Haití: Deben investigarse exhaustivamente las denuncias de uso de fuerza excesiva durante las manifestaciones.

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La Policía Nacional de Haití y la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU deben evitar el uso innecesario y excesivo de la fuerza al vigilar y disolver manifestaciones, e investigar exhaustivamente todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional tras los incidentes denunciados durante las manifestaciones de los días 12 y 13 de diciembre en Haití.

Según la información publicada en medios de comunicación, dos personas resultaron heridas por arma de fuego durante una manifestación celebrada el 12 de diciembre en la capital haitiana, Puerto Príncipe, y otra más, al parecer, murió por disparos al día siguiente en otra protesta. Aunque todavía no se han esclarecido las circunstancias, los informes recibidos indican que en ambos casos la policía podría haber usado munición real contra los manifestantes.

Los medios de comunicación haitianos publicaron también un vídeo en el que se veía a un miembro de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU disparando varias veces contra manifestantes después de que varios de ellos lanzaran piedras contra los efectivos internacionales. La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) se apresuró a emitir un comunicado en el que reconocía las denuncias de uso excesivo de la fuerza e informaba de que se había abierto inmediatamente una investigación “para esclarecer los hechos”.

“El clima político en Haití se tensa y agrava por momentos. Es fundamental que la Policía Nacional de Haití y la MINUSTAH sean capaces de hacer frente a la situación garantizando la protección de los derechos humanos. La población debe poder ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica sin miedo a recibir disparos”, ha dicho Chiara Liguori, investigadora de Amnistía Internacional sobre Cuba.

“En ese contexto, es imprescindible que la MINUSTAH se atenga a su mandato de mantenimiento de la paz, que es promover la seguridad en Haití y al mismo tiempo proteger y respetar estrictamente los derechos humanos.”

Estas manifestaciones se enmarcan en una escalada de la inestabilidad política en Haití, cuando está a punto de expirar el mandato de dos tercios de los senadores y de todos los miembros de la Cámara Baja, el 12 de enero de 2015. La oposición política culpa al gobierno por no celebrar unas elecciones legislativas y municipales largamente pospuestas.

La noche del 12 de diciembre, el primer ministro anunció su dimisión después de que una comisión consultiva designada por el presidente hubiera recomendado su dimisión entre varias medidas destinadas a apaciguar las tensiones y crear un entorno político positivo que permita celebrar elecciones.

En los dos últimos años, Amnistía Internacional ha recibido un número creciente de informes sobre uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de la policía para disolver manifestaciones, con el frecuente resultado de un gran número de heridos y, ocasionalmente, víctimas mortales. No se tiene constancia de que se haya sometido a investigación criminal a algún agente de policía por su participación en estos hechos.

El número creciente de personas muertas a manos de la policía y la ausencia de rendición de cuentas de la fuerza policial fueron motivos de preocupación para el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que, en octubre de 2014, recomendó que las autoridades haitianas realizaran investigaciones oportunas y efectivas sobre todos los homicidios cometidos por la policía y llevaran a los responsables ante la justicia. Asimismo recomendó que Haití continuara formando a sus fuerzas de seguridad para garantizar el cumplimiento de los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

“En un contexto en el que probablemente continuarán las manifestaciones, tanto las autoridades haitianas como la MINUSTAH deben demostrar su intención firme de obligar a los funcionarios públicos a rendir cuentas e impedir que se cometan más abusos en el futuro. De no hacerlo así, las autoridades haitianas y la MINUSTAH estarían renegando de sus obligaciones en materia de derechos humanos”, ha afirmado Chiara Liguori.

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