Comunicados de prensa
29 mayo 2014
La deplorable imposición colectiva de condenas a 55 personas en un estadio de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, en el noroeste de China, no es solución para abordar los problemas de seguridad pública. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
Cincuenta y cinco persona, se cree que en su mayoría uigures musulmanes, fueron condenadas, tres de ellas a muerte, por terrorismo, separatismo y asesinato.
“Los responsables de los violentos atentados perpetrados recientemente han mostrado un cruel desprecio por la vida humana, y deben rendir cuentas. Pero unos juicios espectáculo acelerados no llevarán la justicia a las víctimas. El condenar apresuradamente a personas tras juicios injustos sólo servirá para agravar las tensiones en la región”, ha manifestado William Nee, investigador sobre China de Amnistía Internacional.
La imposición de condenas tuvo lugar delante de más de 7.000 personas, según informaron el miércoles los medios de comunicación estatales.
Se cree que todos los condenados corren peligro de sufrir tortura bajo custodia. El líder local del Partido Comunista, Zhang Chunxian, dijo recientemente que los presuntos delincuentes deben ser “severamente castigados” antes de ser juzgados.
“Con estas pantomimas, las autoridades chinas parecen más preocupadas por ganarse a la opinión pública que por la justicia. Es muy dudoso que los acusados reciban juicios justos”, ha declarado William Nee.
El acto de imposición de condenas tuvo lugar tras una oleada de atentados en un ambiente de crecientes tensiones étnicas en la Región Autónoma. Treinta y una personas murieron y más de 90 resultaron heridas el 22 de mayo, cuando se arrojaron unas bombas desde dos automóviles que circulaban por una concurrida calle en la capital de la región, Urumqi.
Las autoridades chinas han declarado una campaña de “mano dura” en respuesta a los recientes atentados. La semana pasada se emprendió una campaña contra el terrorismo, con un desfile de convoyes de fuerzas antiterroristas y equipo militar en Urumqi.
“Las autoridades chinas tienen el deber de garantizar la seguridad pública, pero la respuesta que han dado hasta ahora sólo servirá para agravar las tensiones”, ha manifestado William Nee.
Las personas de etnia uigur sufren una discriminación generalizada en ámbitos como el empleo, la educación o la vivienda; además, ven obstaculizada su libertad de religión y sufren marginación política.
