Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional
Casi medio millón de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, más de un millón necesita alimentos desesperadamente, miles han sufrido abusos, han sido violadas o ejecutadas y cientos de niños y niñas son reclutados por la fuerza para el combate.
El mundo no ha dudado en calificar de “catástrofe humana inminente”, “caos total” y “más sufrimiento del que se pueda imaginar” lo que está ocurriendo en este país de 4,6 millones de habitantes.
Pero lo que se echa en falta es una acción internacional eficaz para proteger a la población civil e impedir una catástrofe de derechos humanos cuyas consecuencias van mucho más allá de la República Centroafricana.
Por ahora sólo hay sobre el terreno 2.500 soldados de la Misión Internacional de Apoyo a la República Centroafricana con Liderazgo Africano intentando mantener la paz. La realidad del país es muy cruda. Una misión católica situada en la ciudad noroccidental de Bossangoa acoge a 40.000 personas. Apenas unos pocos soldados mal equipados las protegen de un ataque inminente.
Cerca de allí, en Bouca, más de 2.000 personas que han huido de la violencia se encuentran en una situación similar.
Las cifras son escalofriantes, aterradoras, pero sólo reflejan una parte de la historia.
Detrás de cada número hay un nombre, un rostro, una vida. Madres, hermanas, hijos o hijas de personas de carne y hueso se aferran a la vida mientras el mundo trata de decidir qué hacer.
En un intento de controlar la situación, el Consejo de Seguridad de la ONU debate actualmente el asunto.
Esta semana, está previsto que el Consejo de Seguridad otorgue a tropas francesas y de la Unión Africana desplegadas sobre el terreno un mandato inicial para poner freno a las fuerzas de seguridad y a los grupos armados responsables de la espiral de violaciones y abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, posiblemente sea necesario poner en marcha una operación de mantenimiento de la paz de la ONU en toda regla para superar la crisis actual.
A largo plazo, el despliegue de una fuerza robusta de mantenimiento de la paz de la ONU es la única opción para garantizar la protección de la población civil y para dar a la República Centroafricana la oportunidad de pasar página a este capítulo aciago de su historia.
Si no se emprende una acción concertada, se condenará al país a convertirse en un Estado fallido, lo cual tendrá consecuencias inimaginables para la población del país y para la región. Esperar no hará más que aumentar el sufrimiento y disminuir las perspectivas de éxito de una misión de mantenimiento de la paz.
Además de una misión de paz, debe adoptarse un embargo de armas.
La población de la República Centroafricana lleva un año sufriendo, en gran medida lejos de la atención pública, desde que en diciembre de 2012 una coalición de grupos armados denominado Seleka lanzó una ofensiva contra el entonces presidente François Bozizé.
El país tiene un historial trágico de abusos y violaciones de derechos humanos, como homicidios ilegítimos, violencia sexual y reclutamiento de niños y niñas soldados, cometidos por sucesivos gobiernos y grupos armados. En la mayoría de los casos, nunca han llegado a investigarse.
Desde que Seleka se hizo con el poder en marzo de 2013, la violencia ejercida por sus combatientes y por grupos armados de la oposición se ha disparado sin control en un país en el que prácticamente reina el desgobierno.
Las previsiones indican que los enfrentamientos entre la minoría musulmana, actualmente en el poder, y la mayoría cristiana continuarán aumentando.
La proliferación de armas pequeñas no hace sino empeorar las cosas. Hasta 20.000 ex combatientes de Seleka, así como de otros grupos armados, tienen acceso fácil a armamento. Incluso en Bangui, la capital, son cada vez más frecuentes los ataques perpetrados a la luz del día por grupos armados, tales como homicidios cometidos por ex combatientes de Seleka y miembros actuales de las fuerzas de seguridad.
Esta situación no causa sorpresa. Amnistía Internacional lleva años documentando la volátil situación de los derechos humanos en el país. De hecho, el pasado mes de octubre avisamos de la crisis que se avecinaba en un informe que describía la magnitud sin precedentes de las violaciones de derechos humanos cometidas en la República Centroafricana desde que Seleka asumió el poder.
A principios de noviembre publicamos imágenes de satélite que mostraban, a todo color, cientos de casas calcinadas, cuya destrucción ocasionó un desplazamiento masivo.
No se ha hecho rendir cuentas a nadie por lo que ocurrió ni por lo que está ocurriendo ahora. La impunidad es reina y señora del país.
En la República Centroafricana asistimos actualmente a una situación desastrosa que se está sumiendo en el caos más absoluto. Incluso mientras leen este artículo, se está matando a personas, se está violando a mujeres y se está reclutando por la fuerza a niños y niñas para el combate.
La decisión que los líderes mundiales tendrán que tomar no es fácil, pero es la única posible. Hará falta valor y determinación para no dar la espalda a esta tragedia que se está desarrollando ante nuestros ojos.
Hombres, mujeres, niños y niñas de la República Centroafricana miran al abismo y perciben el riesgo de masacre en masa de civiles que se cierne sobre ellos.
El mundo debe actuar ya. Las personas no pueden sobrevivir a más retrasos.
