El gobierno etíope debe retirar y disolver de inmediato la unidad de policía de Liyu, del estado regional de Somali, cuyos miembros están matando ilegalmente a gente en la vecina región de Oromia. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Los miembros de la unidad, creada por el estado de Somali como fuerza especial antiterrorista, quemaron esta semana 48 casas pertenecientes a familias oromo que vivían en Somali, y las obligaron a huir a Kiro, en el estado regional de Oromia.
“Las autoridades etíopes deben desmovilizar inmediatamente la unidad de Liyu y sustituirla por policías que cumplan el derecho internacional de los derechos humanos. No se debe permitir que estos agentes descontrolados ejerzan a su voluntad la brutalidad contra la población”, ha manifestado Joan Nyanyuki, directora de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.
El 23 y 24 de mayo, la unidad también atacó cuatro barrios del distrito de Chinaksen, en Oromia Oriental; mataron a cinco agricultores y quemaron unas 50 casas. Estos ataques obligaron a los residentes a huir de sus hogares en busca de seguridad.
“Las autoridades deben poner fin a lo que parece ser una violencia autorizada por el Estado. La primera medida es garantizar que toda la labor policial en Oromia respeta los derechos humanos. La siguiente es hacer que los responsables de estos ataques rindan cuentas mediante una investigación exhaustiva, imparcial e independiente.”
En 2017, las incursiones de la unidad en Oromia provocaron la muerte de cientos de personas y el desplazamiento de más de un millón, según un informe de la Comisión Nacional de Gestión de Desastres y Riesgos de Etiopía y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
Amnistía Internacional pide a las autoridades etíopes que apliquen las recomendaciones del referéndum de 2004, que votó a favor de una clara demarcación de la frontera entre Oromia y Somali, para abordar las causas fundamentales de las tensiones en la región.
