De Rawya Rageh and Matt Wells, Senior Crisis Response Advisers
Gener Rondina nunca tuvo una oportunidad. Cuando la policía filipina llegó a su casa de madrugada, intentó sacar un aparato de aire acondicionado de la pared y huir por la abertura. La policía lo esperaba al otro lado y le iluminó la cara con una linterna.
Aterrorizado, volvió a entrar, empezó a suplicar por su vida y se entregó para ser detenido. Su familia dijo que había intentado dejar el consumo y la venta a pequeña escala de drogas. “Me entregaré, me entregaré, señor”, dijo un testigo que gritó Rondina. La policía le ordenó que se arrodillara y que pusiera las manos sobre la cabeza. Rondina pidió a su familia que saliera de la habitación. Instantes después, sonaron disparos.
Rondina es una de las más de 7.000 personas que han muerto en la “guerra contra las drogas” de Filipinas en los últimos siete meses. Desde que el presidente Rodrigo Duterte llegó al poder, prometiendo mejorar las condiciones de vida de los pobres y limpiar las calles de delincuencia, ha incitado a la ciudadanía con su retórica homicida a tomarse la justicia por su mano y matar a cualquier presunto consumidor o vendedor de drogas.
La policía filipina declaró, como ha hecho en la inmensa mayoría de los casos que ha documentado Amnistía Internacional, que Rondina se resistió a la detención. Los testigos con los que hablamos contaron otra historia, la de un hombre desarmado y aterrorizado que sabía que estaba a punto de morir. Un testigo dijo que, después de matarlo, la policía lo sacó a rastras “como a un cerdo” y dejó el cadáver junto a una alcantarilla antes de cargarlo a un camión.
Cada día llegan a los depósitos de cadáveres de Filipinas familias en busca de los cadáveres abandonados de sus seres queridos. Las víctimas proceden, en su inmensa mayoría, de los sectores más pobres de la sociedad. No son poderosos narcotraficantes ni jefes de sindicatos de la droga, sino personas cuyos nombres incluyeron los cabecillas políticos locales en una “lista negra” por presuntamente consumir o vender drogas, sin importar la cantidad o desde cuándo.
Los homicidios se han convertido en algo tan habitual que en los depósitos de cadáveres y las funerarias hay casi una atmósfera informal de negocios. La policía y otros funcionarios tramitan la documentación con aire indiferente, impasibles ante la implacable pérdida de vidas humanas. El único valor que les dan es el de mercancías en una economía del asesinato. Se niega la dignidad a las víctimas incluso en la muerte; un funcionario que habló con nosotros contó que algunos policías han llegado a acuerdos con las funerarias locales y se llevan un porcentaje por cada cadáver que les envían.
Como nos reveló un policía antinarcóticos del área metropolitana de Manila, los jefes pagan a la policía “por acierto”. Estos pagos bajo cuerda pueden ser de hasta 300 dólares estadounidenses por cada presunto delincuente relacionado con las drogas que matan. Como consecuencia, no hay incentivos para detener a personas como Rondina y someterlas a un proceso justo. Cuando hay un tiroteo durante una operación antidroga, contó el policía, siempre se mata a un presunto delincuente relacionado con las drogas.
Sabiendo que no rendirán cuentas por las muertes, la policía se aprovecha de las víctimas de otras formas. Durante las operaciones, nos contaron varias personas, suelen colocar “pruebas” incluso cuando se llevan pertenencias de la víctima. El padre de Rondina, que fue policía durante 24 años hasta que se retiró, dijo que la policía se llevó un ordenador portátil, un reloj, un teléfono móvil y dinero en efectivo después de matar a su hijo (el lunes, el jefe de policía Ronald dela Rosa reconoció que existe corrupción dentro de la fuerza y dijo que “limpiarán” sus filas).
En algunas ocasiones, la policía prefiere actuar en secreto. Cambiando sus uniformes por disfraces, patrullan las calles por parejas en motocicleta. “Viajando en tándem”, nombre que recibe localmente este fenómeno, se acercan a su objetivo, lo matan y se alejan a toda velocidad. De este modo, no tienen que responder a ninguna pregunta y no hay ningún documento o informe que falsificar.
En otras ocasiones, la policía contrata a asesinos a sueldo para que hagan el trabajo sucio. Dos de estos asesinos con los que hablamos dijeron que están a las órdenes de un policía en activo. En su banda hay varios ex policías. “Por un consumidor”, nos dijo una asesina a sueldo, “son 5.000 pesos (100 dólares estadounidenses).” Por un “traficante”, añadió, puede ser el doble o el triple.
Tras la muerte del empresario surcoreano Jee Ick-joo por la policía en las dependencias de la jefatura de la policía nacional, Duterte declaró que iba a disolver la unidad antidroga de la policía. Pero ha prometido seguir adelante con su violenta campaña hasta que termine su mandato en 2022. El problema no son sólo un puñado de policías, sino la policía en su conjunto, que seguirá cobrándose vidas.
El martes por la noche, al día siguiente de que la policía declarase que había abandonado sus operaciones antidroga, apareció el cadáver de Aldrin de Guzman, de 24 años, cerca de su domicilio. Los asesinos lo habían dejado en la calle, en una escena que se ha vuelto inquietantemente familiar para la ciudadanía filipina. Cada mañana, la gente camina por la calle, junto a los cadáveres, sintiendo el miedo que los asesinos han dejado para ellos.
Es un miedo ya extendido en todos los barrios empobrecidos del archipiélago, cuyos residentes temen ser, ellos mismos o un ser querido, los próximos. La misma policía que debería debe protegerlos les está dando caza, siguiendo las instrucciones del presidente, que debería ser su mayor defensor. “Si eres pobre”, como nos dijo el familiar de una víctima, “te matan”.
