El caso de un estudiante de 22 años condenado un año de prisión por mantener “relaciones homosexuales” ha suscitado finalmente un debate público sobre las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en Túnez. Ayer, el ministro de Justicia, Mohamed Salah Ben Aissa, hizo un inaudito llamamiento público en favor de la despenalización de las relaciones homosexuales.
El 22 de septiembre, un tribunal de Susa declaró culpable al estudiante, conocido como Marwan, tras obligarlo a someterse a una exploración para establecer la “prueba” de sexo anal. Amnistía Internacional considera que las personas detenidas exclusivamente por su orientación sexual o su identidad de género son presos de conciencia.
La policía había citado a Marwan el 6 de septiembre en relación con el asesinato de un hombre cometido en Susa. Al negar él toda implicación en el delito, pero admitir que había mantenido relaciones sexuales con la víctima, según informes tras amenazarlo la policía con presentar un cargo de asesinato contra él, fue acusado de “sodomía” en aplicación del artículo 230 del Código Penal, que prevé una pena máxima de tres años de prisión. Ese artículo penaliza también el “lesbianismo”, aunque raras veces se aplica para detener a lesbianas.
Los grupos de activistas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) de Túnez adoptaron en seguida el caso de Marwan. Este colectivo ha hecho oír cada vez más su voz en los últimos meses, animado por la creación de un nuevo gobierno de coalición más liberal este mismo año. He hecho campaña contra la penalización de las relaciones homosexuales mantenidas con consentimiento mutuo, poniendo de relieve que viola dos derechos clave garantizados por la nueva Constitución tunecina: el derecho a la vida privada y el derecho a no sufrir discriminación.
Algunos grupos han emprendido incluso una campaña online para pedir el fin de las exploraciones anales forzadas, lo que constituye una iniciativa sin precedentes en Túnez.
En una entrevista concedida a los medios de comunicación días después de la condena de Marwan, el ministro de Justicia, Mohamed Salah Ben Aissa, reconoció que el artículo 230 violaba el derecho constitucional a la vida privada y debía derogarse. Los defensores y defensoras tunecinos de los derechos humanos debe aprovechar este impulso para cambiar el discurso del país sobre este tema y hacer que las palabras se traduzcan en acción.
Lamentablemente, el de Marwan no es un caso aislado. En el marco de su campaña para que se ponga fin a la violencia sexual y de género en Túnez, Amnistía Internacional ha documentado recientemente varios casos de detención y procesamiento de gays, ocurridos entre 2009 y 2014, pero los grupos de activistas afirman que hay muchos más de los que no se ha tenido noticia.
Gays tunecinos entrevistados por Amnistía Internacional afirmaban haber sido detenidos simplemente por parecer “afeminados” o porque les habían visto hablar con otro hombre en una zona que la policía sabía que era frecuentada por gays. Como Marwan, muchos fueron detenidos sin pruebas y obligados a someterse a una exploración anal para establecer la prueba de sexo anal, pese que no hay base científica para realizar tales exploraciones invasivas. Amnistía Internacional cree que las exploraciones anales forzadas constituyen una forma de tortura u otros malos tratos.
En otros casos, personas transgénero dijeron a Amnistía Internacional que las habían detenido y procesado por ofender la moral pública simplemente porque no se atenían a las normas sociales y los estereotipos de género establecidos.
Pero estas leyes tienen también otros efectos, además del riesgo constante de detención y procesamiento. En todo el mundo, la penalización de las relaciones homosexuales promueve la violencia contra las personas LGBTI y crea un entorno permisivo en el que pueden ser objeto de abusos policiales y de hostigamiento e intimidaciones de sus familias y comunidades. Lamentablemente, Túnez no es ninguna excepción.
Amnistía Internacional ha hablado con personas LGBTI a quienes han apuñalado o acuchillado, propinado patadas en la cabeza, quemado con colillas y amenazado de muerte debido a su identidad de género o su orientación sexual. En muchos casos se han rechazado o ignorado sus denuncias ante la policía en virtud de lo dispuesto en el artículo.
En algunos casos, en vez de investigar debidamente estos delitos homofóbicos y transfóbicos, como es su obligación según el derecho internacional, la policía advirtió o amenazó abiertamente a las víctimas, incluidas lesbianas, para que retiraran la denuncia si no querían que fuera a ellas a quienes se procesara. En otros, los agentes de policía se aprovecharon del temor de las personas LGBTI a ser procesadas para someterlas a chantaje, extorsión y, a veces, abusos sexuales. Es frecuente que se obligue a gays y personas transgénero a dejarse extorsionar por agentes de policía y entregar sus teléfonos u otros objetos de valor si no quieren ser detenidos.
Debido a ello, las personas LGBTI víctimas de violación u otras agresiones sexuales suelen ser reacias a denunciarlo ante la policía.
Sea en Túnez o en cualquier otra parte del mundo, la penalización de las relaciones homosexuales con consentimiento mutuo contraviene el derecho y las normas internacionales.
La recientes iniciativas de apertura de un verdadero debate público sobre los derechos LGBTI permiten abrigar la esperanza de que Túnez esté dando por fin pequeños, pero decisivos, pasos en la dirección correcta para avanzar en esta cuestión.
Pero, a la larga, sólo revocando el artículo 230 del Código Penal y despenalizando las relaciones homosexuales con consentimiento mutuo de una vez por todas tendrán las autoridades tunecinas alguna posibilidad de prestar la debida protección contra la violencia y la discriminación. Las autoridades tunecinas deben dejan en libertad de inmediato a Marwan y emprender un proceso de reforma de la legislación para garantizar que no se detiene ni procesa a nadie debido a su identidad de género y su orientación sexual.
Para más información sobre la campaña “Mi cuerpo mis derechos” de Amnistía Internacional, véase: Aquí
