Tras la confirmación del ministro del Interior español de que la policía disparó balas de goma para intentar impedir la entrada de un grupo de inmigrantes en Ceuta, actuación que puede haber contribuido a que al menos 11 de ellos muriesen ahogados, Amnistía Internacional solicita una investigación independiente, efectiva y exhaustiva.
@Fadel Senna-AFP-Getty Images
Los inmigrantes ahogados formaban parte de un grupo de unas 250 personas del África subsahariana que habían intentado alcanzar suelo español el 6 de febrero cruzando a Ceuta por mar desde el vecino Marruecos.
El jueves por la tarde, en una declaración al Congreso español, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz confirmó que, el 6 de febrero, miembros de la Guardia Civil española utilizaron material antidisturbios, incluidas balas de goma, para detener a los inmigrantes que se dirigían a nado a Ceuta. Al menos 11 migrantes se ahogaron y un grupo de 23 personas que alcanzaron la playa fueron obligadas a cruzar la frontera y volver a Marruecos sin los correspondientes procedimientos formales.
En su comparecencia, el ministro afirmó que el material antidisturbios se había utilizado de modo que se asegurase que no alcanzaba a las personas que estaban en el mar.
“Independientemente de si los inmigrantes fueron alcanzados, corresponderá a una investigación independiente determinar si la Guardia Civil y las autoridades fronterizas actuaron adecuadamente. Los resultados de esta investigación deben hacerse públicos, y toda persona responsable de cometer violaciones de derechos humanos debe ser procesada”, ha declarado Jezerca Tigani.
El ministro de Interior español ha admitido que la Guardia Civil entregó a 23 personas, aprehendidas en las playas de Ceuta, a las autoridades marroquíes. Afirmó que esta actuación era legal, alegando que los inmigrantes no habían llegado a territorio español.
“Al margen de dónde se encontrasen, es evidente que las 23 personas estaban bajo jurisdicción española tras ser aprehendidas por los agentes de la Guardia Civil española. La actuación de los agentes españoles puede describirse como una operación de devolución forzosa informal, una práctica que consiste en obligar sumariamente a un grupo de inmigrantes a cruzar la frontera de vuelta. Las expulsiones sumarias de inmigrantes o las devoluciones forzosas informales sin darles la posibilidad de impugnar su expulsión constituyen una violación directa de las obligaciones contraídas en el ámbito internacional, de la Unión Europea y de España, y lo mismo ocurre con el rechazo de solicitantes de asilo en la frontera”, ha manifestado Jezerca Tigani.
Amnistía Internacional y ONG locales han documentado diversos incidentes previos en los que parece que las autoridades españolas han deportado sumariamente a personas inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiadas desde Ceuta y Melilla, que en ambos casos comparten frontera terrestre con Marruecos. La organización no tiene constancia de que se hayan iniciado investigaciones sobre estos hechos.
Según parece, un acuerdo existente entre España y Marruecos para devolver a las personas inmigrantes que llegan a territorio español está facilitando algunas de las expulsiones, lo que supone una violación de las normas internacionales de derechos humanos.
