DECLARACIÓN PÚBLICA
09 de enero de 2014
Cuatro años después del devastador terremoto que causó la muerte de unas 200.000 personas y dejó unos 2.3 millones de personas sin hogar, muy poco se ha hecho para garantizar el respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a una vivienda adecuada en Haití, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Se estima que más de 170.000 personas todavía viven en más de 300 campamentos para desplazados, en la mayoría de los casos en condiciones terribles, sin acceso a servicios básicos esenciales como agua limpia, aseos o eliminación de desechos. Mientras que las nefastas condiciones sanitarias les dejan expuestos al riesgo de cólera y otras enfermedades, la falta de refugios adecuados los hace vulnerables a inundaciones y otras condiciones climáticas adversas, especialmente durante la temporada de huracanes.
Aunque las cifras oficiales de las personas desplazadas internas (PDI) han ido descendiendo significativamente desde las estimaciones iniciales de 1,5 millones julio de 2010, la mayoría de las personas que han sido realojadas no han recibido un alojamiento duradero que garantice su derecho a una vivienda adecuada.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 113.000 familias de desplazados internos han sido reubicados en refugios temporales, mientras que más de 55.000 se han reubicados a través de programas de subsidio del alquiler. Las familias beneficiarias de estos programas reciben aproximadamente 500 dólares estadounidenses para alquilar un alojamiento de su elección durante un año y otros 125 dólares estadounidenses para iniciar actividades generadoras de ingresos.
«Si bien estas estrategias han logrado una reducción drástica en el número de campos de desplazados, no han contribuido en absoluto a la solución de la crisis de vivienda que el terremoto agravó. Es como barrer el problema debajo de la alfombra «, dijo Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
Una evaluación encargada por los donantes en enero de 2013 sobre los programas de subsidio del alquiler, constató que el 60 % de los beneficiarios creen que no tendrán fondos suficientes para mantener la misma calidad de alojamiento una vez que el subsidio para la renta haya terminado. El 75 % de aquellos cuyos contratos habían terminado y que se habían trasladado se encontraban viviendo en alojamientos de peores condiciones.
El desalojo forzoso es otro factor que contribuye a la reducción del número de desplazados internos que viven en campamentos. Según las estadísticas de la OIM desde septiembre de 2013, los desalojos forzosos representaron el 11 % del total de personas que abandonó los campamentos de desplazados internos. Al mismo tiempo, el 45 % de la población actualmente viviendo en ellos está bajo amenaza de desalojo.
En abril de 2013, Amnistía Internacional publicó el informe «Nowhere to go. Forced evictions in Haiti’s displacement camps” (“Sin lugar a donde ir. Desalojos forzosos en campos de desplazados de Haití”) que documentaba la pauta recurrente de desalojos forzosos de familias de desplazados internos de campamentos construidos en terrenos tanto públicos como privados.
Aunque el Gobierno de Haití respondió al informe de Amnistía con dos declaraciones públicas distanciándose de estas prácticas y prometió llevar a cabo investigaciones sobre las denuncias de desalojos forzosos, todavía nadie ha sido puesto a disposición judicial, las víctimas no han recibido ningúna reparación por las violaciónes de sus derechos y no hay evidencia de que las investigaciones se estén llevando a cabo. Además, más desalojos forzosos han tenido lugar desde que se hicieron esas declaraciones.
Amnistía Internacional siente especial preocupación por la seguridad de las personas que viven en Canaán, una gran extensión de tierra de varios kilómetros cuadrados en la periferia norte de Puerto Príncipe que fue declarada de «uso público» (utilité publique), en marzo de 2010 por el gobierno de entonces.
Decenas de miles de personas que perdieron sus hogares en el terremoto, incluyendo a muchos que habían sido desalojados de campamentos en Puerto Príncipe, se han reasentado en Canaán con la esperanza de estar a salvo de los desalojos. Muchos han comenzado a construir casas de cemento. Sin embargo, el estatus de la tierra sigue siendo poco claro. Ninguna de las familias tiene seguridad de tenencia que les proteja contra los desalojos forzosos. La confusión se mantiene sobre qué parte exacta de la tierra ha sido declarada de «uso público» y sobre el procedimiento de expropiación. Como consecuencia, miles de personas que viven allí están bajo amenaza de desalojo forzoso, expuestos a la intimidación y el acoso por parte de quienes reclaman la tierra.
