Al comentar la liberación, hoy, como parte de un indulto presidencial de 746 presos, del periodista Eskinder Nega, adoptado como preso de conciencia por Amnistía Internacional, Sarah Jackson, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos, ha manifestado:
“Nos alegra muchísimo que Eskinder Nega esté finalmente libre tras casi siete años encarcelado por cargos falsos de terrorismo. Confiamos en que la liberación de este valiente periodista, junto con la de otros cientos de personas presas, anuncie una nueva era en el manejo de la disidencia política por parte del gobierno etíope, una era de tolerancia y respeto por los derechos humanos.”
“El gobierno etíope debe dar muestras de buena fe y poner en libertad a cientos de presos y presas de conciencia que permanecen entre rejas simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión.”
“Asimismo, las autoridades deben tomar medidas para reformar el sistema judicial que ha permitido que florezcan las detenciones arbitrarias y la tortura de disidentes. Un buen punto de partida sería revisar la amplia y draconiana ley antiterrorista que se ha utilizado para privar cruel e injustamente de su libertad a un gran número de disidentes.”
“Si el gobierno etíope quiere realmente pasar página, debe ordenar una investigación imparcial e independiente sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos a personas presas, y debe procesar sin demora, en juicios justos, a los responsables de esos hechos.”
Andualem Arage y Bekele Gerba, políticos de oposición adoptados como presos de conciencia por Amnistía Internacional, también han sido puestos en libertad hoy y ayer, respectivamente.
Información complementaria
En el momento de su detención, Eskinder era director del periódico Satanaw. Fue detenido tras haber publicado un artículo sobre la Primavera Árabe, en el que se preguntaba si podría aparecer en Etiopía un movimiento similar de activistas base en favor de la democracia. Fue acusado de apoyar a terroristas en aplicación de la draconiana Proclama Antiterrorista y condenado a 18 años de prisión.
