Mientras la Asamblea General de la ONU inicia hoy su nuevo periodo de sesiones en Nueva York, Amnistía Internacional hace entrega de 187.563 firmas a la Casa Blanca en un llamamiento global para que cese el suministro de armas que alimentan los abusos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados. Miles de personas de Estados Unidos y 166 otros países piden al presidente Obama y al secretario de Estado John Kerry que dejen de armar a Israel y comiencen a respaldar un embargo de armas de la ONU a Israel, Hamás y otros grupos armados palestinos.
Aunque hoy subsiste el alto el fuego en Israel y Gaza, las heridas abiertas por 50 días de conflicto continúan sin resolverse. En la Franja de Gaza, al menos 2.131 palestinos perdieron la vida, de los que al menos 1.473 eran civiles. Más de 18.000 viviendas fueron destruidas o resultaron dañadas, y unas 108.000 personas quedaron sin hogar. Al igual que en otros conflictos durante los últimos siete años, es sumamente probable que se cometieran crímenes de guerra que exigen una investigación. Israel atacó hospitales, clínicas y escuelas: el hospital Al Aqsa, en Deir Al Balah, y el hospital Najjar, en la ciudad de Rafá, entre otros, resultaron gravemente dañados en ataques directos o por bombardeos de tanques y disparos de misiles. Y hoy 450.000 personas no tienen acceso al suministro municipal de agua debido en parte a los daños causados durante el conflicto. Los habitantes de Gaza llevan siete años soportando un bloqueo impuesto por Israel que les obliga a llevar una vida de subsistencia. Aproximadamente el 80 por ciento de la población depende de la ayuda humanitaria.
De las 71 personas que perdieron la vida en el lado israelí, 6 eran civiles. Los grupos armados palestinos dispararon de forma indiscriminada miles de cohetes y proyectiles de mortero contra Israel desde la Franja de Gaza, lo que constituye en sí mismo un crimen de guerra. Según algunos informes, dispararon indiscriminadamente cohetes desde las proximidades de hospitales o instalaciones de salud, o usaron estos edificios civiles con fines militares.
Mientras tanto, en la Cisjordania ocupada, el Gobierno israelí sigue tomando tierras palestinas en lo que equivale a crímenes de guerra, apropiándose sin cesar de más y más tierras para establecer asentamientos ilegales exclusivamente judíos. Miles de civiles palestinos han perdido sus viviendas y tierras de labranza como consecuencia de una campaña de constante expansión de los asentamientos israelíes que sustituye las comunidades palestinas por viviendas sólo para judíos, con frecuencia a punta de fusil.
Los brutales resultados de las prácticas israelíes hablan por sí solos. Como ya he escrito, según la ONU, las fuerzas israelíes mataron en 2013 a más palestinos de Cisjordania que en 2011 y 2012 juntos. Desde enero de 2011, más de 8.000 palestinos en Cisjordania, de ellos 1.500 menores de edad, han sufrido heridas de gravedad causadas por munición de combate disparada por las fuerzas israelíes o han resultado heridos por otros medios.
Al seguir proporcionando 3.000 millones de dólares al año a Israel en concepto de ayuda militar, el presidente Obama y el secretario de Estado John Kerry están ayudando a perpetuar esta crisis de derechos humanos. Aunque los medios de comunicación estadounidenses hablan de un “proceso de paz” respaldado por Estados Unidos, la realidad es que Estados Unidos ha suministrado sistemáticamente armas, municiones y combustible que Israel ha utilizado para facilitar graves violaciones de derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados. Por ejemplo, se han suministrado partes de misiles teledirigidos, lanzadores de cohetes, partes de artillería y armas pequeñas, así como miles de toneladas de combustible para aviones de combate y vehículos militares. Pero esto no es todo, sino que la política exterior estadounidense también protege simultáneamente a Hamás y a los grupos armados palestinos de la rendición de cuentas.
La oposición de Estados Unidos a que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte medidas significativas implica que la Casa Blanca protege a todas las partes de la rendición de cuentas por sus violaciones de derechos humanos. Estados Unidos no sólo debe respaldar un embargo de armas de la ONU, sino que también debe apoyar la remisión de la situación en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados a la Corte Penal Internacional.
Pero el Gobierno de Obama no ha hecho ni lo uno ni lo otro. En consecuencia, Estados Unidos protege a Israel, Hamás y otros grupos armados palestinos de la rendición de cuentas global. Con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, la Corte Penal Internacional podría investigar, emitir órdenes de arresto, e incluso enjuiciar a las personas sospechosas de cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Pero para que el Consejo de Seguridad respalde una medida de esta índole, es preciso que Estados Unidos no vete la resolución.
Por eso, casi 200.000 personas de 167 países han sumado su nombre al llamamiento global de Amnistía Internacional. Mientras diplomáticos de todo el mundo se reúnen en Nueva York, personas preocupadas por los derechos humanos básicos exigen que se actúe. El alto el fuego actual no debe entenderse como una excusa para que todo siga igual en la política exterior de Estados Unidos.
