Defender los derechos humanos es crucial para lograr el “desarrollo con inclusión social”, tema de la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). En este sentido, el trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos en el continente americano es esencial para el avance de los principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos al afianzamiento de sociedades democráticas.
A pesar de ello, las defensoras, los defensores, sus organizaciones y familiares siguen en muchos casos pagando con su propia vida, integridad y libertades, entre otros.
A pocos días de la próxima Asamblea General de la OEA, a celebrarse en Asunción, Paraguay, del 3 al 5 de junio, los líderes de las Américas deben renovar su compromiso con el respeto y la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, y tomar acciones para cumplir cabalmente con sus obligaciones ya establecidas por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
A finales de marzo, en el marco del 150º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, más de 40 organizaciones participamos en dos audiencias temáticas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos. En las mismas evidenciamos que los asesinatos, las agresiones físicas, las amenazas y los hostigamientos contra defensoras y defensores de derechos humanos siguen siendo una tendencia preocupante en la región.
En el 2013 tan sólo en Colombia hubo más de 70 defensoras y defensores asesinados, incluyendo dirigentes comunitarios, indígenas y afrodescendientes. En Honduras en lo que va del 2014 han sido asesinados dos defensores que contaban con medidas de protección de la CIDH. En México, hace unos pocos días fue asesinada otra defensora más. El 12 de mayo en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa, fue muerta a balazos Sandra Hernández. Ella luchaba por encontrar verdad y justicia en el caso de su hijo “desaparecido” y ese día iba camino a una cita en la que le darían información al respecto.
Además de los riesgos contra la vida, el sistema de justicia es usado con frecuencia para coartar el trabajo de defensoras y defensores, para tratar de silenciarlos y minar su credibilidad. Este es el caso por ejemplo de una de las defensoras que participó en estas audiencias.
Iduvina Hernández es la directora de la Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en Democracia –SEDEM- y una destacada defensora cuyo trabajo se enfoca en lograr mecanismos y reformas para que las fuerzas de seguridad no cometan violaciones a los derechos humanos en Guatemala. Por sus esfuerzos ha sido estigmatizada, hostigada y enfrenta acusaciones penales. Estas acusaciones estarían basadas en supuestos delitos cometidos cuando ella era tan sólo una niña.
Los ataques a las libertades de asociación, expresión y reunión son otra preocupación constante a nivel regional. El uso excesivo de la fuerza es usado con frecuencia para reprimir protestas sociales, por ejemplo en el contexto de proyectos a gran escala y cuestiones sociales. En los últimos meses y durante el año 2013, se han dado varias protestas sociales en Brasil y en Venezuela, a las que las fuerzas de seguridad han respondido con uso excesivo de la fuerza, malos tratos, detenciones y violencia.
Otra tendencia es la estigmatización y ataques a la reputación de defensoras y defensores. Además se han usado normas restrictivas para limitar su derecho de asociación. Este es el caso de la Fundación Pachamama en Ecuador, cerrada arbitrariamente en diciembre del 2013 tras una decisión en la que no hubo oportunidad de rebatir las acusaciones o defenderse, y para la que se usó un decreto ejecutivo con normas amplias y ambiguas. En República Dominicana, a raíz de la publicación de una controvertida decisión de la Corte Constitucional que priva, en la práctica, de la nacionalidad dominicana a las personas de ascendencia extranjera y las convierte en apátridas, en el último trimestre de 2013 se produjo un aumento de retórica hostil, amenazas y actos de intimidación contra personas de ascendencia haitiana y quienes defienden sus derechos humanos.
La situación de las mujeres que defienden los derechos humanos también es preocupante. Como quedó evidenciado en la audiencia dedicada a este tema ante la CIDH, las defensoras además de enfrentar riesgos y agresiones por su activismo, son objeto de violencias, discriminaciones y obstáculos por el hecho de ser mujeres. En muchos casos, las agresiones en su contra hacen alusión a su identidad, tienen un carácter sexual, ponen en duda su moral sexual o se centran en la estigmatización de género. Las defensoras además, en respuesta a su liderazgo o activismo, sufren violencias en el entorno familiar y comunitario, así como agresiones al interior de los movimientos sociales, lo cual aumenta sus situaciones de riesgo y limita sus redes sociales de apoyo.
De igual modo, las personas que defienden los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo (LGBTI) están expuestas a sufrir abusos y ataques. A menudo se las percibe como transgresores de los valores sociales y culturales. Debido a la estigmatización y la exclusión, las defensoras y los defensores LGBTI suelen correr mayores peligros porque con frecuencia se les niega la protección y el reconocimiento como defensores legítimos.
En esta situación de desprotección para defensoras y defensores de derechos humanos, hemos evidenciado que el nivel de impunidad es alarmante. Son contados los casos en los que las investigaciones terminan con la sanción de los responsables, siendo la mayoría archivados por falta de impulso procesal.
En este sentido, es de vital importancia que los Estados de las Américas acaten los estándares ya establecidos por los órganos del SIDH y reconozcan la legitimidad e importancia fundamental de quienes defienden los derechos humanos; garanticen investigaciones efectivas de los ataques y agresiones contra éstas personas; establezcan salvaguardas procesales que eviten el uso indebido del sistema de justicia en su contra; y, protejan de manera efectiva, integral y diferenciada a los defensores y defensoras en situación de riesgo, teniendo en cuenta su género, contexto y circunstancias particulares.
Esta próxima Asamblea General de la OEA abre una nueva oportunidad para que los líderes de las Américas reafirmen su compromiso con los derechos humanos, con el sistema que los protege y con la protección integral de quienes los defienden. Defender a quienes defienden los derechos humanos sin duda contribuye al desarrollo inclusivo. Por ello, los Estados deberían redoblar sus acciones para acatar los estándares del SIDH en la materia.
