acerca de cómo se ejercerá el “sufragio universal” en el territorio, pues temen que impida celebrar una elecciones totalmente democráticas en 2017.
«Sólo como último recurso debe tomarse la decisión de disolver una manifestación pacífica –ha añadido Mabel Au–. Detener a personas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica constituye una violación del derecho internacional.”.
«Todo uso de la fuerza por parte de la policía es innecesario si la manifestación es pacífica y no hay razones legítimas evidentes para ello. Es importante recordar que una manifestación no pierde su carácter pacífico por que algunas personas se comporten de manera ilegal.”
“La policía tiene la responsabilidad de facilitar realmente las manifestaciones pacíficas, no de hostigar a quienes están en todo su derecho a participar en ellas.»
Amnistía Internacional insta a las autoridades a que cumplan con la obligación que han contraído en virtud del derecho internacional y de la legislación nacional de respetar el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Asimismo, las autoridades deben garantizar que todas las personas detenidas tienen con prontitud acceso a abogados y a los servicios médicos que puedan necesitar.
Hong Kong está obligado a cumplir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 27 de la “mini Constitución” de Hong Kong, la norma fundamental, garantiza la “libertad de opinión, de prensa y de publicación; la libertad de expresión, de reunión, de manifestación y de protesta.»
La protesta pública representa uso legítimo del espacio público, sea en un parque o un distrito financiero.
“Las autoridades no tienen derecho a tachar de ‘ilegal’ una manifestación pacífica sólo por que se interrumpa el tráfico de vez en cuando o porque no la hayan autorizado con antelación”, ha señalado Mabel Au.
La legislación de Hong Kong obliga a los organizadores de una manifestación a solicitar permiso para celebrarla. Según el derecho internacional, no hace falta la aprobación de las autoridades para celebrar protestas, aunque puede ser necesario notificarlas con antelación
De acuerdo con el derecho internacional, imponer restricciones a manifestaciones pacíficas sólo es permisible si resulta necesario para proteger intereses públicos legítimos o derechos ajenos. Toda restricción legítima ha de ser proporcional y lo menos restrictiva posible. La policía ha de evitar hacer uso de la fuerza, pero si tiene que recurrir a ella ha de hacerlo contra un objetivo legítimo, reconocido como tal por el derecho internacional de los derechos humanos, y en el grado mínimo necesario para alcanzar su fin.
El 1 de julio de este año se celebró en Hong Kong una de las mayores concentraciones de los últimos años, en la que participaron centenares de miles de personas. Tras la concentración, en la madrugada el 2 de julio, una organización estudiantil concovó una sentada en favor de la democracia en el centro del distrito financiero de Hong Kong, a la que asistieron millares de personas.
La policía detuvo a más de 500 de estas personas por cargos de “reunión ilegal” y “obstrucción de un lugar público”. De ellas, 25 han sido puestas en libertad bajo fianza, pero siguen siendo objeto de investigaciones criminales.
Según la policía, a primera horas del sábado se encontraban bajo custodia, tras su detención durante las manifestaciones del 26 y el 27 de septiembre, 13 personas de entre 16 y 35 años, acusadas formalmente de “entrar por la fuerza en establecimientos gubernamentales”, “obstruir un lugar público” y ”ofrecer resistencia y oposición a un funcionario público o a otra persona que desempeñe legalmente una función pública”, y habían resultado heridas al menos 28 personas, entre manifestantes y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.