En un país en transición hacia la paz no se puede perpetuar la violencia contra aquellas personas que defienden los derechos humanos
Tras la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 los asesinatos y amenazas contra personas defensoras de los derechos humanos, incluyendo aquellas que ejercen algún liderazgo social en Colombia se han incrementado. Las escasas medidas implementadas por el Estado colombiano aún no logran mitigar los riesgos que enfrentan quienes defienden los derechos de las víctimas del conflicto armado interno, los derechos humanos vinculados a la tierra y los derechos colectivos. Este panorama desalentador responde en gran medida a los vacíos de poder dejados tras la salida de la guerrilla de las FARC-EP y a la inacción del Estado para hacerse presente en territorios históricamente olvidados y golpeados por el conflicto armado.
A pesar de algunos avances normativos para crear mecanismos de protección para defensores y defensoras en Colombia, día tras día alarman los reportes de asesinatos en diferentes regiones del país, demostrando que el Estado debe fortalecer la política de prevención, más allá de continuar creando normas que no tienen impacto alguno en el corto plazo.
Las cifras del Estado sobre estas dinámicas violentas aún son insuficientes para entender las causas de este incremento en los asesinatos selectivos. Este vacío de información limita la posibilidad de que el Estado tome medidas adecuadas tendientes a garantizar los derechos de quienes defienden los derechos humanos. Las únicas cifras oficiales actualizadas son aquellas publicadas en los informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo que ha reiterado el carácter generalizado de la violencia contra personas defensoras de los derechos humanos. Según sus informes entre el 1 de enero de 2017 y el 27 de febrero de 2018 se han reportado 148 asesinatos, concentrados principalmente en los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca[1].
Amnistía Internacional lamenta que ante un panorama de asesinatos y amenazas generalizado, la respuesta de altas instancias del Estado colombiano se limite a negar que las personas son asesinadas en razón de su liderazgo y labor de defensa de los derechos humanos y a minimizar los patrones de violencia que han recrudecido tras la firma del Acuerdo de Paz. Así las cosas, el punto de partida debe ser el reconocimiento del gobierno en su conjunto de las dinámicas de violencia que persisten contra quienes defienden el interés público y los derechos humanos.
Preocupa particularmente a Amnistía Internacional que en algunas zonas, como Urabá y el norte del Chocó, la violencia contra defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente sea una dinámica reciclada de dos décadas atrás cuando grupos paramilitares actuaron con total impunidad para despojar a los pobladores de tierras y territorios en favor de intereses económicos. Los asesinatos selectivos y las amenazas contra quienes defienden el territorio han aumentado en esta región del país sin que haya una respuesta integral del Estado.
Voces y experiencias del territorio dilucidan el grave panorama que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos
Amnistía Internacional realizó una reciente misión al país con el objetivo de documentar casos de defensores, defensoras de los derechos humanos y personas que ejercen liderazgos sociales y se encuentran bajo amenaza.
Si bien los contextos de las personas entrevistadas en Cali, Quibdó, Bogotá y Riohacha tienen particularidades, a través de sus historias de vida fue posible determinar puntos comunes de la violencia y amenazas que sufren, así como la inoperancia del Estado para proteger su vida e integridad. Esta información fue cotejada con la Defensoría del Pueblo a nivel territorial, así como con organismos internacionales que tienen presencia en el terreno.
La labor de la defensa de los derechos humanos en Colombia históricamente ha sido una actividad riesgosa en contextos de violencia, exclusión social y estigmatización. A pesar de la adversidad, las personas que rindieron testimonio a Amnistía Internacional coinciden en afirmar que su vocación para defender los derechos humanos es mucho más fuerte que los deseos de callarlos a la fuerza. En un país donde los derechos de las víctimas, los derechos al territorio y al medio ambiente y en general, los derechos colectivos, son vulnerados día tras día, es imprescindible contar con mecanismos sociales y comunitarios de denuncia con capacidad de elevar las voces a nivel nacional e internacional. No obstante las amenazas constantes y del riesgo que supone su labor, las personas defensoras son un ejemplo de tenacidad y compromiso. Sus historias muestran que son la base de un tejido social golpeado por el conflicto armado.
A través de los testimonios recogidos en diferentes zonas de Colombia, Amnistía Internacional reconstruyó un panorama desesperanzador y preocupante para un país que se supone en una coyuntura de construcción de paz sin precedentes. Amnistía Internacional resalta en esta oportunidad tres fallas comunes en las que el estado colombiano debería actuar con prontitud, para evitar que continúen los asesinatos y las amenazas contra los defensores, a saber:
- La limitación de la prevención y la protección de las personas defensoras de los derechos humanos a medidas de carácter policial en zonas de conflicto armado, tales como el uso de chaleco antibalas o el acompañamiento por parte de personas armadas. Tales medidas, que ofrece la Unidad Nacional de Protección y que en algunos contextos pueden funcionar, suponen en general un mayor riesgo para las personas bajo amenaza. En zonas donde prima la violencia, las medidas señaladas siempre suponen un riesgo may Además, las personas defensoras consideran que estos mecanismos limitan el ejercicio de sus actividades, pues ya no pueden moverse con facilidad en el terreno, sienten que son monitoreadas constantemente por agentes del Estado y están etiquetadas ante los actores armados que buscan silenciarlas.
