Comunicados de prensa
7 febrero 2014
Las autoridades egipcias deben poner de inmediato en libertad incondicional a tres mujeres detenidas el pasado noviembre en una protesta en la Universidad de Mansura, ha dicho Amnistía Internacional.
La organización ha dicho que las autoridades deben retirar todos los cargos contra las mujeres, que serán juzgadas el sábado 8 de febrero y, si son declaradas culpables, pueden ser condenadas a cadena perpetua.
“La detención de las tres mujeres en la Universidad de Mansura es un ejemplo más de la creciente represión contra los manifestantes y la libertad de expresión en Egipto. Las mujeres detenidas se enfrentan a cargos falsos e ilegales por el simple hecho de ejercer sus derechos. En los últimos meses, las autoridades han mostrado un descarado desprecio por el derecho de reunión pacífica, y han tratado de reprimir cualquier forma de disidencia con una nueva y restrictiva ley de manifestaciones”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.
“Amnistía Internacional considera a estas mujeres presas de conciencia, detenidas sólo por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y reunión. Las mujeres han negado cualquier participación en actos de violencia y esto ha sido corroborado por los servicios de seguridad de la universidad. Resulta incomprensible que ahora puedan ser condenadas a cadena perpetua.”
Abrar Al-Anany y Menatalla Moustafa, ambas de 18 años y estudiantes de la Universidad de Mansura, y Yousra Elkhateeb, de 21 años y recién licenciada, fueron detenidas el 12 de noviembre de 2013 tras los enfrentamientos que se produjeron en el campus universitario entre simpatizantes y detractores de la Hermandad Musulmana. Desde entonces están en la prisión pública de Mansura, donde sólo les permiten recibir una visita semanal de cinco minutos de sus familiares.
Los enfrentamientos, que estallaron durante una manifestación de los alumnos partidarios de la Hermandad Musulmana, duraron más de cinco horas y en ellos resultaron heridas al menos 70 personas. El servicio de seguridad de la universidad intentó controlar la situación sin éxito, después de lo cual el rector pidió la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, que entraron en el campus con vehículos blindados y dispersaron a los estudiantes con gas lacrimógeno. Al menos 23 estudiantes fueron detenidos, entre ellos las tres mujeres.
“Los estudiantes que han participado en actos de violencia deben ser tratados con arreglo a la ley y respetando las obligaciones de Egipto en materia de derechos humanos. Los alumnos menores de 18 años deben ser tratados con arreglo a las normas de justicia de menores”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.
El Ministerio del Interior no autorizó que las dos alumnas tuvieran libros para estudiar en la cárcel, y no les permitió presentarse a los exámenes semestrales.
Las mujeres han sido acusadas de pertenencia a una organización prohibida que emplea métodos “terroristas”, un cargo que las autoridades suelen usar contra los presuntos simpatizantes de la Hermandad Musulmana. También se las acusa de protestar sin permiso en aplicación de la nueva y restrictiva ley de manifestaciones de Egipto, y de matonismo, agresión a las fuerzas de seguridad y destrucción de bienes públicos.
Los testigos y los abogados de las mujeres afirman que éstas no participaron en los enfrentamientos, sino en las protestas pacíficas anteriores, y que cuando estalló la violencia se refugiaron en una sala de la Facultad de Farmacia de la universidad.
Amnistía Internacional ha tenido acceso a la carta remitida por el departamento de seguridad de la Universidad de Mansura a la fiscalía, en la que se afirma que las mujeres no participaron en los actos de violencia y se pide su puesta en libertad.
“Las autoridades parecen decididas a castigar a todo el que exprese su disconformidad sin tener en cuenta los hechos”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.
“Las autoridades de Egipto deben dejar de tratar como delincuentes a los manifestantes pacíficos. Es preciso que acabe la implacable represión de las manifestaciones, la libertad de expresión y la información independiente.”
Información complementaria
Desde el comienzo del año académico, en septiembre de 2013, el grupo de activistas antigubernamentales Estudiantes contra el Golpe ha llevado a cabo varios actos de protesta en los campus universitarios, convertidos con frecuencia en lugar de enfrentamientos, que en ocasiones han llegado incluso a las residencias de estudiantes.
Los enfrentamientos del 12 de noviembre de 2013 en la Universidad de Mansura duraron más de cinco horas y dejaron al menos 70 heridos. Las fuerzas de seguridad dispararon gas lacrimógeno desde el exterior de la universidad para dispersar a los estudiantes que se encontraban dentro y, cuando el rector les pidió que intervinieran para poner fin a la violencia, entraron en el campus universitario.
En todo Egipto las universidades se han visto afectadas por protestas y enfrentamientos, incluidas las dos mayores universidades del área metropolitana de El Cairo, la Universidad de El Cairo y la de Ain Shams. El foco principal de las protestas sigue estando en la Universidad de Al Azhar, donde al menos cinco estudiantes han muerto en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y más de 200 han sido detenidos. Las fuerzas de seguridad han hecho uso excesivo de la fuerza para disolver las protestas, incluidos medios letales, y en algunos casos han disparado contra los campus universitarios o han entrado en ellos.
Cientos de estudiantes han sido detenidos por las fuerzas de seguridad durante las protestas y los enfrentamientos en todo Egipto. Son más de 500 los estudiantes detenidos en diversas protestas desde el 3 de julio de 2013. Los tribunales han dictado sentencias condenatorias en tres causas contra estudiantes de la Universidad de Al Azhar, a los que ha condenado a penas de entre un año y medio y 17 años de prisión.
El 24 de noviembre de 2013, el presidente provisional Adly Mansour firmó la entrada en vigor de una nueva ley de manifestaciones que restringe el derecho a reunirse públicamente e incumple las normas internacionales. La nueva ley otorga al Ministerio del Interior amplios poderes discrecionales en materia de manifestaciones, incluido el uso de armas de fuego contra manifestantes pacíficos. Los manifestantes que sean declarados culpables de infringir la ley pueden ser penados con hasta cinco años de prisión y multas de 100.000 libras egipcias (14.513 dólares estadounidenses).
