Comunicados de prensa
25 noviembre 2013
La nueva ley aprobada en Egipto que establece considerables restricciones sobre las manifestaciones en el país es un duro revés que conlleva una grave amenaza para la libertad de reunión y otorga a las fuerzas de seguridad amplia libertad para usar fuerza excesiva contra los manifestantes, incluidos medios letales; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.
Esta ley, firmada ayer por el presidente de Egipto, Adli Mansur, otorga al Ministerio del Interior amplios poderes discrecionales sobre las manifestaciones y define con amplitud las circunstancias en que es posible considerar que los manifestantes infringen la ley.
“El hecho de que la primera ley que regula derechos y libertades aprobada tras la destitución de Mohamed Morsi imponga restricciones a la libertad de reunión y trate a los manifestantes pacíficos como delincuentes es una señal muy preocupante. No sólo autoriza a la policía a disolver manifestaciones pacíficas, sino que le otorga potestad para disparar contra manifestantes que no representan una amenaza para la vida o la integridad de los demás”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Conceder plenos poderes discrecionales a las fuerzas de seguridad para prohibir protestas o disolverlas usando fuerza excesiva, incluidos medios letales, es un duro revés para los derechos humanos en Egipto y allana el terreno para que se cometan otros abusos.”
En la práctica, los términos generales y poco definidos de la ley permiten a las autoridades no sólo recurrir a la fuerza para disolver las protestas de los simpatizantes de la Hermandad Musulmana sino, sobre todo, prohibir todas las protestas de la oposición.
Lo más preocupante es que ofrece a las fuerzas de seguridad un marco jurídico para usar fuerza excesiva contra todo manifestante que presuntamente haya cometido un “delito punible por ley”. En concreto, la ley dispone que la policía puede recurrir al uso de escopetas y balas de goma, incluso para dispersar a manifestantes pacíficos. Amnistía Internacional ha documentado casos de muertes de manifestantes causadas por el uso de perdigones, el más reciente el 6 de octubre.
Además, la ley permite a las fuerzas de seguridad responder al uso de armas de fuego por parte de manifestantes con “medios proporcionados al grado de amenaza para la vida, el dinero y la propiedad”. Incluir el dinero y la propiedad en esta disposición contraviene las leyes y normas internacionales, que sólo permiten usar armas de fuego a las fuerzas de seguridad cuando es el único medio de defensa posible frente a una amenaza inminente de muerte o lesión grave.
Amnistía Internacional teme que las fuerzas de seguridad hagan uso de la autoridad que les confiere la nueva ley para disolver manifestaciones pacíficas por no cumplir los requisitos legales, establecidos en términos tan poco precisos como “interrumpir el tráfico” o “celebrar manifestaciones en lugares de culto”. Además, con arreglo a la nueva ley, todo acto violento cometido por un grupo reducido de manifestantes, o incluso por un solo manifestante, puede servir de justificación legal para disolver la manifestación en su totalidad.
“En lugar de aprovechar la oportunidad para romper una dinámica en que las fuerzas de seguridad matan a manifestantes una y otra vez sin consecuencias, la nueva ley viene a reforzar los abusos”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.
Esta ley otorga poderes al Ministerio del Interior para prohibir manifestaciones aduciendo motivos como “amenazas para la seguridad y la paz”, “seguridad u orden públicos” e “influir en el curso de la justicia”, así como provocar demoras en el tráfico o el transporte. Los manifestantes que infringen la ley se enfrentan a una pena de hasta cinco años de cárcel o al pago de fuertes multas de 100.000 libras (14.513 dólares estadounidenses). Tales restricciones y castigos, que van mucho más allá de lo permisible en virtud del derecho internacional, coartan gravemente el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Egipto.
La ley impone además prohibiciones generalizadas de celebrar manifestaciones y concentraciones públicas de “carácter político” en lugares de culto. A partir de la “Revolución del 25 de Enero”, numerosas marchas de protesta se iniciaban tras las oraciones en la mezquita, práctica que han mantenido los seguidores de Mohamed Morsi desde su destitución en julio de 2013.
El ministro del Interior y los gobernadores pueden asimismo aplicar la nueva ley para prohibir protestas en determinados espacios públicos, como las inmediaciones de los palacios presidenciales, las sedes parlamentarias, ministeriales y judiciales, las embajadas y misiones diplomáticas, los hospitales, las prisiones, las comisarías y puestos de control policiales, las zonas militares y los lugares de patrimonio protegido.
Para organizar una protesta es obligatorio entregar al Ministerio la planificación completa de toda concentración de más 10 personas con tres días de antelación como mínimo. Si eso se suma a las atribuciones del Ministerio para suspender una manifestación o cambiar su recorrido, en la práctica significa que sólo pueden celebrarse manifestaciones con la autorización previa del Ministerio.
“Desde la ‘Revolución del 25 de Enero’, activistas y grupos de derechos humanos luchan sin descanso para defender un espacio de protesta que ha costado mucho ganar. Mientras sigue alardeando de los sacrificios realizados por los manifestantes en aquel periodo, este gobierno está proporcionando una coartada legal para prohibir abiertamente las protestas y otorgar plena libertad a las fuerzas de seguridad, que tienen un historial pésimo en cuanto al uso de fuerza excesiva y medios letales para dispersar manifestantes a su antojo”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.
“En lugar de investigar el gran número de homicidios de manifestantes cometidos desde la ‘Revolución del 25 de Enero’ y castigar a los responsables, da la impresión de que el gobierno actual está premiando a las fuerzas de seguridad por sus excesos y les está ofreciendo más medios legales para pisotear derechos.”
Información complementaria
El 24 de octubre de 2013, Amnistía Internacional envió un memorando al presidente Adli Mansur y le pidió que no firmara la promulgación de la restrictiva Ley 107 de 2013 que regula el derecho a celebrar concentraciones, protestas pacíficas y marchas públicas. Aunque se aprobaron algunas enmiendas al proyecto de ley, la ley aprobada sigue inclumpliendo las obligaciones de respetar el derecho de reunión y respetar el derecho a la vida, contraídas por Egipto en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los intentos de aprobar legislación igualmente restrictiva por parte del gobierno de Morsi anteriormente en el año se frustraron tras el estallido de indignación de las ONG de derechos humanos, los partidos políticos y otras partes interesadas.
Desde el 3 de julio han muerto más de 1.300 personas en manifestaciones y violencia política en Egipto, muchas como consecuencia del uso de fuerza excesiva y el uso injustificado de medios letales. No se han abierto investigaciones adecuadas sobre las conductas indebidas de las fuerzas de seguridad. En cambio, miles de manifestantes afines a Morsi han sido detenidos –muchos en el curso de las actuaciones para disolver sentadas y protestas– en medio de expresiones de preocupación por la falta de respeto del derecho al debido proceso.
