Comunicados de prensa
21 junio 2014
El hecho de que un tribunal penal de El Minya, Alto Egipto, haya decidido hoy confirmar las condenas de muerte de 183 partidarios de Mohamed Morsi, uno de ellos ciego, constituye una alarmante prueba de la actitud cada vez más politizada y arbitraria del poder judicial egipcio hacia la justicia y la pena capital, ha manifestado Amnistía Internacional.
Las condenas estuvieron precedidas, las semana pasada, por siete ejecuciones, las primeras llevadas a cabo en Egipto desde 2011.
Una persona asistente a la vista en representación de Amnistía Internacional ha indicado que había una fuerte presencia de fuerzas de seguridad: al menos 20 agentes, muchos de ellos enmascarados y con metralleta.
“En los últimos meses, los tribunales egipcios parecen haber estado imponiendo condenas de muerte a la primera de cambio, especialmente en dos juicios masivos basados en pruebas muy poco sólidas y procedimientos con graves irregularidades”, ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“La sentencia dictada en esta causa es el último ejemplo de la apuesta del poder judicial de Egipto por la represión de la disidencia. Las autoridades deben anular estas condenas y ordenar que todos los acusados sean sometidos a un nuevo juicio que sea justo y en el que no se recurra a la pena de muerte.”
El tribunal había recomendado la pena capital para los 683 acusados en una vista celebrada el 28 de abril, tras la cual se remitió la causa al gran muftí de Egipto, con quien hay que consultar antes de imponer formalmente una condena de muerte.
La sentencia es el resultado de un juicio manifiestamente injusto, celebrado el 25 de marzo, en el que el tribunal interrogó a más de 50 testigos y a 74 de los acusados en cuestión de horas y sin que se hallaran presentes los abogados. Hoy no se ha llevado ante el tribunal a ninguno de los acusados ni se ha permitido la asistencia de sus familiares. Incluso se ha condenado a un hombre a muerte y a 15 años de prisión a la vez, lo que ha generado confusión acerca de cuántas condenas de muerte habían sido impuestas realmente.
Los 683 acusados se enfrentaban a cargos relacionados con unos sucesos violentos ocurridos en torno a la comisaría de policía del pueblo de Al Adwa, gobernación de El Minya, el 14 de agosto de 2013, tras la sangrienta dispersión de una acampada de los Hermanos Musulmanes en El Cairo.
En los últimos 12 meses ha aumentado vertiginosamente el número de condenas impuestas por motivos políticos a partidarios del ex presidente Mohamed Morsi.
Ya se dio un ejemplo más de imposición de condenas por motivos políticos esta misma semana, el 19 de junio, cuando el Tribunal Penal de Giza recomendó la pena de muerte para los líderes de los Hermanos Musulmanes Mohamed Badie, Safwat Hegazi y Mohamed El-Beltagi, así como para otras 11 personas más.
Los acusados fueron declarados culpables de incitar a la violencia, entre otros cargos, por unos enfrentamientos ocurridos a la salida de la mezquita de Al Istiqama, en Giza, en agosto del año pasado, tras la caída del presidente Mohamed Morsi. El tribunal dictará sentencia el 3 de agosto, tras consultar con el gran muftí.
“En el mejor de los casos, el sistema judicial de Egipto es errático, y en el peor, dicta sentencias que ponen seriamente en duda su independencia e imparcialidad. Es evidente que el sistema judicial egipcio está roto y no puede ya administrar justicia. Se está utilizando despiadadamente la pena capital como herramienta con que eliminar la oposición política. Las condenas de muerte que se recomendó imponer la semana pasada a altos cargos políticos de los Hermanos Musulmanes son un ejemplo del capricho con que actúa el sistema de justicia penal de Egipto en la práctica”, ha añadido Hassiba Hadj Sahraoui.
Ningún agente de policía ha sido declarado culpable de estar implicado en la violencia desatada tras el derrocamiento del presidente o en el homicidio de hasta un millar de personas perpetrado el 14 agosto de 2013, al hacer las fuerzas de seguridad uso excesivo de medios letales para disolver dos acampadas de partidarios de Morsi en El Cairo.
“No hay ya en el poder judicial egipcio el menor atisbo de imparcialidad y credibilidad, pues a la vez que se deja en libertad a agentes de seguridad acusados de graves violaciones de derechos humanos se encierra a millares de partidarios de la oposición”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.
