La muerte de nueve personas campesinas, y más de una decena de heridos, presuntamente a manos del Ejército y Policía Nacional de Colombia en el municipio de Tumaco, en el suroeste de Colombia, debe ser una fuerte alerta para las autoridades sobre la necesidad de proteger a la población civil durante la implementación del Acuerdo de Paz, dijo Amnistía Internacional.
Según la Asociación de Juntas Comunitarias Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), el 5 de octubre, miembros de fuerzas de seguridad de Colombia abrieron fuego de manera indiscriminada contra comunidades campesinas que protestaban de manera pacífica en zonas de Alto Mira y Frontera, municipio de Tumaco.
Las comunidades protestaban contra la lenta implementación programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, convenido en el Acuerdo de Paz firmado en noviembre del año pasado.
“Nada cambiará en Colombia hasta que todas las personas del país puedan protestar pacíficamente sin miedo a perder la vida,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Es imprescindible que las autoridades colombianas investiguen esta serie de asesinatos y lleven a sus responsables ante la justicia. No hacerlo, como suele ser la norma, enviará la señal de que las vidas de las personas campesinas carecen de valor, y que el conflicto armado continua activo.”
Desde el 28 de Septiembre 2017, las comunidades campesinas de las zonas de Alto Mira y Frontera han protestado de manera pacífica contra la actual estrategia del Gobierno de reducir el número de áreas sembradas con cultivos ilícitos, por considerar que no cumple con lo suscrito en la el Acuerdo de Paz sobre la voluntariedad y concertación que deben guiar este tipo de acciones.
Tumaco es una de las zonas de mayor producción de hoja de coca en el país, siendo Alto Mira el territorio con mayor número de hectáreas sembradas con coca. Es por esto que la zona fue priorizada para la implementación del programa de sustitución de cultivos ilícitos. Sin embargo, como en otras zonas de esta región, la implementación del Acuerdo de Paz en territorio avanza lentamente y las comunidades rurales ven con preocupación la falta de acción del gobierno para garantizar sus derechos fundamentales, o brindar alternativas de desarrollo.
El reclamo por parte de las asociaciones campesinas se centra en que el Gobierno Nacional, específicamente el Ministerio de Defensa, cumpla con lo pactado en La Habana en cuanto a la consulta y concertación con las comunidades de cada jurisdicción en la que ejecuten el programa de sustitución, pues afirman que la falta de implementación de esa consulta tiene impactos económicos, ambientales y de derechos humanos en sus territorios.
