Comunicados de prensa
17 junio 2014
El aparente linchamiento en un suburbio de París de un adolescente romaní que quedó en coma es sólo uno de los varios presuntos crímenes de odio contra minorías que exigen investigaciones exhaustivas y no sólo la condena de las autoridades francesas, ha advertido Amnistía Internacional.
Sin embargo, las autoridades dedican sus recursos a realizar desalojos forzosos con los que reprimen a los romaníes y a otras comunidades minoritarias, así como a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
“Al no mover un dedo ante los presuntos crímenes de odio, las autoridades francesas están propiciando un clima de temor que engendrará más ataques despiadados de este tipo. Todos los responsables deben ser sometidos a investigaciones exhaustivas y a enjuiciamientos que tengan en cuenta cualquier motivo discriminatorio que se oculte tras las agresiones”, ha afirmado Jezerca Tigani, directora adjunta del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“En este contexto, los desalojos forzosos de comunidades minoritarias y migrantes que se están produciendo en toda Francia son incendiarios y una violación más de los derechos humanos de las comunidades afectadas. Los romaníes y otras minorías tienen derecho a ser protegidos de la discriminación y a no ser víctimas de las autoridades.”
Despiadados ataques contra minorías
Según los medios de comunicación, a finales de la semana pasada una decena de personas secuestró e hirió de gravedad hasta dejar en estado de coma a un joven romaní de 16 años que vivía en un edificio ocupado de Pierrefitte-sur-Seine (en las afueras de París), por considerarlo sospechoso de un robo. Los informes indican que la policía encontró al muchacho inconsciente y brutalmente golpeado en un carrito junto a un supermercado el viernes 13 de junio.
La noche anterior, 12 de junio, en la ciudad portuaria septentrional de Calais un hombre de 26 años supuestamente disparó contra sendos migrantes de Sudán y Eritrea. El sudanés fue hospitalizado debido a sus heridas, mientras que el presunto agresor fue detenido el 15 de junio.
Amnistía Internacional no ha podido verificar si las víctimas de estos dos incidentes fueron agredidas sobre todo o en parte por pertenecer a una minoría, pero la organización ha investigado actos de violencia y amenazas contra comunidades minoritarias en Francia y ha concluido que, aunque el Código Penal francés considera que el motivo discriminatorio es una “circunstancia agravante” y prevé penas mayores para los crímenes de odio, las investigaciones han carecido de procedimientos específicos dirigidos a abordar este tipo de violencia.
“En virtud del derecho internacional, las autoridades francesas tienen la obligación de no sólo perseguir a los presuntos perpetradores de un supuesto crimen de odio, sino también de garantizar que la investigación y el enjuiciamiento descubren y exigen cuentas por el carácter discriminatorio del crimen”, afirmó Jezerca Tigani.
Desalojos forzosos
Aparte de sufrir la amenaza continua de la violencia discriminatoria, los romaníes y los migrantes siguen siendo objeto de desalojos forzosos a manos de las autoridades francesas, algo que viola las garantías internacionales y nacionales.
En los próximos días podrían ser desalojadas una comunidad romaní de 200 personas de Bobigny, cerca de París, y otra de 400 personas de La Parette (Marsella). No se ha consultado exhaustivamente con ninguna de ellas ni se les ha ofrecido un alojamiento alternativo.
Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo también viven bajo la amenaza de estos desalojos forzosos. El 28 de mayo de 2014, las autoridades francesas realizaron el desalojo forzoso de alrededor de 700 migrantes y solicitantes de asilo de varios campamentos improvisados de Calais como respuesta a un brote de sarna.
“Sea ante una alarma sanitaria o ante presuntos crímenes de odio, parece que las autoridades francesas, en lugar de resolver el problema de que se trata, recurren a los desalojos forzosos como plan de contingencia. Esta es una respuesta peligrosa e ilegítima que sólo exacerbará los problemas subyacentes y dejará a cientos de personas sin hogar en el proceso”, concluyó Jezerca Tigani.
