El pasado 14 de abril las personas e instituciones que firmamos esta declaración, tuvimos el honor de ser recibidos/as por la comunidad Indígena Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet, que desde el 21 de marzo de este año se encuentra en sus tierras ancestrales, de las que fue expulsada y por las que lucha hace más de 23 años.
En su sentencia del año 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado paraguayo y dispuso que esas tierras debían ser devueltas a la comunidad indígena en un plazo que ya venció hace ya 4 años.
La comunidad Sawhoyamaxa nos recibió en sus tierras ancestrales y nos hizo testigos de su historia, de su lucha, y de las esperanzas de resolución de este largo conflicto por recuperar su hábitat. Hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas, relataron las condiciones de vida en las que se encuentran, y sobre su decisión de reingresar a sus tierras ancestrales, abandonando así el costado de la ruta Cnel. Rafael Franco, en el Departamento de Presidente Hayes, donde malvivieron durante 23 años, desde donde vieron derribarse sus bosques, donde enterraron a sus muertos.
La Misión de observación solicita al Estado que, además de respetar y proteger esta decisión, busque el camino para una pronta y auténtica reparación que permita revertir la injusta situación que atraviesa la comunidad Sawhoyamaxa.
El titular de las 14.404 hectáreas que deben ser entregadas a la comunidad, Heribert Roedel, es propietario de 61.000 hectáreas en la zona, y acreedor de una complaciente actitud estatal a expensas de los indígenas. Nunca hubo sanción alguna por parte del Estado a pesar de las denuncias, relacionadas a la destrucción del patrimonio forestal del hábitat tradicional de la comunidad Sawhoyamaxa. La omisión del Estado paraguayo condena a los indígenas a la muerte, y al Paraguay a ser observado como un país que viola sistemáticamente los derechos humanos de los pueblos indígenas en nuestro continente. Las y los integrantes de la Misión de Observación no aceptamos esta situación de constante y grave vulneración de sus derechos, y apoyamos a Sawhoyamaxa en su lucha y sus legítimos derechos.
Exigimos el inmediato cumplimiento del fallo de la Corte IDH por parte del Estado paraguayo y la adopción de todas las medidas de salvaguarda necesarias a favor de la comunidad Sawhoyamaxa, que garanticen la vida y seguridad de las familias que la integran en las tierras que les corresponden por derecho, impidiendo las represalias de particulares o la eventual represión policial o una intervención fiscal. Advertimos sobre las presiones que el latifundista Roedel está ejerciendo para que el Fiscal de Pozo Colorado disponga el desalojo de la comunidad, pues éste ya envió una notificación intimando a la misma a abandonar sus tierras.
El desalojo de la comunidad Sawhoyamaxa es ilegal, ya que la controversia jurídica sobre los derechos de propiedad relacionados con las fincas reivindicadas por la comunidad ha concluido a favor los indígenas con la sentencia de la Corte IDH, cuyo cumplimiento no puede ser dejado de lado por ninguna disposición fiscal o judicial del ámbito interno. Invitamos a todas las organizaciones y movimientos sociales, a los defensores y defensoras de derechos humanos, a conocer la historia de Sawhoyamaxa, para que adquieran la misma convicción que nos anima, de apoyar decididamente su lucha.
Es fundamental que la sociedad paraguaya, de la manera más extensa posible, haga suyos los derechos de los pueblos indígenas y exija el respeto y cumplimiento de tales derechos. Al tiempo de ratificar nuestra total solidaridad con la comunidad indígena Sawhoyamaxa, expresamos nuestro convencimiento de que el respeto y realización plena de los derechos de los Pueblos Indígenas en el Paraguay es una tarea y un objetivo legítimo de la sociedad, plasmado en la Constitución Paraguaya de 1992.
Es indispensable un compromiso activo de nuestra sociedad, el que se debe traducir en acciones para la construcción de un Estado permeado por principios y valores de derechos humanos, como una cuestión central y básica de la democracia.
Integrantes de la Misión de Observación:
1. Bartomeu Melià, jesuita, miembro del Centro de Estudios Paraguayos “Antonio Guasch” y Premio Bartolomé de las Casas en el año 2010.
2. Line Bareiro, defensora de derechos humanos e integrante del Centro de Documentación y Estudios (CDE).
3. Luis Lezcano Claude, defensor de derechos humanos y ex ministro de la Corte Suprema de Justicia.
4. Oscar Ayala Amarilla, miembro de la organización Tierraviva y abogado de la comunidad indígena Sawhoyamaxa.
5. Raquel Casaccia, miembro de la Asamblea de Tierraviva.
6. Enrique Gauto Bozzano, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).
7. Galo Bogarín, Director General del Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch (CEPAG) – organización miembro de CODEHUPY.
8. Alcides Villamayor, miembro de la Asociación Paraguaya de Comunicación Comunitaria (COMUNICA) – organización miembro de CODEHUPY.
9. Cristina Coronel, miembro del Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ Py) – organización miembro de CODEHUPY.
10. Cristina Román, miembro de la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP) – organización miembro de CODEHUPY.
11. Rosalía Vega, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Paraguay.
12. Regina Kretschmer, miembro de FIAN Internacional (FoodFirst Information and Action Network).
13. Lea Schvartzman, integrante del Grupo de Acción Intercultural SUNU.
14. Gabriel Fernández, dirigente de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCH).
15. Benigno Rojas, líder comunitario del Pueblo Enxet.
16. Jorge Servín, miembro del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica (CEADUC).
Contactos con Rosalía Vega, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Paraguay, al celular 0971-232-604 o al correo electrónico: rosalia_vega@py.amnesty.org, Enrique Gauto Bozzano, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), al celular 0971-365-000 o al correo electrónico secretaria@codehupy.org o con Oscar Ayala Amarilla, miembro de la organización Tierraviva y abogado de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, o al celular 0971-284-292 o al correo electrónico oayala@tierraviva.org.py.
