Una fotografía en la que se ve el rostro completamente vendado de un destacado periodista iraní y ex preso de conciencia a quien negaron asistencia médica adecuada durante cuatro días mientras estaba en prisión se ha hecho viral en las redes sociales en lengua persa y ha desencadenado una gran ola de solidaridad e indignación entre los iraníes.
Hace poco más de una semana, Alireza Rejaee tuvo que someterse a una operación quirúrgica en la que se le extirpó el ojo derecho y partes del pómulo y la mandíbula superior para impedir que se propague el cáncer nasal que padece.
Su familia dijo que, a pesar de que se había quejado reiteradamente de presión y dolores durante los años que estuvo recluido en la prisión de Evín, en Teherán, las autoridades penitenciarias no le permitieron acceder a tratamiento médico especializado fuera de la cárcel dirigido a intentar detener el avance de la enfermedad. Quedó en libertad en 2015 tras haber cumplido íntegra su condena.
La inquietante imagen, en la que se lo ve tendido en una cama de hospital, con vendas cubriéndole la mitad del rostro y aspecto frágil, concentra toda la crueldad del sistema de justicia penal iraní y pone el foco una vez más sobre el trato despiadado que reciben los presos políticos en las cárceles del país.
Por desgracia, el caso de Alireza Rejaee es demasiado habitual en Irán, donde las autoridades juegan con la salud y la vida de los presos haciendo caso omiso de sus necesidades médicas. Las personas detenidas por su activismo pacífico sufren especialmente este trato.
En abril de 2016 hubo un caso parecido, el de Omid Kokabee, físico de 33 años condenado a 10 años de prisión, a quien tuvieron que extirparle el riñón derecho porque estaba gravemente dañado por el cáncer.
Había estado casi cinco años quejándose de problemas renales, pero las autoridades le habían negado repetidamente la oportunidad de recibir tratamiento fuera de la cárcel y habían denegado sus solicitudes de libertad por razones médicas.
Según reveló Amnistía Internacional en un informe publicado en julio de 2016, además de retrasar deliberadamente o denegar asistencia médica urgente o especializada a los presos políticos, las autoridades penitenciarias iraníes quitan importancia o niegan la gravedad de sus problemas médicos, tratan sus graves dolencias con simples analgésicos y los privan de medicación esencial.
Las cárceles de Irán son tristemente célebres por sus rigurosas condiciones. Las personas presas soportan habitualmente condiciones de hacinamiento, falta de higiene y mala ventilación. Eso, sumado a la falta de asistencia médica adecuada, suele agravar los problemas médicos preexistentes de los presos o favorecer que surjan otros, causando daños irreparables a su salud.
En fechas más recientes se han recibido informes alarmantes de la prisión de Rajai Shahr (en Karaj, cerca de Teherán), donde las autoridades están privando de acceso a asistencia médica adecuada a más de una docena de presos que están en huelga de hambre desde el 30 de julio para protestar por las condiciones inhumanas de su reclusión. Afirman que están recluidos en una zona de la prisión donde las ventanas están tapadas con planchas metálicas y no hay sistema de ventilación, y que tienen que dormir en el suelo; mientras, las autoridades siguen privándolos de alimentación adecuada, agua potable y contacto telefónico con familiares.
La salud de varios se ha deteriorado, y algunos han sufrido mareos o desmayos en días recientes.
Según familiares de los presos en huelga de hambre, el director de la prisión ha dado instrucciones a los médicos del centro de no seguir atendiendo y vigilando médicamente a los participantes en la huelga.
A varios de los presos en huelga de hambre los sometieron al régimen de aislamiento durante varios días como medida de represalia por su protesta pacífica, y desde entonces 11 han sido acusados de varios delitos —entre ellos el de “insultar al líder supremo”— y podrían tener que cumplir penas adicionales de prisión.
En varios casos, la privación de asistencia médica ha sido deliberadamente utilizada como medida de castigo por las autoridades para infligir grave dolor y sufrimiento al preso o para obtener “confesiones” forzadas. Esto constituye tortura según el derecho internacional, y los responsables deben someterse a un proceso penal.
La presa política Zeynab Jalalian, kurda iraní de 35 años que cumple cadena perpetua en la prisión de Khoy (provincia de Azerbaiyán Occidental), necesita ser operada desde 2014 por una grave afección ocular que los médicos han advertido de que está afectando a su vista. Sin embargo, las autoridades se han negado persistentemente a hacer caso de la recomendación médica y trasladarla a un hospital para que pueda ser operada. En los dos últimos años, además, se le han negado pruebas diagnósticas y tratamiento adecuado para sus problemas cardiacos, complicaciones intestinales y renales, y candidiasis bucal, que ha afectado a su capacidad de beber y tragar.
Otro preso gravemente enfermo al que están torturando mediante la privación de asistencia médica adecuada es Arash Sadeghi, de 30 años; está cumpliendo una pena de 19 años de prisión que le fue impuesta por su trabajo, absolutamente pacífico, relacionado con los derechos humanos. Los médicos han aconsejado su hospitalización por un tiempo prolongado para que pueda recibir el tratamiento especializado que requieren sus problemas digestivos y respiratorios, cada vez más graves, derivados de su larga huelga de hambre y empeorados por la constante falta de asistencia médica adecuada.
Casos tan descorazonadores de crueldad a puerta cerrada en las celdas de las cárceles de Irán apenas llaman la atención mundial. De hecho, las autoridades iraníes han hecho denodados esfuerzos para contrarrestar públicamente los informes negativos sobre las condiciones penitenciarias en el país.
En mayo de 2016, difundieron un vídeo de propaganda con la intención de desacreditar los informes sobre la privación de acceso a asistencia médica ejercida contra Zeynab Jalalian, a quien se veía en el vídeo diciendo que los informes según los cuales estaba enferma y había perdido vista no eran ciertos y que sus problemas de salud no habían sido graves. Posteriormente, su hermana contó a Amnistía Internacional que esas declaraciones las había hecho coaccionada.
En julio de 2017, en otro gesto publicitario más que evidente, las autoridades iraníes concertaron una visita de representantes diplomáticos de más de 40 países a una de las prisiones con peor fama de todo el país, la de Evín, en Teherán.
Las potencias mundiales, entre ellas la Unión Europea, que han dado pasos para reforzar sus vínculos con Irán desde la firma del tratado nuclear en 2016, pueden tener un papel decisivo para conseguir que termine ya este trato despiadado. Deben pedir públicamente a las autoridades iraníes que garanticen el acceso a asistencia médica adecuada a todas las personas presas.
Asimismo deben exigirles que permitan el acceso de observadores internacionales, incluida la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán, para que puedan llevar a cabo inspecciones en todas las cárceles del país.
En vista de que nada indica que las autoridades iraníes tengan intención alguna de cambiar de actitud, depende del resto de nosotros que no caiga en el olvido el sufrimiento diario de las personas que están a merced del cruel sistema penitenciario iraní.
Este artículo fue publicado originalmente por Middle East Eye
