Declaración pública
30 de enero de 2014
La reciente detención en Estados Unidos del ex general de policía Edgar Vaca representa un paso más en la lucha contra la impunidad. Amnistía Internacional espera que con el proceso judicial que se sigue por violaciones de derechos humanos contra Edgar Vaca y otros 9 altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se abra el camino hacia la justicia para cientos de otras víctimas cuyos casos aún permanecen en la impunidad.
El 28 de enero, el ex general Edgar Vaca fue detenido en Washington, Estados Unidos, a pedido de Interpol y se encuentra bajo arresto a la espera de ser deportado al Ecuador. El ex general está implicado en juicio que se sigue por los delitos de tortura, violencia sexual y desaparición forzada cometidos contra Luis Vaca Jácome, Susana Cajas Lara y Javier Jarrín Sánchez.
Luis Vaca Jácome, Susana Cajas Lara y Javier Jarrín Sánchez fueron detenidos y desaparecidos el 10 de noviembre de 1985 por efectivos militares, incomunicados en un centro secreto de detención, interrogados y torturados, incluso con el uso de descargas eléctricas y violencia sexual. Javier Jarrín y Susana Cajas fueron luego entregados a la policía y puestos en libertad. Luis Vaca permaneció en condición de desaparecido hasta su liberación en 1988.
Este es uno de los primeros casos investigados por la Comisión de la Verdad de Ecuador – establecida en 2007 por el Presidente Rafael Correa – que es llevado ante los tribunales.
La Comisión de la Verdad tuvo la tarea de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1984 y 2008. En 2010 esta Comisión publicó su informe final, que documenta 118 casos que afectan a 456 víctimas de detención arbitraria, tortura, violencia sexual, desaparición forzada y homicidio e identificó a 460 presuntos responsables, en su mayoría miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
La Comisión de la Verdad revisó casos de violaciones de derechos humanos que abarcan tres décadas. Dicha Comisión señaló que durante el gobierno de León Febres Cordero, entre 1984 y 1988, las fuerzas de seguridad pusieron en marcha una estrategia de contrainsurgencia para derrotar al grupo armado de oposición conocido como ¡Alfaro Vive, Carajo! y que las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y malos tratos fueron sistemáticas y extendidas.