Los derechos humanos a la manifestación, a la libertad de expresión y a la participación en asuntos públicos deben ser respetados y garantizados. La limitación arbitraria de estos derechos y su represión sólo acarreará un mayor malestar ciudadano y desconfianza hacia las autoridades que deberían velar por el bien común.
Desde Amnistía Internacional Paraguay asistimos con suma preocupación el tratamiento del proyecto de ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones, la cual claramente despierta posiciones diversas y dudas razonables de miles de personas que ven en él, el cercenamiento de derechos arduamente conquistados.
Independientemente al respaldo argumental y jurídico de una y otra posición, el Estado de ninguna forma podría tratar y aprobar un proyecto que tanta incertidumbre despierta, sin contar con la voz ciudadana expresada claramente en las protestas y reclamos desde el primer momento en el que este proyecto fue puesto en agenda pública de debate. El Estado no puede dar la espalda a una población que día a día está bajo el sol esperando hacerse escuchar.
Las protestas pacificas son vehículos de participación ciudadana y de libertad de expresión. Hoy la ciudadanía quiere manifestar algo a sus autoridades y éstas tienen el deber constitucional de escucharla y permitir que las protestas transcurran pacíficamente sin acallarlas.
La protesta no es un crimen, es un derecho humano y que no puede ser reprimido con uso desproporcionado de la fuerza tal y como estamos viendo en las calles.
Amnistía Internacional Paraguay se encuentra en contacto con autoridades responsables abogando por el derecho a la protesta y a la participación; acompañará asimismo a las víctimas que pudiesen estar reprimidas.
Abogamos por un Paraguay justo y con derechos humanos. Abogamos por la participación de todas las personas sin represión para la construcción colectiva de un país en el que cada voz sea genuinamente escuchada.
