DECLARACIÓN PÚBLICA
31 de enero de 2014
Un sargento del ejército retirado fue arrestado ayer por su presunta participación en decenas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, incluidos varios casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos.
Bernardo Alfonso Garzón Garzón, ex agente del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI) del Batallón Charry Solano del ejército, está implicado en más de 30 casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial que tuvieron lugar en Bogotá entre 1984 y 1990.
Entre ellos figuran las desapariciones forzadas de Irma Franco y otras 11 personas en 1985, en el sitio y posterior asalto por las fuerzas armadas del Palacio de Justicia tras su toma por un comando de guerrilleros del M-19, así como la desaparición forzada, la tortura y el homicidio de Nydia Erika Bautista en 1987.
Amnistía Internacional espera que la captura de Bernardo Alfonso Garzón Garzón –que tiene derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio justo– sirva de acicate a las investigaciones penales sobre violaciones de derechos humanos cometidas por el COICI y haga que se investigue no sólo a oficiales de baja graduación, sino también a altos mandos.
El testimonio de Bernardo Alfonso Garzón Garzón a la Procuraduría General de la Nación en 1991 y a la Fiscalía General de la Nación en 1994 fue muy importante para conseguir varias condenas en casos clave de derechos humanos, como el del Palacio de Justicia. Su testimonio fue también crucial para la localización de los restos mortales de Nydia Erika Bautista. Pero la mayoría de los casos en los que se le acusa de responsabilidad penal no han avanzado.
Hasta ahora, Bernardo Alfonso Garzón Garzón está acusado sólo de la desaparición forzada y el homicidio de Antonio Hernández Niño y el secuestro de Guillermo Marín. Antonio Hernández Niño fue sacado de un autobús el 8 de abril de 1986. Tres días más tarde, el 11 de abril, la policía encontró su cadáver en un basurero. Junto a él encontraron herido a Guillermo Marín, miembro del grupo guerrillero M-19, a quien habían disparado y dado por muerto.
La seguridad de algunos de los testigos en las investigaciones penales en las que está implicado Bernardo Alfonso Garzón Garzón suscita grave preocupación. Amnistía Internacional pide a las autoridades colombianas que garanticen la seguridad de estos testigos y se aseguren de que cualquier medida de protección física que se les proporcione se ajuste estrictamente a sus deseos.
Información complementaria
La impunidad sigue siendo una característica de los 50 años de conflicto armado de Colombia, y es uno de los motivos por los que persisten las hostilidades. Muy pocos de los presuntos responsables penales de los abusos contra los derechos humanos y el derecho humanitario perpetrados durante este conflicto han comparecido ante los tribunales.
El del Palacio de Justicia es uno de los casos más emblemáticos de violaciones de derechos humanos en Colombia. En el asalto al edificio murieron más de 100 personas, incluidos 11 jueces de la Corte Suprema. Sólo se ha encontrado el cadáver de una de las 12 víctimas de desaparición forzada, Irma Franco, y sólo dos oficiales de alta graduación, los generales Jesús Armando Arias Cabrales y Luis Alfonso Plazas Vega, han sido condenados por su participación en las desapariciones forzadas y en otras violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante la operación.
Nydia Erika Bautista de Arellana, activista estudiantil y miembro de la organización guerrillera Movimiento 19 de Abril (M-19), fue secuestrada en Bogotá el 30 de agosto de 1987 por agentes encubiertos de la Brigada XX del ejército. Las investigaciones revelaron que había permanecido dos días bajo custodia y luego había sido conducida a la zona de Quebradablanca, municipio de Guayabetal, departamento de Cundinamarca, donde había sido atada y ejecutada de un único disparo en la cabeza, tras torturarla y someterla a violencia sexual.
El 26 de julio de 1990, las autoridades exhumaron un cadáver que había sido localizado el 12 de septiembre de 1987 en Guayabetal. Se confirmó que los restos pertenecían a Nydia Erika Bautista. El testimonio de Bernardo Alfonso Garzón Garzón condujo a la localización del cadáver y a la identificación de quienes habían planeado y llevado a cabo la desaparición forzada, tortura y homicidio de la activista, entre ellos el entonces coronel Álvaro Velandia Hurtado, oficial al mando de la Brigada XX.
En 1995, el general Álvaro Velandia Hurtado y otro miembro de las fuerzas armadas fueron destituidos de las fuerzas armadas colombianas tras declararlos la Procuraduría General responsables de la desaparición forzada y el homicidio de Nydia Erika Bautista. Sin embargo, el 22 de abril de 2013, una resolución judicial del Consejo de Estado anuló la orden de destitución y ordenó que el general Velandia Hurtado fuera restituido en su rango y posición en el ejército colombiano. Esta orden se emitió pese a que la resolución no ponía en duda las conclusiones sustanciales de la Fiscalía General respecto a la responsabilidad en la desaparición forzada y el homicidio de Nydia Erika Bautista.
Las investigaciones penales sobre el general Velandia y otros cuatro miembros de las fuerzas armadas por su papel en el caso prácticamente no han avanzado.