Repunte de las condenas de muerte y reanudación de las ejecuciones
Se ha producido un notable aumento del número de condenas de muerte impuestas en casos de asesinato relacionados con disturbios y manifestaciones masivas. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, desde enero de 2014 el poder judicial egipcio ha recomendado la pena capital para 1.247 hombres, cuyos casos se han sometido a la opinión religiosa del gran muftí, y ha confirmado la condena de muerte de otros 247. Todos son partidarios de Morsi.
Desde el 16 de junio han sido ahorcados, en las primeras ejecuciones registradas por Amnistía Internacional en Egipto desde octubre de 2011, seis hombres y una mujer declarados culpables de asesinato y robo con uso de la fuerza. En 2013 la organización registró ejecuciones en sólo 22 países, pero Egipto se ha sumado ahora a un pequeño grupo de Estados que han reanudado las ejecuciones en los dos últimos años, tras largos periodos sin llevar a cabo ninguna.
“Estas ejecuciones representan un gran retroceso para los derechos humanos en Egipto, pues lo convierten en el único país del norte de África donde han tenido lugar ejecuciones en los tres últimos años”, ha explicado Hassiba Hadj Sahraoui.
Información general sobre las condenas de muerte impuestas en Egipto en 2014:
El 19 de junio, el Tribunal Penal de Giza recomendó la pena de capital para 14 líderes de los Hermanos Musulmanes. Se trata del guía supremo de la organización, Mohamed Badie, y de dos altos dirigentes, Safwat Hegazi y Mohamed El-Beltagi, así como de otros 11 hombres entre los que figuran Assem Abdel-Maged, uno de los líderes de Gamaa Islamiya; Essam El-Erian, vicepresidente de la formación política de los Hermanos Musulmanes, el Partido Libertad y Justicia, y Bassem Ouda, ministro de Abastecimiento de Morsi. Se ha remitido el sumario al gran muftí, y se espera que se dicte sentencia el 3 de agosto.
El 18 de junio, el Tribunal Penal de Giza recomendó la pena capital para 12 partidarios de Morsi acusados de atacar una comisaría de policía en la zona de Giza de Kerdasa y matar a un agente. Se ha remitido la recomendación al gran muftí y se espera que se dicte sentencia el 6 de agosto.
El 7 de junio, el Tribunal Penal de Shubra, en El Cairo, recomendó la pena capital para 10 partidarios del presidente depuesto Mohamed Morsi acusados de asesinato, incitación a la violencia y bloqueo de la autopista de Qalyoub en julio del año pasado. Hay 48 acusados en total en la causa, incluido el guía supremo de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badie, que es uno de los condenados a muerte. La recomendación se ha remitido al gran muftí y se espera que se dicte sentencia el 5 de julio.
El 19 de junio, el tribunal penal de Alejandría confirmó la condena de muerte de un partidario de Morsi contra el que se habían presentado cargos en relación con la violencia desatada el 5 de julio de julio en Alejandría. Había recomendado la pena de muerte para dos partidarios de Morsi en marzo, y confirmó la de uno en junio e impuso cadena perpetua al otro. Habían sido acusados de asesinato, “vandalismo”, violencia, posesión de armas y alteración del orden público.
El 28 de abril, el Tribunal Penal de El Minya confirmó las condenas de muerte de 37 hombres tras haber recomendado la pena captial para 528 el 24 de marzo. Las condenas eran el resultado de un juico manifiestamente injusto, en el que no estuvieron presentes todos los acusados, no se permitió a los abogados presentar eximentes ni interrogar a los testigos y se dictó sentencia tras dos únicas vistas, celebradas el 22 y el 24 de marzo.
El 19 de marzo, un tribunal penal de El Cairo condenó a 26 personas a muerte y a una más a 15 años de prisión por delitos de terrorismo. Los acusados fueron juzgados in absentia, pese a que cinco de ellos estaban detenidos y podían haber comparecido. Los abogados han dicho que la causa se remonta a 2010, cuando se presentaron cargos contra 27 personas por planear atentados contra el canal de Suez pero se las dejó en libertad por falta de pruebas. Las remitieron al tribunal en noviembre der 2013 y cinco de ellas fueron detenidas
Ejecuciones
El periódico Al Masry Al Youm informó el 16 de junio de que habían sido ejecutados en la Prisión Pública de Assuit tres hombres y una mujer declarados culpables de asesinato y robo con uso de la fuerza.
El mismo periódico informó de la ejecución de otros tres hombres el 19 de junio. Uno había sido ahorcado en la Prisión de Apelación de El Cairo, y los otros dos, en la de Borg Al Arab de Alejandría. Habían sido declarados culpables de asesinato.
