Este 2020, año atípico, lleno de desafíos nos acogió en una situación totalmente imprevista. La pandemia y las medidas sanitarias encaminadas desde el Estado para frenar su propagación tuvieron un profundo impacto en la población. La rápida respuesta del Estado, fue valorada y reconocida por Amnistía Internacional. Sin embargo, como institución que vela por los derechos humanos, no podemos dejar de notar diversas dificultades en su concreción e incluso acciones que implicaron violaciones de derechos humanos.
Es así, que preocupó profundamente a Amnistía Internacional que en este contexto, no sólo hubo denuncias de malos tratos en las detenciones realizadas por la fuerza pública como medidas de cumplimiento de la cuarentena obligatoria. Castigos humillantes y degradantes, fueron también denunciados. Y también sumamente preocupante lo ocurrido a mediados de julio, sobre un operativo enmarcado, aparentemente, en hacer cumplir las medidas sanitarias en Ciudad del Este que tuvo como resultado un miembro de la Marina muerto y denuncias de tortura a gran parte de la población de un barrio, incluyendo a personas adultas mayores, mujeres, adolescentes, niños y personas trans. También con mucho dolor, debemos mencionar la muerte de dos niñas en el marco de un operativo de las Fuerzas de Tareas Conjuntas, en septiembre pasado. La investigación presentó varias fallas en el manejo forense de los cuerpos, además de desconocer el Protocolo de Minnesota al respecto.
Por otra parte, también resultó preocupante las insuficientes medidas culturalmente apropiadas, para con los Pueblos Indígenas. Los Pueblos Indígenas han acatado las medidas sanitarias, pero esto implicó ver truncas sus oportunidades de subsistencia y a la emergencia sanitaria se sumó la emergencia alimentaria, además de la crónica sequía que aún puso las cosas más difíciles para los Pueblos Indígenas. La respuesta del Estado tardó en llegar. Así como tarda en llegar una solución para la comunidad Sauce. Este año celebramos que por fin haya obtenido su personería jurídica, pero por otro lado, no se resolvió aun la acción judicial de desalojo que la Itaipú Binacional emprendió en su contra. Por otra parte, si bien celebramos que la necesaria modificación a la ley de expropiación que permitirá el camino para que la comunidad Yakye Axa llegue a sus tierras, no puede dejar de notarse que un error del Estado en el 2019, que provocó la necesidad de la modificación, también haya implicado largos meses sin avances en la construcción del camino, que felizmente fue retomado en septiembre.
No podemos dejar de señalar la preocupación que implicó la cantidad de reclamos por la imposición de cuarentenas en albergues supervisados por el Estado en condiciones inadecuadas a personas paraguayas que habían regresado a su país tras desempeñar trabajos informales en Brasil y otros países vecinos, además de información insuficiente sobre los procedimientos y resultados de la toma de pruebas y estadía en el lugar; y la insuficiencia de presencia de personal sanitario, entre otros. Sin embargo, cabe señalar que esta es una situación que fue mejorando luego de los primeros tiempos de su implementación.
Por otra parte, la situación misma del aislamiento implicó un riesgo particular para mujeres, niños y niñas que conviven con sus agresores, y si bien algunas de estas recomendaciones fueron acogidas, por el Estado, organizaciones de derechos humanos han hecho público el aumento considerable de situaciones de violencia. Y sobre este tema resulta preocupante la insuficiente acción del Estado para abordarlo. No sólo en materia de prevención de abusos sexuales en niños y niñas, sino tampoco en lo que implica una Educación Integral de la Sexualidad. Pero incluso, los casos judicializados no encontraron un eco favorable y tenemos el caso de Alexa Torres, joven que con tanto coraje se plantó ante el tribunal a relatar su denuncia de acoso sexual y sin embargo, el sindicado como responsable, un sacerdote, fue absuelto aun cuando los hechos relatados por Alexa hayan sido probados a entender del tribunal.
Así también, debemos señalar el nulo avance en la investigación penal de las denuncias de personas LGTBI que fueron agredidas en una manifestación pacífica en el 2019 en la ciudad de Hernandarias, así como tampoco hubo avances hacia la resolución de la acción de inconstitucionalidad que como organización hemos presentado en 2019, señalando a dos resoluciones de dicha ciudad que resultaban discriminatorias. Pero por supuesto, la gran alegría fue el juramento y matriculación de la abogada Kimberly Ayala, mujer trans, que valientemente ha resistido en su lucha y finalmente logró su objetivo, en el cual tuvo mucho que ver la visión garante de derechos de varias de las personas que conforman la Corte Suprema de Justicia, tanto su presidente, como miembros de las oficinas técnicas. La demora en la resolución del caso, así como los diferentes momentos que presentó el caso, nuevamente nos hace recordar que el proyecto de ley contra toda forma de discriminación sigue estancado en el Congreso Nacional.
Y este año cierra nuevamente, sin avances respecto a la ratificación del Acuerdo de Escazú, cuya implementación es de mucha importancia sobre todo para acceso a la información para asegurar la protección del medio ambiente, y la protección de derechos de las personas defensoras de derechos humanos.
Por tanto, fue un año lleno de sorpresas, de medidas extraordinarias que tuvo consecuencias en la vida de todas las personas, de ajustes, de avances en algunos puntos, de retrocesos en otros, pero sin dudas lleno también de aprendizajes que nos permiten seguir caminando hacia una sociedad más tolerante y respetuosa de derechos.
