Grupos armados palestinos mataron a civiles de ambos bandos en ataques constitutivos de crímenes de guerra durante el conflicto de Gaza de 2014

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Los grupos armados palestinos dieron muestra de una falta flagrante de respeto por la vida de los civiles al efectuar reiterados ataques indiscriminados con cohetes y bombas de mortero contra zonas civiles de Israel durante el conflicto de julio y agosto de 2014, señala Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

En Ilegítimos y mortíferos: los ataques con cohetes y bombas de mortero efectuados por grupos armados palestinos durante el conflicto de Gaza e Israel de 2014, la organización pone de manifiesto que varios ataques lanzados desde la Franja de Gaza constituyeron crímenes de guerra. Durante los 50 días de conflicto, tales ataques mataron en Israel a seis civiles, entre ellos un niño de cuatro años. En el incidente más mortal causado, se cree, por un ataque palestino, murieron 13 civiles palestinos, entre ellos 11 niños, al caer en el campo de refugiados de Al Shati un proyectil disparado desde la Franja de Gaza.

“Los grupos armados palestinos, entre ellos el brazo armado de Hamás, lanzaron durante el conflicto reiterados ataques ilegítimos, que mataron a seis civiles e hirieron a muchos más. Con estos ataques dieron muestra de una falta flagrante de respeto por el derecho internacional humanitario, sin que les preocuparan tampoco las consecuencias de sus infracciones para la población civil de Israel y de la Franja de Gaza», ha manifestado Phillip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Todos los cohetes utilizados por los grupos armados palestinos son proyectiles no guiados, que no pueden dirigirse con precisión contra objetivos específicos y son por naturaleza de efecto indiscriminado. El empleo de este tipo de armas está prohibido por el derecho internacional y constituye un crimen de guerra. Los proyectiles de mortero son munición poco precisa, que no debe utilizarse jamás contra objetivos militares situados dentro o cerca de zonas civiles.

“Los grupos armados palestinos deben dejar de efectuar por completo ataques directos contra civiles y ataques indiscriminados. Deben tomar también todas las precauciones posibles para proteger a la población civil de la Franja de Gaza de los efectos de tales ataques. Con tal fin tienen que adoptar todas las medias posibles para que no haya combatientes ni armamento dentro de zonas densamente pobladas ni en sus inmediaciones», ha añadido Philip Luther.

Al menos 1.585 civiles palestinos, entre ellos más de 530 niños y niñas, resultaron muertos en Gaza, y al menos 16.245 viviendas fueron destruidas o quedaron inhabitables durante el conflicto como consecuencia de los ataques israelíes, algunos de los cuales también constituyeron crímenes de guerra.

“Los devastadores efectos de los ataques israelíes efectuados contra civiles palestinos durante el conflicto son innegables, pero las infracciones que cometa una de las partes en un conflicto no justifican jamás las de la otra», ha explicado Philip Luther.

“El hecho de que los grupos armados palestinos parezcan haber perpetrado crímenes de guerra al disparar cohetes y proyectiles de mortero de efecto indiscriminado no exonera a las fuerzas israelíes de las obligaciones que deben cumplir en virtud del derecho internacional humanitario. La destrucción y las cifras de muertos y heridos que provocó la guerra entre el 1,8 millones de habitantes de la Franja de Gaza no tienen precedentes, y algunos de los ataques israelíes deben investigarse en tanto que crímenes de guerra.

“Las autoridades israelíes y palestinas deben cooperar con las indagaciones de la comisión de investigación de la ONU y la Corte Penal Internacional para poner fin a decenios de impunidad, en los que se ha perpetuado una espiral de violaciones del derecho internacional que se ha cobrado en las poblaciones civiles de ambos bandos un alto precio.”

Según datos de la ONU, durante el conflicto se dispararon más de 4.800 cohetes y 1.700 bombas de mortero hacia Israel desde Gaza. Se calcula que de los miles de proyectiles disparados, alrededor de 224 cayeron en zonas residenciales israelíes y que el sistema israelí de defensa antimisiles Cúpula de Hierro interceptó muchos otros.

La muerte del niño de cuatro años Daniel Tregerman el 22 de agosto de 2014 ilustra claramente las trágicas consecuencias de uso de armas poco precisas, como morteros, contra zonas civiles, Su familia había regresado a casa, en el kibutz de Nahal Oz, que había dejado a causa de los combates, justo un día antes de que lo mataran. Momentos después de que sonaran las sirenas de alarma, un proyectil de mortero lanzado desde Gaza cayó sobre el automóvil de la familia, que estaba estacionado frente a la casa. La hermana menor de Daniel, que se encontraba también allí, lo vio morir con sus propios ojos.

