Comunicados de prensa
17 enero 2014
Las autoridades de Texas deben detener la ejecución del ciudadano mexicano Edgar Arias Tamayo, fijada para el 22 de enero, que violaría la orden de un tribunal internacional, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
“Texas ha insistido de forma vergonzosa en programar esta ejecución, aun sabiendo perfectamente que violará el derecho internacional”, ha dicho Rob Freer, investigador sobre Estados Unidos de Amnistía Internacional.
Edgar Arias Tamayo fue condenado a muerte por el asesinato de un agente de la policía de Houston en enero de 1994. La ejecución sigue adelante a pesar de que en 2004 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó una orden sobre el caso.
En septiembre de 2013, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, escribió al gobernador de Texas, Richard Perry, para instarle a que no se fijara la fecha de ejecución de Edgar Tamayo. En la carta, el gobernador reiteraba que la orden de la CIJ “es vinculante para Estados Unidos con arreglo al derecho internacional”.
“Las autoridades federales, y en general las de todo el país, no deben ser indulgentes con Texas. Una ejecución en Texas es una ejecución en Estados Unidos. Aunque a las autoridades texanas no les preocupe, a las del resto del país sí debe preocuparles”, ha dicho Rob Freer.
La orden de la CIJ se basa en que a Edgar Tamayo, al igual que a otros ciudadanos mexicanos, no se le informó de su derecho a recibir asistencia consular sin demora después de su detención, y por esta causa no pudo acceder a una ayuda que hubiera podido aportar pruebas esenciales para el caso.
El abogado que asistió a Edgar Tamayo en el juicio no presentó una serie de argumentos atenuantes, como las privaciones y abusos que su cliente había sufrido durante la infancia, sus problemas de desarrollo, la grave lesión que había sufrido en la cabeza a los 17 años y el impacto de esa lesión en su comportamiento.
En 2008, un psicólogo determinó que el rendimiento intelectual de Edgar Tamayo se situaba en el rango de “discapacidad intelectual leve”, lo que convertía su ejecución en inconstitucional según la legislación estadounidense.
“La denegación de los derechos consulares puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte en Estados Unidos, donde la representación letrada de las personas a las que se les imputan delitos punibles con la muerte y que no pueden pagarse un abogado ha sido con frecuencia inadecuada”, ha dicho Rob Freer.
“Si el jurado que juzgó a Edgar Tamayo hubiera sabido de la existencia de las pruebas que han salido a la luz después del juicio con ayuda de las autoridades mexicanas, es muy posible que uno o más de sus miembros lo hubiera condenado a cadena perpetua y no a muerte.”
En 2004, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Estados Unidos que sometiera a revisión judicial y reconsideración los casos de más de 50 ciudadanos mexicanos –entre ellos Tamayo– condenados a muerte tras la denegación de sus derechos consulares. Sin embargo, hasta la fecha ningún tribunal ha revisado la alegación de Tamayo, que afirma haber sido víctima de prejuicio por esta violación del derecho internacional.
El ex gobernador y fiscal general de Texas Mark White ha pedido esta semana al actual gobernador y fiscal general que mantenga la promesa realizada en 2008 de apoyar la revisión judicial. White, que es partidario de la pena de muerte, subrayó que se trataba de una cuestión “de justicia y de que los tribunales conozcan todos los hechos clave”. Tal revisión, afirmó, “podría suponer un verdadero cambio” en el caso de Tamayo.
La ejecución desoiría también la petición efectuada en noviembre de 2013 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que las autoridades de Texas no ejecuten a Edgar Tamayo hasta que la Comisión haya examinado sus alegaciones de discapacidad intelectual.
Los miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo, incluido México y Estados Unidos, han pedido a Texas que detenga la ejecución.
“No es ninguna novedad que Texas viole el derecho internacional en su aplicación de la pena de muerte. Esperemos que, por una vez, las autoridades texanas escuchen la voz de la razón y cumplan sus promesas y sus obligaciones”, ha dicho Rob Freer.
