AMNISTÍA INTERNACIONAL
COMUNICADO DE PRENSA
6 de enero de 2014
No debe permitirse que intereses empresariales estadounidenses invaliden la disposición sobre minerales de zonas de conflicto, que obliga a las empresas a investigar y revelar si sus productos contienen determinados minerales que sirven para financiar a grupos armados en países de África ricos en minerales, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
La Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia verá el martes una impugnación presentada contra la disposición por tres grupos industriales. Amnistía Internacional se ha sumado a las actuaciones judiciales en apoyo de la disposición.
“Esta impugnación de la disposición sobre minerales de zonas de conflicto no es más que un burdo intento de los grupos industriales de poner los beneficios por encima de los principios”, ha señalado Steven Hawkins, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos.
“El Congreso solicitó la disposición con el fin de salvar vidas y detener los abusos contra los derechos humanos poniendo freno al flujo de fondos destinados a los grupos armados que actúan con impunidad en las zonas donde se extraen estos minerales en la República Democrática del Congo y otros países de África central.”
El Congreso estadounidense solicitó la disposición sobre minerales de zonas de conflicto en 2010, en el marco de una serie de medidas destinadas a reformar las prácticas empresariales tras la crisis económica de 2008.
Se utilizan minerales de zonas de conflicto en diversos productos de consumo popular, como teléfonos móviles, ordenadores, bombillas y latas.
Además del largo conflicto armado del este de la República Democrática del Congo, donde se encuentran muchos de los minerales utilizados en la fabricación de tales productos, recientemente han estallado nuevos conflictos armados en dos países vecinos, la República Centroafricana y Sudán del Sur, también ricos en minerales.
La vinculación entre los grupos armados y el comercio de minerales está bien documentada, incluso en informes autorizados de expertos de la ONU.
En 2010, el Congreso estadounidense aprobó la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección del Consumidor con el fin de intentar mejorar la transparencia y ayudar a los consumidores y los inversores a tomar decisiones más informadas. Iba dirigida específicamente al comercio y la explotación de minerales de la República Democrática del Congo y los países circundantes, porque se reconocía que el uso empresarial de tales minerales fomenta la demanda, lo que sirve a su vez para financiar a los grupos armados participantes en el conflicto.
Cuando se estaba elaborando la Ley, la Cámara de Comercio estadounidense y otros grupos empresariales intentaron en vano suavizar la disposición sobre minerales de zonas de conflicto.
En un intento desesperado de anular la disposición, los grupos industriales aseguran equivocadamente que va en contra de la Primera Enmienda y de la Constitución de Estados Unidos. Sostienen que exigir a las empresas que revelen si utilizan minerales de zonas de conflicto viola la disposición relativa a la libertad de expresión.
“Esta impugnación de la disposición sobre minerales de zonas de conflicto con arreglo a la Primer Enmienda es particularmente nefasta y del todo equivocada. Las empresas no pueden escudarse en la Primera Enmienda para no tener que proporcionar información objetiva en el marco de los requisitos sobre revelación de valores”, ha afirmado Hawkins.
La obligación de revelar información es habitual en otras situaciones, como la legislación sobre etiquetado de productos, incluido el tabaco, los informes sobre vertidos que afecten al medio ambiente y los datos sobre accidentes.
Información complementaria
En el marco de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección del Consumidor, aprobada en 2010, el Congreso de Estados Unidos pidió que determinadas empresas reguladas por la Comisión de Bolsa y Valores revelaran si sus productos contienen “minerales de conflicto” (estaño, tantalio, tungsteno y oro) de la República Democrática del Congo y los países vecinos, como la República Centroafricana y Sudán del Sur. El Congreso aprobó la disposición sobre revelación de información, contenida en el artículo 1502 de la Ley, como instrumento de promoción de la paz y la seguridad en la región, porque el comercio de estos minerales es una importante fuente de financiación para los grupos armados activos en el este de la República Democrática del Congo y otras partes de la región.
Tres grupos empresariales ha impugnando la disposición, que la Comisión de Bolsa y Valores aprobó en agosto para aplicar el artículo 1502. Afirman que puede empeorar la situación humanitaria, que impone importantes costes sin aportar ningún beneficio, que es irrazonable no haber establecido una excepción al uso de minimis de los minerales, que la disposición no debe aplicarse a las empresas que externalizan la fabricación y que obliga a hablar en contravención de la Primera Enmienda.
En julio de 2013, la corte federal de primera instancia confirmó la disposición totalmente, en contra de la impugnación de los grupos industriales.
