El gobierno de Guinea Ecuatorial debe revelar los nombres y los motivos de detención de todos los presos que se beneficiarán de la recién anunciada amnistía por delitos políticos, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
El presidente Obiang Nguema ha firmado esta semana un decreto concediendo una amnistía a todas las personas condenadas o en espera de juicio por delitos políticos en el país. Sin embargo, el decreto no define claramente qué se entiende por “delitos políticos”, ni aclara cuántas personas se beneficiarán de la amnistía.
‘‘Este decreto sería un alentador paso para los derechos humanos en Guinea Ecuatorial si conduce a la liberación de personas encarceladas únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos humanos, pero las autoridades deben ser transparentes sobre los detalles”, ha dicho Stephen Cockburn, director regional adjunto para África Occidental y Central de Amnistía Internacional.
“El gobierno debe garantizar que estos presos quedan en libertad de inmediato y que se mantiene informados de todo el proceso a familiares y otras personas.”
Esta amnistía es precursora de los debates previstos con políticos de oposición, incluidos los exilados, sobre la reconciliación nacional.
Amnistía Internacional ha documentado las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en Guinea Ecuatorial, incluido el uso de tortura, la detención arbitraria de políticos de oposición y el uso de tribunales militares para juzgar a civiles.
“Tal amnistía debe ser una plataforma para que el gobierno aborde cuestiones más amplias de derechos humanos en Guinea Ecuatorial, especialmente garantizar la rendición de cuentas por violaciones y terminar con la tortura y la detención arbitraria”, ha dicho Stephen Cockburn.
Entre los actuales presos políticos figuran Cipriano Nguema, secuestrado en Nigeria en diciembre de 2013 y posteriormente torturado por las autoridades en la sede de los Servicios de Seguridad Nacional de Guinea Ecuatorial en Malabo.
El 27 de septiembre de 2014, otras cinco personas relacionadas con Cipriano Nguema (Ticiano Obama Nkogo, Timoteo Asumu, Antonio Nconi Sima, Mercedes Obono Nconi y Emilia Abeme Nzo) fueron condenadas a entre 15 y 27 años de cárcel por un tribunal militar, en ausencia de sus abogados, por presunta amenaza a la seguridad del Estado. Otro hombre, Leoncio Abeso Meye, fue juzgado in absentia.