«Canaán es un polvorín. El fracaso de las autoridades a la hora de hacer frente a la situación de la seguridad de la tenencia podría dar lugar a innumerables conflictos y dejar a aquellos que viven allí expuestos a graves violaciones de los derechos humanos», advirtió Zúñiga .
El desalojo forzoso más reciente en Canaán tuvo lugar entre el 7 y el 10 de diciembre en el sector conocido como Titanyen. Más de 200 familias se quedaron sin hogar. Muchas de ellas eran desplazadas internas por el terremoto y se habían trasladado a Titanyen tras haber sido desalojadas por la fuerza de Camp Mozayik (municipio de Delmas, Puerto Príncipe) en mayo de 2012. Según los residentes ellos no hubo aviso previo de desalojo y por lo tanto no tuvieron la oportunidad de apelar. No se les dio tiempo para recoger sus pertenencias y más de una docena de personas fueron agredidas, entre ellas una mujer que estaba embarazada de cuatro meses. Más de 3.000 familias que viven en otros sectores en Canaán conocido como Village des Pêcheurs y Grâce de Dieu se cree que están en riesgo inminente de desalojo.
El 23 de octubre de 2013, el primer ministro anunció la adopción de la primera estrategia política del país en materia de vivienda y hábitat. A pesar de que definió esta estrategia como «el marco de referencia para las instituciones públicas, autoridades regionales, organizaciones de la sociedad civil y los asociados técnicos y financieros», el documento completo aún no se ha distribuido y organizaciones de la sociedad civil han dicho a Amnistía Internacional que no conocen el contenido. Los borradores anteriores a los que tuvo acceso Amnistía Internacional, no lograron establecer planes concretos para que aquellos que viven en pobreza puedan acceder a viviendas dignas y asequibles, y no incluía medidas para prevenir los desalojos forzosos.
«El gobierno haitiano no puede permitirse el lujo de perder esta oportunidad. La adopción de una política nacional de vivienda basada en los derechos humanos y su aplicación efectiva es la única forma en que el gobierno puede mostrar un compromiso real con el respeto de la dignidad de las personas y darles lo que la Constitución haitiana les da derecho: una vivienda digna», dijo Zúñiga.
Cuatro años después del terremoto, Amnistía Internacional insta a las autoridades de Haití a dar prioridad a la acción para que el derecho a una vivienda adecuada sea una realidad en el país, en particular garantizando que:
– Se establezcan planes para reubicar a los desplazados internos viviendo en campamentos a través de soluciones duraderas que aseguren que todos los alojamientos alternativos cumplan con los requisitos de una vivienda adecuada según el derecho internacional.
– La Politica Nacional de Vivienda y Hábitat sea compatible con las normas internacionales de derechos humanos y garantice el acceso a una vivienda adecuada a todos aquellos que lo necesiten, en especial los más vulnerables y marginados como los que viven en la pobreza.
– Se establezcan medidas para aclarar la situación de las tierras de Canaán y para dar a los residentes la seguridad de la tenencia.
– Adoptar una moratoria sobre los desalojos masivos hasta que haya garantías adecuadas para garantizar que todos los desalojos cumplan con las normas internacionales de derechos humanos.
– Adoptar y hacer cumplir la legislación que prohíbe los desalojos forzosos y se establezcan garantías que deben cumplirse antes de que cualquier desalojo sea llevando a cabo, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, entre ellos los Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento Generados por el Desarrollo de las Naciones Unidas.
– Se establezcan mecanismos eficaces para prevenir los desalojos forzosos por parte tanto de actores estatales como no estatales, incluyendo la revisión de los procedimientos existentes y la mejora de la coordinación entre los actores relevantes.
– Los casos de desalojos forzosos y de amenazas de desalojos forzosos (incluyendo amenazas contra los desplazados internos y defensores de derechos humanos) sean efectivamente investigados y sus autores comparezcan ante la justicia.
– Instrucciones formales sean transmitidas a las alcaldías, las comisarías y los tribunales municipales, para que no participen en los desalojos forzosos y se creen mecanismos claros para supervisar la aplicación de estas instrucciones sean puesta en marcha.
– Las víctimas de los desalojos forzosos tengan acceso a reparaciones efectivas.
