La decisión de la Corte Suprema de El Salvador de, una vez más, posponer un fallo sobre si permitir que una mujer embarazada con graves problemas de salud pueda tener un aborto muestra su completa falta de humanidad, dijo Amnistía Internacional.
Beatriz, una mujer de 22 años, cuyo caso está generando atención en todo el mundo, está embarazada de cinco meses y ha sido diagnosticada con un número de enfermedades graves, incluyendo lupus y problemas de riñón.
No se espera que el feto que lleva sobreviva ya que no tiene gran parte del cerebro y cráneo.
Beatriz está actualmente en el hospital, pero le han negado tratamiento vital porque requeriría que se interrumpa su embarazo. El aborto es ilegal en todos los casos en El Salvador, aun cuando la vida de la mujer está en peligro.
La Corte Suprema tenía la oportunidad de resolver este tema con un fallo definitivo – la demora pone la vida de Beatriz en más riesgo del que ya estaba.
“Ayer, los jueces que tienen el poder de inmediatamente salvar la vida de una joven madre que quiere vivir desesperadamente eligieron no hacerlo. Estamos indignados por su abdicación de su rol de proteger y defender la vida y salud de Beatriz. No hay justicia en esta demora y definitivamente no hay humanidad,” dijo Esther Major, investigadora sobre America Central de Amnistía Internacional.
«Darse hasta tres semanas para decidir si Beatriz vive o muere, o potencialmente termina con graves problemas de salud, es extremadamente cruel.»
«Instamos a los jueces a que inmediatamente defiendan los derechos de Beatriz y traten este caso con la urgencia que merece.»
Las Naciones Unidas, la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos, cuatro expertos especiales de las Naciones Unidas, incluyendo al experto sobre tortura y violencia contra las mujeres, han demandado que el estado le provea a Beatriz el tratamiento que quiere y necesita para sobrevivir.
“El gobierno de El Salvador debe actuar ahora para salvar a Beatriz y cumplir con su rol de garantizar los derechos humanos en el país. El mundo está mirando e instamos a las autoridades a que intervengan ahora para garantizar su derecho a la vida,” dijo Esther Major.
Ya han pasado más de dos meses desde que el hospital que está tratando a Beatriz pidiera permiso al gobierno para proveerle el tratamiento que necesita, pero las autoridades todavía no han tomado acción.
El Código Penal del país establece que cualquiera que pida o lleve a cabo un aborto puede ser condenado a largas penas de prisión. Esto significa que tanto los médicos como Beatriz podrían estar en riesgo de ser llevados a prisión si llevan a cabo la interrupción del embarazo.
Beatriz ya tiene un hijo de un año que necesita a su madre. Ella estaba enferma antes de su primer embarazo, pero sus dolencias se pudieron mantener bajo control. Decenas de miles de personas de todo el mundo han solicitado a las autoridades en El Salvador que le provean a Beatriz el tratamiento médico que tanto necesita.
Más de 70,000 activistas de Amnistía Internacional han firmado peticiones y muchos más están actualmente tomando acción.
