Declaración sobre la situación de DD.HH en Honduras

Honduras: el deterioro de la situación de los derechos humanos exige medidas urgentes. Declaración escrita de Amnistía Internacional ante la 25º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (del 3 al 28 de marzo de 2014)

AMR 37/003/2014

14 de febrero de 2014

Amnistía Internacional está cada vez más preocupada por la situación de los derechos humanos en Honduras, y en especial por las violaciones perpetradas contra los derechos humanos de los defensores y defensoras de los derechos humanos, de las mujeres y las niñas y de las comunidades indígena, afrodescendiente, campesina y LGBTI. Estas violaciones se cometen en un entorno de impunidad endémica ante las violaciones y los abusos contra los derechos humanos, en el que proliferan el crimen organizado y la delincuencia común. Según los datos de la ONU, en 2011 la tasa de homicidios en Honduras fue la más elevada del mundo.[1]

Amnistía Internacional reconoce que, en el contexto descrito, es difícil para las autoridades hondureñas garantizar la seguridad pública. Sin embargo, ésta no puede alcanzarse a expensas de los derechos humanos.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Durante los últimos años, decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos líderes indígenas y campesinos, activistas LGTBI, funcionarios de justicia y periodistas han sido víctimas de violaciones de derechos humanos, entre ellas homicidios, violencia física, secuestros, amenazas de muerte y de violencia sexual y agresiones verbales. Pese a los repetidos llamamientos de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos y de los propios defensores y defensoras hondureños de los derechos humanos, no se ha creado ningún mecanismo estatal para proteger a estos últimos.

Por ejemplo, en julio de 2013, en menos de dos semanas, murieron asesinados en distintas partes del país tres defensores de los derechos humanos: una jueza, un activista LGBTI y un líder indígena. Todos ellos defendían la justicia y la equidad.

Más recientemente, el 7 de diciembre de 2013, dos hombres no identificados abatieron a tiros al periodista Juan Carlos Argeñal en su domicilio de Danlí, municipio perteneciente al meridional departamento de El Paraíso. Era corresponsal de Radio Globo y Globo TV, además de propietario de un canal de televisión local y activista político. Durante los meses previos a su asesinato, había informado sobre la corrupción del gobierno local y, en julio de 2013, había recibido una amenaza, al parecer a causa de su labor periodística de investigación.

Comunidades, grupos y personas en situación de riesgo

Las comunidades indígena y garífuna (afrodescendiente) sufren discriminación y desigualdad, por ejemplo en lo referente a los derechos a la tierra, a la vivienda, al agua, a la salud y a la educación. En sus tierras, se llevan a cabo proyectos de gran envergadura sin consultarles antes y sin contar con su consentimiento previo, libre e informado. Los líderes de ambas comunidades se han enfrentado a cargos penales falsos y han sido víctimas de ataques e intimidación en represalia por su trabajo de defensa de los derechos humanos. Un ejemplo actual de esta situación es el caso de Bertha Cáceres, líder indígena lenca y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que ha sido hostigada e intimidada y, según la información que nos consta, se enfrenta a cargos penales espurios. Hace poco las autoridades judiciales han retirado un cargo en su contra por posesión de un arma de fuego no registrada, al no haberse hallado pruebas de que tuviera dicha arma. Por su parte, ella ha insistido siempre en que el arma de fuego que presuntamente se encontró en su automóvil había sido colocada allí. No obstante, pese a la retirada de ese cargo, se le siguen imputando otros, y se continúa utilizando el sistema legal en su contra. En concreto, se la acusa de haber incitado a otras personas a cometer delitos, a causa de las protestas que su comunidad ha organizado contra una planta hidroeléctrica.

En julio de 2012, el líder indígena lenca Tomás García, miembro igualmente destacado de COPINH, fue asesinado por el ejército durante una manifestación Río Blanco (departamento de Intibucá). Las comunidades indígenas lenca vienen manifestándose desde abril de 2013 contra un proyecto de energía hidroeléctrica en su territorio, ya que –afirman– no se les ha consultado antes y ellas no han dado su consentimiento previo, libre e informado.

Las ya largas disputas entre la comunidad campesina y los poderosos terratenientes por la tierra son una de las causas que explican los elevados índices de violencia a los que deben hacer frente los campesinos de las regiones de Bajo Aguán y Zacate Grande. Según organizaciones locales de Bajo Aguán, durante los últimos 5 años ha habido más de 120 homicidios relacionados con el contencioso de la tierra.

La violencia contra las mujeres y las niñas es un fenómeno generalizado, y en 2012 grupos de la sociedad civil informaron de 606 homicidios de mujeres, la cifra más alta desde 2005. Entre diciembre de 2013 y enero de 2014 se produjo una oleada de asesinatos de trabajadoras del sexo. En concreto, en la norteña ciudad de San Pedro Sula, murieron 10 trabajadoras del sexo –una transgénero y nueve mujeres–, en circunstancias que aún no se han esclarecido.

La comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual (LGBTI) de Honduras es víctima de discriminación y violencia. La reforma del Código Penal de 2013, que permite castigar los crímenes de odio, ha constituido un paso adelante, pero ahora es preciso aplicarla. Preocupa que, durante los últimos meses, varios miembros del Congreso hayan intentado revocarla.

Impunidad

Según la información recibida por Amnistía Internacional de entre las decenas de violaciones y abusos contra los derechos humanos que han sufrido los defensores y defensoras de los derechos humanos a lo largo de los últimos cinco años, sólo en un caso se han enjuiciado, declarado culpables y condenado a los responsables. En abril de 2013, la entonces procuradora general explicó al Congreso Nacional que la Procuraduría sólo tenía capacidad para investigar el 20% de los homicidios del país. La institución se ha visto desbordada por los elevados índices de violencia y delincuencia del país, y carece de los recursos necesarios para efectuar su trabajo con eficacia. En algunos casos, incluso los propios procuradores han temido emprender acciones, habida cuenta de la peligrosa situación reinante.

La policía nacional debe desempeñar un papel fundamental en las investigaciones criminales, dado que es la responsable de reunir y proteger las pruebas. Sin embargo, le faltan recursos, conocimientos técnicos y rendición de cuentas. Numerosos informes apuntan a que la policía participa con frecuencia en violaciones de derechos humanos y actividades del crimen organizado.

Asimismo, preocupa la independencia de la magistratura. Por ejemplo, en diciembre de 2012 el Congreso Nacional votó en favor de la destitución de cuatro de los cinco jueces de la Corte Suprema que integraban la Sala Constitucional de dicha corte. Los jueces en cuestión habían emitido una sentencia que bloqueaba una ley propuesta por el Congreso, para depurar la fuerza policial. Según los jueces, algunos aspectos eran inconstitucionales.

Papel de la comunidad internacional

Amnistía Internacional insta a los Estados miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos a:

• expresar preocupación por la situación de los derechos humanos en Honduras, y en especial por la situación de los grupos más expuestos;

• instar al nuevo gobierno hondureño a desarrollar y aplicar un plan nacional de acción sobre derechos humanos, con especial atención a la situación de las personas más vulnerables;

• insistir en el establecimiento de un mecanismo estatal que aplique medidas exhaustivas de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos en situación de riesgo; e

• instar a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos a fortalecer y ampliar su presencia y su mandato en el país.