De Esteban Beltrán, Director of Amnesty International Spain.
Félix Llorente, al comienzo de la guerra civil, vivía y trabajaba como ferroviario en la localidad castellana de Medina del Campo. Su sobrina nieta, Anaïs, es cineasta y vive en México.
Un 28 de julio de 1936 Félix fue detenido por las autoridades y llevado a la prisión de Medina del Campo, «por sus antecedentes y actividades». El 15 de agosto fue sacado de la cárcel, supuestamente para ser trasladado a otro prisión, y desapareció.
Hoy, 27 de enero del año 2016, su sobrina nieta, junto a Amnistía Internacional, ha interpuesto en México una denuncia para que se investigue la desaparición forzada de Félix, un delito continuo que se prolonga con crueldad en el tiempo, en este caso casi ochenta años.
¿Qué lleva a una mujer a interponer una querella por alguien a quien no conoció y a 10.000 kilómetros de distancia de donde ocurrieron los hechos? La mismas razones que han hecho que decenas de víctimas de graves violaciones de derechos humanos en España hayan tenido que golpear las puertas de la justicia argentina; el daño a la familia por generaciones, el desconocimiento sobre lo ocurrido y la imposibilidad de hacerlo en España.
Los tres poderes del Estado se niegan a ofrecer verdad, justicia y reparación a víctimas de desaparición forzada y otros delitos -al menos 114.000- y han cerrado, con grosería legal, la puerta a cualquier acción judicial que intente avanzar hacia el cumplimiento de leyes internacionales y las recomendaciones de Naciones Unidas.
La denuncia, además, tiene los detalles necesarios para que la investigación pueda avanzar si existe voluntad de hacerlo; se conoce el lugar donde Félix, probablemente, comparte fosa común con otras doscientas personas, una bodega de vinos abandonada en Medina del Campo; contiene los nombres de los que, presuntamente, pudieron estar implicados en su desaparición, y el reconocimiento, oficial y orgulloso, por parte del Estado de los hechos: Félix es «una persona de mala conducta y antecedentes, figurando afiliado al Partido Comunista, Socorro Rojo Internacional y Sindicato Nacional Ferroviario… y que (sic) fue detenido por la Autoridad ingresando a prisión el 28 de julio y trasladado más tarde a otra cárcel, ignorándose desde entonces cual puede ser su situación y paradero».
Algunos lectores pueden pensar que es suficiente ya, que el paso del tiempo es inexorable y que no se debe remover el pasado, y olvidar… ¿Pediríamos lo mismo a los familiares de las víctimas del holocausto judío, a las víctimas de actos terroristas? ¿Es posible olvidar sin conocer lo ocurrido? ¿Es factible pasar página sin el respeto y el apoyo del Estado en la obtención de verdad, justicia y reparación?
Anaïs tiene el derecho internacional de su parte, pero ha tenido que buscar su amparo a diez mil kilómetros de distancia. Es irónico constatar que muchos familiares de víctimas de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, persecución política, religiosa y racial, encarcelamientos arbitrarios, trabajos forzados y robo de bebés, tienen que buscar la verdad judicial en países como Argentina y México, donde se refugiaron al final de la guerra civil, y no en España donde ocurrieron los hechos que cambiaron sus vidas para siempre.
Anaïs es una mujer joven y tiene determinación, se le ve en los ojos, y va a continuar la búsqueda de su tío abuelo hasta conocer lo ocurrido. Esperamos de México que cumpla con su obligación, acepte investigar la desaparición de Félix y haga el trabajo limpio que las autoridades españolas se niegan a hacer.
Muchos países lo han hecho ya y son mejores sociedades desde entonces. En España, sobre lo nuestro, llevamos casi medio siglo de retraso instalados en el silencio.
