Los datos recabados por Amnistía Internacional indican que la policía egipcia ejecutó extrajudicialmente a cuatro hombres que habían sido sometidos a desaparición forzada y tortura durante periodos de hasta cuatro semanas tras ser arrestados como sospechosos de pertenecer a la Hermandad Musulmana. Los indicios plantean serias dudas sobre las declaraciones del gobierno de que estos hombres murieron en dos intercambios de disparos los días 20 y 23 de junio.
Los familiares que vieron los cadáveres de las víctimas en la morgue contaron a Amnistía Internacional que tres de ellos presentaban señales de tortura, tales como hematomas y, en un caso, quemaduras, y que agentes de la Agencia de Seguridad Nacional les impidieron fotografiar los cadáveres confiscándole el teléfono móvil a uno de los familiares.
“Los indicios que apuntan a que estos cuatro hombres pueden haber sido sometidos a tortura y ejecución extrajudicial bajo custodia policial ponen de relieve la necesidad de una investigación inmediata e imparcial sobre sus muertes. En la actualidad, los servicios de seguridad egipcios sienten que pueden torturar, someter a desaparición y disparar a sospechosos, sin temor a rendir cuentas o ser controlados de manera alguna”, ha afirmado Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.
“No se debe permitir a las autoridades egipcias que encubran violaciones de derechos humanos ni que den vía libre a las fuerzas de seguridad para torturar y matar con impunidad en nombre de la seguridad nacional.”
Las muertes de estos cuatro hombres son las más recientes de una serie de decenas de homicidios de sospechosos cometidos por las fuerzas de seguridad desde julio de 2015, descritos por el Ministerio del Interior como la exitosa “eliminación de terroristas”.
El 20 de junio de 2017, el Ministerio del Interior anunció en su página oficial de Facebook que Abdelzaher Motawie, de 32 años, Sabry Sabah, de 46, y Ahmed Abu Rashid, de 41, habían muerto en “un intercambio de disparos” cuando la policía se acercó al apartamento en el que supuestamente se escondían. En la declaración se afirmaba que los tres hombres habían sido acusados de pertenecer al grupo armado autodenominado “Hasm” y de participar en ataques violentos contra instalaciones del Estado.
El 23 de junio, el Ministerio del Interior anunció que la policía había abatido a tiros a Mohamed Abdel Moneim Abu Tabeekh, de 39 años, en una carretera de la gobernación de Giza, después de que éste “se resistiera a ser detenido”, acusado de respaldar económicamente al grupo armado “Hasm”.
No obstante, la información recabada por Amnistía Internacional arroja serias dudas sobre la versión de los hechos ofrecida por las autoridades e indica que los cuatro hombres, que desaparecieron un mes antes de que se anunciaran sus muertes, se hallaban ya bajo custodia policial en el momento de morir.
En ambas declaraciones, el Ministerio del Interior acusó a la Hermandad Musulmana de patrocinar al grupo armado “Hasm”. El Ministerio del Interior no informó de ninguna baja policial en ninguno de los incidentes.
El hermano de Abdelzaher Motawie asistió al lavado del cadáver, un ritual previo al entierro, en una morgue de Alejandría. Contó a Amnistía Internacional que vio hematomas en la cabeza de su hermano y quemaduras en el pecho y los hombros. También vio tres heridas de bala en el pecho y una en la boca. Dijo que un familiar que también se encontraba allí trató de fotografiar el cuerpo, pero los agentes de la Agencia de Seguridad Nacional presentes en la morgue intervinieron y le confiscaron el teléfono móvil.
En entrevistas por separado, el cuñado y la esposa de Ahmed Abu Rashid afirmaron haber visto un gran hematoma en su mejilla derecha y otros de menor tamaño en otras partes de la cara.
Los familiares de Sabry Sabah, que vieron su cadáver en la morgue, contaron a Amnistía Internacional que le vieron hematomas en la cabeza, el pecho y cerca de una axila. Describieron haber visto tres heridas de bala; una en el pecho y dos en la espalda (una sobre cada riñón).
Según el Ministerio del Interior, Sabry Sabah había sido juzgado y condenado in absentia a cadena perpetua por pertenecer a “un grupo prohibido”; y Abdelzaher Motawie permanecía oculto, buscado por las autoridades por el mismo cargo. Según los familiares de Sabry Sabah y de Mohamed Abdel Moneim Abu Tabeekh, la policía asaltó los domicilios de los dos hombres el 20 de mayo, después de la desaparición de éstos.
Amnistía Internacional examinó copias de documentos, incluidos cartas y telegramas enviados por familiares a la Fiscalía, el Consejo de Ministros y el Ministerio del Interior, en los que pedían que se investigara el paradero de sus seres queridos varias semanas antes de que se anunciaran sus muertes, lo que apunta a que estos hombres podían hallarse ya bajo custodia del Estado cuando fueron asesinados. Según dichos documentos, Abdelzaher Motawei desapareció el 19 de mayo, Ahmed Abu Rashid el 28 de mayo, Mohamed Abu Tabeekh el 20 de mayo y Sabry Sabah el 18 de mayo.
Sus denuncias no recibieron respuesta y, en uno de los casos, las autoridades presionaron a los familiares para que las retiraran y dejaran de buscar a sus seres queridos. El hermano de Abdelzaher Motawie afirmó que, al tratar de denunciar la desaparición de su hermano en la comisaría de policía de Damanhour el 22 de mayo, un agente de la Agencia de Seguridad Nacional le golpeó, le detuvo durante todas la noche, le interrogó sobre las actividades de su hermano y después le ordenó no volver jamás a la comisaría.
No es la primera vez que las autoridades egipcias no investigan las denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Amnistía Internacional documentó la ejecución extrajudicial de seis hombres en Sinaí el 13 de enero cometida por la policía. Llevaban hasta tres meses recluidos en régimen de incomunicación cuando fueron asesinados. En otro incidente ocurrido en abril de 2017, un video filtrado comprobado por Amnistía Internacional mostraba a miembros del ejército ejecutando extrajudicialmente a siete hombres desarmados en Sinaí del Norte, entre ellos un joven de 17 años.
“La persistente falta de investigación por parte de las autoridades egipcias de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales es una peligrosa señal de que colaboran en graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. En lugar de dar alas a quienes cometen abusos, deberían garantizar que todos los responsables de tales delitos comparecen ante la justicia”, ha declarado Najia Bounaim.
Las ejecuciones extrajudiciales son homicidios ilegítimos y deliberados cometidos por funcionarios, por orden de un gobierno o con su complicidad o aquiescencia. Las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil pueden constituir crímenes de lesa humanidad.