“Mi esposo y mi hijo estaban en la sala de estar, y yo les gritaba para que fueran al refugio. A Daniel le penetró la metralla [de la bomba] en la cabeza y lo mató en el acto», explicó su madre, Gila Tregerman, a Amnnistía Internacional.

El brazo militar de Hamás, las Brigadas de Al-Qassam, se responsabilizaron del ataque.

En el documento se pone también de relieve la falta de medidas de las autoridades israelíes para proteger debidamente a la población civil de la comunidades vulnerables durante el conflicto, en particular a los pueblos beduinos de la región del Néguev/Naqab de Israel, muchos de los cuales no están reconocidos oficialmente por el gobierno israelí. El 19 de julio, un cohete que cayó en el pueblo beduino de Qasr al Sir, cerca de la ciudad israelí de Dimona, mató a Ouda Jumi’an al-Waj.

Las autoridades israelíes han clasificado a la mayoría de los pueblos beduinos como «zonas abiertas» no residenciales, por lo que el sistema Cúpula de Hierro no intercepta los cohetes allí, y no hay tampoco refugios antiaéreos. En los pueblos beduinos del sur de Israel viven más de 100.000 personas.

“Se dejó a los civiles de los pueblos beduinos en una situación vulnerable y de riesgo, prueba de la discriminación que sufren a diario. Las autoridades israelíes deben garantizar que todas las personas reciben la mima protección», ha señalado Philip Luther.

Entre los civiles muertos por los ataques lanzados en Gaza figura también un trabajador agrícola de Tailandia, Narakorn Kittiyangkul, a quien mató un bomba de mortero caída en el campo de tomates del sur de Israel donde trabajaba. El 26 de agosto, un ataque con morteros mató a Ze’ev Etzion y Shahar Melamed en el kibutz de Nirim.

En el incidente más mortal causado, se cree, por un grupo armado palestino durante el conflicto, 13 civiles palestinos, entre ellos 11 niños, murieron al explotar un proyectil junto a un supermercado en el populoso campo de refugiados de Al Shati, en Gaza, el 28 de julio de 2014, primer día de la festividad de Eid al Fitr. Los niños estaban jugando en la calle y comprando patatas fritas y refrescos en el establecimiento cuando se produjo el ataque.

Aunque los palestinos afirman que fue el ejército israelí el que lanzó el ataque, un experto en municiones independiente, que examinó los indicios existentes en nombre de Amnistía Internacional determinó que el proyectil utilizado era un cohete palestino.

“Los indicios de que un cohete lanzado por un grupo armado palestino pudo causar 13 muertes civiles dentro de Gaza no hacen más que poner de relieve hasta qué punto puede ser el efecto de estas armas indiscriminado, así como las terribles consecuencias de utilizarlas», ha manifestado Philip Luther.

En el ataque resultaron heridos de gravedad Mahmoud Abu Shaqfa y su hijo Khaled, de cinco años. Su hijo Muhammad, de ocho, murió.

“El cohete cayó cerca del automóvil […] Quedó todo acribillado por la metralla.. Me cayó metralla […] y vino mi hijo [Khaled]. Gritaba: Papá, levanta, levanta`’. Yo tenía toda la pierna desgarrada, y el brazo torcido a la espalda.”

No hay refugios antiaéreos ni sistemas de alarma para proteger a los civiles en Gaza.

En el informe se describen también otras violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por los grupos armados palestinos durante el conflicto, como el almacenamiento de cohetes y otras municiones en edificios civiles, incluidas escuelas de la ONU, y casos en los que los grupos palestinos armados lanzaron ataques o almacenaron munición muy cerca de lugares donde habían buscado refugio centenares de civiles desplazados.

“La comunidad internacional debe ayudar a prevenir que se cometen nuevas violaciones graves del derecho internacional humanitario, abordando la arraigada impunidad y poniendo fin a las transferencias a los grupos armados palestinos y a Israel de todo tipo de armas y material militar que puedan ser utilizados para cometer tales violaciones», ha añadido Philip Luther.

Amnistía Internacional pide a todos los Estados que apoyen a la comisión de investigación de la ONU y la competencia de la Corte Penal Internacional sobre los delitos cometidos por todas las partes en el conflicto.

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