Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
El viernes pasado, en su discurso de investidura, el recién elegido presidente de Nigeria, Mohammadu Buhari, prometió «una reforma completa de las reglas de intervención para evitar las violaciones de derechos humanos». Pese a la satisfacción que supone que se reconozca de forma tan pública este problema, al que el anterior gobierno restó importancia en repetidas ocasiones, nunca se hará suficiente hincapié en la gravedad de las violaciones de derechos humanos cometidas en Nigeria. De hecho, mientras el nuevo presidente formulaba este compromiso, lo observaban desde el público altos cargos militares a los que varias organizaciones —entre ellas Amnistía Internacional— han pedido que se investigue por su papel en las muertes en masa de más de 8.000 personas por disparos, inanición, asfixia o torturas.
No es ningún secreto que, a medida que se intensificaba la sangrienta rebelión que Boko Haram ha llevado a cabo desde 2009, también ha aumentado la brutalidad de la respuesta del ejército nigeriano. Amnistía Internacional ha documentado y señalado los abusos contra los derechos humanos cometidos por ambos bandos desde el comienzo del conflicto, pero el informe que publicamos hoy, «Estrellas en los hombros, sangre en las manos», llega más lejos todavía. No sólo revela indicios indiscutibles de la horripilante escala y depravación de los crímenes de guerra cometidos por el ejército, sino que también demuestra que sus comandantes autorizaron estos abusos o hicieron caso omiso de ellos.
Este informe es el fruto de una labor de investigación y análisis de varios años y se basa en cientos de filtraciones de informes militares, así como en correspondencia y entrevistas con más de 400 víctimas, testigos presenciales y altos cargos de las fuerzas de seguridad nigerianas. Según ha averiguado Amnistía Internacional, más de 7.000 jóvenes y niños han muerto bajo custodia militar desde marzo de 2011 y más de 1.200 personas fueron cercadas y muertas de manera ilegítima a manos del ejército desde febrero de 2012. Además, la información a la que ha tenido acceso Amnistía Internacional apunta a que la inmensa mayoría de las personas detenidas, recluidas o víctimas de homicidio no eran integrantes de Boko Haram.
Desde 2009, más de 20.000 hombres jóvenes y niños (algunos de tan sólo nueve años) han sido detenidos y recluidos en las condiciones más degradantes, brutales e inhumanas, sin investigación ni juicio, y a menudo sin que existieran más indicios contra ellos que el testimonio de informadores no identificados. Al llegar a un centro de detención, uno de los detenidos contó que un soldado lo recibió con las siguientes palabras:
«Bienvenidos a la casa de la muerte. Bienvenidos al lugar donde moriréis.»
Miles de personas perdieron la vida en los centros de detención.
Algunas murieron por inanición, deshidratación o enfermedades prevenibles; otras se asfixiaron en celdas mal ventiladas o fueron torturadas hasta la muerte: colgadas de postes encima de hogueras, arrojadas a pozos profundos, electrocutadas o abatidas a tiros. Para tratar de combatir la propagación de enfermedades y disimular el hedor, algunas celdas se fumigaban periódicamente con potentes productos químicos, lo cual probablemente causase numerosas muertes.
Un ex recluso contó como lo detuvieron el 2 de mayo de 2013 en Gwange, un barrio residencial de Maiduguri, capital del estado de Borno, en el nordeste de Nigeria, junto con otros 121 hombres. Los trasladaron al tristemente célebre cuartel de Giwa, donde lo encadenaron a otro hombre y lo encerraron en una celda de unos ocho metros cuadrados junto con otras 400 personas más. «Empezaron a morir al cabo de tres días –recordó–; no había forma de lavarse ni de ducharse. Ni de dormir.» Sólo sobrevivieron 11 de los hombres detenidos con él.
Otro ex recluso, que también fue detenido en Gwange, pasó 15 meses en el cuartel de Giwa. «Nos negaron el agua en todo momento durante dos días, murieron 300 personas –dijo–; a veces bebíamos orina de la gente, pero había veces que ni siquiera se podía conseguir orina. Morían cada día, y cada vez que alguien moría, nos alegrábamos por el espacio extra.»
A lo largo de 2013, se trasladaron más de 4.700 cadáveres desde el cuartel de Giwa a una morgue de Maiduguri. Los investigadores de Amnistía Internacional vieron cadáveres demacrados en las morgues. Un alto mando militar dijo a Amnistía Internacional que los centros de detención no reciben dinero suficiente para comida, y que a los detenidos del cuartel de Giwa se los dejaba «morir de hambre deliberadamente».
Se han filtrado documentos militares internos que demuestran categóricamente que los altos mandos eran informados periódicamente del elevado número de muertes entre los detenidos a través de informes diarios, cartas e informes de evaluación enviados por los comandantes de campo a las jefaturas de Defensa y del Ejército. Por lo tanto, los mandos militares de Nigeria conocían, o deberían haber conocido, la naturaleza y la magnitud de los delitos que se estaban cometiendo.
«Durante años, las autoridades nigerianas han restado importancia a las acusaciones de abusos contra los derechos humanos cometidos por el ejército. En octubre de 2014, en un taller sobre cooperación entre la población civil y el ejército, el entonces presidente Goodluck Jonathan afirmó que el gobierno se toma muy en serio los informes sobre violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, pero que «por lo general, las conclusiones demuestran que dichos informes son esencialmente exagerados».
Sin embargo, el gobierno de Nigeria no puede rechazar sus propios documentos militares internos. No puede hacer caso omiso de las declaraciones de testigos y militares de alto rango que denuncian la situación. Y no puede negar la existencia de cadáveres demacrados y mutilados apilados en camillas de la morgue y arrojados a fosas comunes.
Basándose en las pruebas que ha reunido, Amnistía Internacional ha decidido adoptar una medida poco habitual: nombrar a nueve altos mandos del ejército nigeriano que, en opinión de la organización, deberían ser investigados por su responsabilidad individual o de cadena de mando en estos delitos. El nuevo gobierno de Nigeria debe emprender inmediatamente una investigación imparcial e independiente de las personas nombradas en este informe, pero también de todas aquellas personas responsables de los crímenes de guerra que se detallan en él, sea cual sea su rango o posición.
Ante la brutalidad y violencia ilegítimas de Boko Haram, resulta más imprescindible que nunca que el gobierno respete los derechos humanos y el estado de derecho. Los compromisos formulados por el presidente Buhari en su investidura darán esperanzas a quienes luchan por acabar con la impunidad en Nigeria y a las personas desesperadas por saber qué ha sido de sus seres queridos. Sin embargo, a los hombres no se los juzga por sus palabras, sino por sus actos. Nigeria tiene la capacidad de investigar debidamente estos delitos, y las declaraciones del presidente Buhari dan a entender que tiene la voluntad de hacerlo. No hay tiempo que perder.