- La limitación de la prevención y la protección a medidas de carácter meramente individual, y no colect La labor de la defensa de los derechos humanos es una tarea que supone un trabajo comunitario relevante y por tanto, las personas que ejercen algún liderazgo representan a un colectivo. Las medidas de protección actuales, únicamente apuntan a la protección de las personas y no de las comunidades a las cuales pertenecen. Este enfoque individualista, no permite reconocer que las personas defensoras de los derechos humanos tienen un rol colectivo valioso y que son sus comunidades, el principal nicho de protección y defensa. Las personas entrevistadas por Amnistía Internacional exaltaron la necesidad de crear un sistema de medidas de protección colectiva, que cuente con los insumos de las comunidades para determinar el tipo de protección que deben tener sus líderes, lideresas y personas defensoras de los derechos humanos y que a la vez, propenda por fortalecer los tejidos sociales que han sido duramente golpeados por la violencia.
- Sumado a lo anterior, las medidas de protección actuales no responden de manera adecuada a los impactos diferenciados de la v La inclusión efectiva de los enfoques de género, étnico y diferenciales es una de las mayores deudas del sistema que opera actualmente. El Estado brinda medidas de protección similares ante casos con particularidades en razón del género o las características étnicas de las personas defensoras, ignorando los constantes llamados de las organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales. Para los casos de personas defensoras o líderes y lideresas indígenas urge al Estado colombiano reconocer sus mecanismos de protección propios, como la Guardia Indígena[2], y encontrar la manera de armonizar la oferta institucional con los mecanismos específicos y ancestrales de los Pueblos Indígenas.
En el caso de las mujeres que ejercen algún liderazgo, la Unidad Nacional de Protección debe avanzar de manera decidida en implementar medidas con enfoque de género, respetuosas de la voluntad de las mujeres que requieren protección. En estos casos, la mayoría de mujeres ha enfrentado amenazas de tipo sexista o violencia sexual, y por tanto, la respuesta institucional debe tender a eliminar los factores generadores de esta violencia y brindar confianza para que las mujeres puedan continuar su labor con el debido acompañamiento.
Amnistía Internacional pudo documentar casos en los que las mujeres defensoras de los derechos humanos han perdido la custodia de sus hijos e hijas en razón del riesgo extraordinario que enfrentan y que se extiende a sus familias. En estos casos, las autoridades únicamente contemplan la opción de alejar a los niños y las niñas de su núcleo familiar, lo cual sin duda es una vulneración de sus derechos humanos y una prueba más del poco interés del Estado para responder de manera integral y diferenciada a estos casos.
Estado debe actuar inmediatamente para frenar las dinámicas de violencia selectiva contra personas defensoras de los derechos humanos
Ante el panorama actual de muertes violentas reportadas a diario en Colombia, Amnistía Internacional expresa también preocupación y considera que el Estado debe reconocer que ha fallado en implementar medidas integrales de protección y por ello, debe tomar acción inmediata para frenar esta ola de violencia. El Estado colombiano no puede continuar desconociendo su deber de garante de la vida e integridad de las personas defensoras, puesto que esto implica una omisión flagrante de sus deberes, contemplados en la Declaración de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos de 1998, entre otros.
Un primer paso para avanzar en la prevención de amenazas y asesinatos selectivos de personas que ejercen liderazgos o defienden los derechos humanos en zonas de conflicto, debe ser el reconocimiento de la protección más allá de las medidas policiales e individuales. El Estado colombiano ha fallado en reconocer que los asesinatos selectivos responden a dinámicas de conflicto o a intereses criminales, que van más allá de lo individual. La ausencia del Estado y su debilidad para garantizar los derechos humanos, han creado el ambiente propicio para que dinámicas criminales ataquen los liderazgos locales. Las comunidades y territorios afectados históricamente por la violencia no pueden continuar esperando a que el Estado haga presencia integral más allá de lo militar.
En esta medida, la institucionalidad del orden nacional, departamental y municipal debe actuar de manera articulada para garantizar la vida, libertad, integridad y seguridad de quienes defienden los derechos humanos. Esta labor no recae únicamente en la oferta dispuesta por la Unidad Nacional de Protección sino que debe responder a un análisis integrado de los factores que generan este tipo de violencia generalizada y se debe implementar como una política de Estado.
En la actualidad, la carga para solicitar medidas de protección al Estado recae en las personas amenazadas que muchas veces viven en lugares apartados del país y se deben enfrentar a un sistema centralizado y ajeno a sus contextos. Las medidas aún no responden a las necesidades del terreno ni a las condiciones de vida de aquellos lugares donde más violencia se reporta tras la firma del Acuerdo de Paz. Dada la gravedad de la situación, es deber del Estado implementar mecanismos descentralizados, que respondan de manera inmediata a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y que tengan interlocución constante con las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Las consecuencias del asesinato de una persona que defiende los derechos humanos, que en su mayoría han sido víctimas del conflicto armado y continúa en riesgo, pone en jaque la reparación a las víctimas y demuestra que aún las garantías de no repetición no se han materializado para comunidades y personas que han experimentado por años el conflicto armado. La pérdida de la vida de una persona que defiende los derechos de su comunidad en un contexto de transición a la paz lesiona profundamente el tejido social necesario para avanzar en la reconstrucción de una sociedad más justa.
Los liderazgos comunales, campesinos, de víctimas y de aquellas personas que defienden el territorio y los recursos naturales, que defienden la implementación territorial del Acuerdo de Paz y los procesos de restitución de tierras, deben contar con plenas garantías y ser una prioridad para el gobierno colombiano. El Estado colombiano tiene la deuda histórica de atacar las causas estructurales de la violencia que aún prevalece en varios departamentos del país.
