Más de 500 personas han sido detenidas en localidades como Bamenda y Buea
• Los manifestantes heridos huyen de los hospitales por miedo a ser detenidos
• Se obliga a los manifestantes detenidos a pagar sobornos de 60 dólares estadounidenses para ser liberados
Al menos 500 personas permanecen recluidas en condiciones de hacinamiento en centros de detención tras las detenciones arbitrarias masivas en las regiones de habla inglesa de Camerún, y muchos de los manifestantes heridos han huido de los hospitales para evitar ser arrestados, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Las personas recluidas fueron detenidas tras las protestas que tuvieron lugar en decenas de localidades del noroeste y el suroeste de Camerún el 1 de octubre, en las que las fuerzas de seguridad mataron a tiros de manera ilegítima a más de 20 personas.
“Esta detención masiva de personas que se manifestaban, en su mayoría pacíficamente, no sólo constituye una violación de derechos humanos, sino que además es probable que sea contraproducente”, ha afirmado Ilaria Allegrozzi, investigadora de Amnistía Internacional sobre el lago Chad.
“Las autoridades de Camerún deben poner en libertad a cualquier persona detenida únicamente por ejercer su derecho a protestar de manera pacífica.”
Las detenciones se llevaron a cabo en varias localidades de estas regiones. En Bamenda, la capital de la región noroccidental, al menos 200 personas fueron detenidas, y la mayoría de ellas fueron trasladadas a la prisión de Bafoussam.
En Buea, la capital de la región suroccidental, al menos 300 personas han sido detenidas desde las protestas del 1 de octubre, también en varias detenciones masivas arbitrarias realizadas entre el 6 y el 8 de octubre.
El domingo 8 de octubre, por ejemplo, la policía detuvo a más de 100 personas que se dirigían a pie a la iglesia en la zona de la milla 16 de Buea, y entró en el edificio para arrestar al personal de la iglesia. Algunas de estas personas ya han sido liberadas.
Las fuerzas de seguridad, incluido el ejército, cuyo despliegue con fines de aplicación de la ley debería realizarse sólo como medida excepcional en situaciones de emergencia, también han hecho uso excesivo e innecesario de la fuerza al llevar a cabo las detenciones, y han destruido y saqueado bienes.
En un incidente ocurrido el 3 de octubre en Buea, un agente de policía lanzó un bote de gas lacrimógeno en el interior de un vehículo en el que había una decena de manifestantes, que tuvieron que romper la ventana para que entrara el aire. En todos los casos documentados por Amnistía Internacional, las detenciones se efectuaron sin orden judicial.
Testigos presenciales han descrito que las prisiones se han masificado tras la ola de detenciones. En Buea, la población reclusa ha pasado de 1.000 personas antes del 22 de septiembre a alrededor de 1.500 en la actualidad. En un centro de detención gestionado por una unidad móvil de la policía —la Agrupación Móvil de Intervención (GMI)— en Buea, se ha descrito que los reclusos están “apretados como sardinas”.
Algunas de las personas detenidas han sido acusadas de secesión, y contra otras se han presentado cargos tales como no disponer de documentos de identidad, destruir propiedad pública o no respetar una orden del gobernador. Algunas ya han comparecido ante los tribunales. Otras fueron liberadas tras el pago de sobornos; en Buea, hay familias que denuncian haber pagado unos 60 dólares estadounidenses a miembros de la policía por cada familiar detenido.
El miedo a la detención y el amplio despliegue de las fuerzas de seguridad también causó que decenas de manifestantes heridos arriesgaran su vida al huir de los hospitales a los que acudieron para ser atendidos tras recibir disparos durante las manifestaciones. Las fuerzas de seguridad entraron en al menos un hospital para arrestar a pacientes.
Amnistía Internacional ha recopilado información de familiares, testigos presenciales, profesionales del derecho y centros médicos en estas regiones y ha sabido que en al menos nueve hospitales hubo personas heridas de gravedad que huyeron antes de que concluyera su tratamiento, fueron recogidas por familiares o solicitaron el alta médica en contra de la opinión del personal médico, por temor a ser detenidas.
En uno de esos casos, un hombre joven que acabó con múltiples fracturas después de que un miembro del ejército le disparara en ambas piernas fue llevado a casa por su familia antes de haber sido estabilizado. Según un médico que trató al paciente, “había perdido más de un litro de sangre. No sé si sigue con vida, tiene probabilidades de morir”.
Otro médico dijo a Amnistía Internacional: “Algunos de nuestros pacientes huyeron del hospital incluso antes de ser estabilizados, por miedo a que la policía viniera a arrestarlos”.
Un tercer médico contó a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad no le permitieron a él ni otros médicos examinar los cadáveres para confirmar clínicamente que habían recibido disparos.
En otro caso, un hombre joven fue abatido por las fuerzas de seguridad de un disparo en la cabeza en la misma puerta del hospital cuando huía de la manifestación. Las balas atravesaron las paredes del hospital y entraron en una sala en la que un médico y sus asistentes de enfermería estaban realizando una operación.
“El clima de miedo en las regiones anglófonas podría incluso dar lugar a que mueran más personas a causa de sus heridas, ya que tienen demasiado miedo para buscar la atención médica que tan desesperadamente necesitan”, ha afirmado Ilaria Allegrozzi.
“Las fuerzas de seguridad deben poner fin a la detención arbitraria de manifestantes y permitir que las personas heridas puedan ser atendidas sin temor. Asimismo, las organizaciones internacionales deberían enviar observadores de la situación de los derechos humanos y personal médico para evaluar la situación y prestar atención médica de urgencia.”
