El abogado egipcio Abdel Nasser Ahmed Mohamed Alsayed continúa luchando para vivir con los recuerdos del día en que lo expulsaron de su casa en la zona antigua de El Cairo.
Fue en marzo de 2009. La policía antidisturbios llegó, lo golpeó y arrojó sus pertenencias por la ventana. Después unos camiones llevaron sus muebles, sus libros y todo aquello por lo que había trabajado con esfuerzo a la “Ciudad 6 de Octubre” y los descargaron en la calle.
Las autoridades egipcias dieron a Abdel Nasser un pequeño piso, a 45 kilómetros de la zona antigua de El Cairo, pero nunca le hicieron un contrato, por lo que ahora puede ser desalojado de nuevo.
Pero hoy, casi cinco años después, mientras comparece ante un Comité de las Naciones Unidos en Ginebra, Abdel Nasser siente que alguien escucha por fin su versión de la historia.
“El gobierno nos veía como si no tuviéramos opiniones ni derechos, y nos trataba como a súbditos a los que se puede reprimir, como si no fuéramos seres humanos que tienen derechos y opiniones”, dijo a Amnistía Internacional.
Rascacielos frente a hogares
La experiencia de Abdel Nasser es una tragedia que se repite con frecuencia en El Cairo desde 2008, cuando el gobierno dio a conocer un plan de desarrollo urbanístico conocido como “Cairo 2050” –rebautizado como “Cairo 2052” tras el levantamiento de 2011– con el objetivo de modernizar la ciudad.
Muchos creen que el plan pasa por alto el verdadero problema al que hacen frente millones de personas en cuanto a vivienda en El Cairo y que sólo es una manera de justificar la destrucción de asentamientos precarios para dejar espacio a desarrollos urbanísticos lucrativos.
Amnistía Internacional ha afirmado que el plan podría dar lugar a desalojos forzosos masivos.
“Las autoridades egipcias no están abordando la pobreza. El plan desarraigará a miles de las personas más pobres de Egipto de su puestos de trabajo y sus redes sociales y las deposita en nuevas ciudades, sin oportunidades de empleo ni servicios”, ha afirmado Nicholas Piachaud, adjunto de investigación y acción sobre el Norte de África de Amnistía Internacional, que asiste al periodo de sesiones de la ONU en Ginebra.
Doce millones de egipcios viven actualmente en asentamientos informales, en muchos casos impulsados por una crisis de viviendas asequibles.
Para estas personas, cada día es una lucha por la dignidad. Algunas comunidades viven debajo de promontorios inestables o de líneas eléctricas de alto voltaje. Hay gente que vive incluso en cementerios.
Marwa Fouad es una de esas personas. Cuando Amnistía Internacional la conoció en 2010, vivía entre los restos quemados de su vivienda en el asentamiento informal de Al Duwaqa.
Cuando su vivienda se incendió tras un accidente, tuvo que arrojar a sus dos bebés gemelos desde el balcón para salvarlos, rezando para que sus vecinos pudieran agarrarlos al llegar abajo. Los bebés sobrevivieron.
Cuando la Autoridad de Barrios hizo caso omiso de sus peticiones de un refugio temporal y una vivienda alternativa, no tuvo otra elección que volver a vivir entre las ruinas de su vivienda.
Bajo escruntinio
Casi cinco años después de ser obligado a abandonar su vivienda, Abdel Nasser tendrá por fin la oportunidad de ser escuchado.
Hoy, representantes del gobierno egipcio están en ginebra, donde comparecen ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas para responder a preguntas sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Egipto ha comunicado al Comité que su programa nacional de vivienda producirá miles de nuevas viviendas. Sin embargo, continúan sin respuesta las preguntas relativas a si los más pobres de Egipto podrán costearlas y si la oferta satisfará realmente la demanda.
“Lo cierto es que no existen soluciones fáciles para la crisis de vivienda en Egipto. Pero podrían tomarse medidas inmediatas. Por ejemplo, las autoridades egipcias podrían aprobar una ley que prohíba los desalojos forzosos y garantizar que todo plan que afecte a las comunidades se presenta a esas comunidades para su consulta y participación”, ha afirmado Nicholas Piachaud.
El hecho de que activistas de los derechos humanos tengan la oportunidad de hablar ante la ONU es una buena señal. Pero se teme que las autoridades egipcias también puedan restringir pronto estas oportunidades.
Incluso mientras cuenta a la ONU sus logros en materia de derechos humanos, el gobierno está preparando nuevas leyes para imponer restricciones a los manifestantes y a las organizaciones de derechos humanos, incluidas las que trabajan en los asentamientos precarios. Una de estas disposiciones legales es un proyecto de ley antiterrorista que, a juicio de los activistas de derechos humanos, pondría fin a su capacidad para criticar al gobierno.
Un activista dijo a Amnistía Internacional: “Podrían detenerme sólo por hablar aquí”.
