Un día como hoy, hace 34 años, Luis García Meza encabezó un golpe de estado militar en Bolivia y dio inicio a un régimen (1980-1981) en el que se cometieron graves violaciones de los derechos humanos, como desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias contra opositores políticos. Con ocasión de este aniversario, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades bolivianas a que atiendan sin más demoras las demandas de las víctimas para que se esclarezca toda la verdad, se haga justicia y obtengan una reparación justa tanto para quienes fueron víctimas del régimen de García Meza como de los otros regímenes militares que tiñeron Bolivia entre 1964-1982.
Amnistía Internacional reconoce que el posterior enjuiciamiento y condena del ex mandatario Luis García Meza en 1993 por varios delitos, incluídos asesinatos masivos de opositores, mandó un mensaje fuerte a favor de la lucha contra la impunidad. Sin embargo, este importante esfuerzo no se ha traducido posteriormente en otras acciones igualmente necesarias para asegurar que los demás responsables de violaciones de derechos humanos durante los 18 años de gobiernos militares en Bolivia comparezcan ante la justicia.
Tampoco se conoce el paradero de la mayoría de las más de 150 personas que se calcula fueron víctimas de desaparición forzada entre 1964 y 1982, ni se ha realizado la desclasificación de los archivos militares de la época que podrían contener información crucial sobre las violaciones ocurridas. Amnistía Internacional lamenta que los familiares de víctimas que han intentado llegar a los archivos -incluso mediante órdenes judiciales- han encontrado obstáculos de parte de las autoridades militares que han resultado hasta la fecha en la falta de acceso.
A diferencia de otros países en la región, Bolivia no tiene ningún mecanismo que permita esclarecer la magnitud de las violaciones de derechos humanos cometidas en esa época. Amnistía Internacional espera que durante este 2014 la Asamblea Legislativa Plurinacional avance en la discusión de un proyecto de ley de comisión de la verdad que cuente con el respaldo de las organizaciones de víctimas, se sustente en criterios de independencia e imparcialidad y cuente con un presupuesto asignado para su fin.
Asimismo, Amnistía Internacional observa con extrema preocupación la falta de interés de las autoridades para asegurar una reparación integral a las víctimas. La aplicación de ley 2640 de resarcimiento de víctimas de la violencia de 2004 ha generado más frustración que alivio. Requisitos muy difíciles o imposibles de aportar, plazos demasiado estrictos o la falta de información proporcionada a las víctimas y famiiares de víctimas durante todo el proceso resultó en un número muy bajo de solicitudes aceptadas. El proceso terminó el 2012 con la publicación de una lista de 1.714 víctimas. El resto de las solicitudes, alrededor de 4.200 fueron rechazadas. Las autoridades deben revisar este proceso y asegurar que las víctimas tienen acceso a una compensación económica justa y a otras medidas de reparación que les permitan continuar con su vida de forma digna.
Bolivia está fallando a las víctimas y los familiares de las víctimas de los gobiernos militares, que observan con mucho pesar cómo sus reclamos han sido desatendidos una y otra vez por los distintos gobiernos. Algunos de ellos, de edad avanzada, temen no llegar a ver ningún cambio. Amnistía Internacional se suma a esta preocupación y solicita a las autoridades más voluntad y compromiso político para atender sus demandas. De no ser así, Bolivia corre el riesgo no sólo de no responder a las víctimas de tortura, desaparición forzada, detención arbitraria o exilio en Bolivia, sino de quedarse a la cola de la región en los efuerzos para avanzar en la verdad, justicia y reparación por los abusos que se cometieron en buena parte del continente entre los años 1960 y 1980.
Información complementaria
El gobierno militar de García Meza (17 de julio de 1980 – 4 de agosto de 1981) es considerado como uno de los regímenes en Bolivia donde más violaciones a los derechos humanos se cometieron. Fue en este golpe de estado cuando se produjo el asalto a las oficinas de la Central Obrera Boliviana donde se detuvo, asesinó e hizo desaparecer al líder político y escritor Marcelo Quiroga Santa Cruz y al dirigente Juan Carlos Flores Bedregal. Hasta la fecha, los cuerpos de los dos dirigentes siguen sin aparecer. Asimismo, en este periodo, el 15 de enero de 1981, tuvo lugar la llamada “masacre de la calle Harrington” en La Paz, donde fueron asesinados nueve representantes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria.
El régimen de García Meza fue sólo uno de los varios gobiernos militares y autoritarios que dominaron Bolivia entre 1964 y 1982. En estos 18 años, más de 150 personas fueron víctimas de desaparición forzada y al menos 200 de ejecuciones extrajudiciales, alrededor de 5.000 fueron detenidas de forma arbitraria, muchas sufrieron tortura y miles sufrieron exilio o deportación.
El 11 de marzo de 2014 Amnistía Internacional publicó el informe “No me borren de la historia”. Verdad, justicia y reparación en Bolivia (1964-1982) que documenta los obstáculos que enfrentan las víctimas para que sus derechos sean reconocidos.
En el 2013 el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, ambos de Naciones Unidas exhortaron a Bolivia a llevar a cabo acciones para avanzar en las investigaciones de las violaciones de derechos humanos de los gobiernos militares, y a revisar el proceso de reparaciones a las vítcimas.
Leé el informe completo de Amnistía Internacional ingresando aquí:
http://amnesty.org/en/library/info/AMR18/005/2014/en
FIRMA LA PETICIÓN AQUÍ:
https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/bolivia-aniversario-golpe-jul14/
