DECLARACIÓN PÚBLICA
5 de noviembre de 2013
Amnistía Internacional ha asegurado hoy que las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas durante los regímenes militares y autoritarios que gobernaron entre 1964 y 1982, siguen esperando verdad, justicia y reparación integral.
En el marco de una visita a Bolivia que culmina el 6 de noviembre, una delegación de Amnistía Internacional ha sostenido reuniones con víctimas de violaciones a derechos humanos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y autoridades, para abordar temas de verdad, justicia y reparación, entre otras materias.
Hace casi ya 10 años se aprobó la Ley 2640 destinada a proveer resarcimiento a las víctimas de violaciones de derechos humanos del pasado. Su implementación ha tenido diversas falencias que han restringido el derecho de las víctimas o sus familiares a ser reparados de manera integral conforme lo exigen las obligaciones internacionales a Bolivia.
De las aproximadamente 6.200 solicitudes presentadas desde el 2005, en mayo de 2012 se hizo público un listado con 1.714 personas calificadas como víctimas de detención arbitraria, tortura, desaparición forzada, entre otras violaciones. Ese mismo año se estableció un pago único del 20 por ciento del total de resarcimiento a las víctimas previsto en el 2004.
Los requisitos exigidos para calificar como víctima han sido inalcanzables para muchos de los solicitantes. No parece razonable exigir declaraciones testificales con especificación de fechas en casos de tortura, ni certificados médico forense cuando las lesiones han ocurrido hace más de 30 años; menos aún esperar que un médico hubiese otorgado un certificado por torturas en un contexto de regímenes autoritarios.
Asimismo, la difusión de información acerca del proceso para solicitar el resarcimiento ha sido insuficiente, conforme ha podido documentar Amnistía Internacional. En zonas apartadas del país, por ejemplo, varias víctimas y familiares tuvieron conocimiento del proceso de resarcimiento cuando ya era muy tarde para presentar documentos.
Según Amnistía Internacional, un proceso que comenzó en el 2005 y que terminó siete años más tarde, ha sido muy desgastante y tedioso para las víctimas y sus familiares. La organización ha constatado que para muchos de ellos, solicitar el resarcimiento conforme a la ley iba más allá de una compensación económica. Al haber sido descalificados, muchos sienten que el Estado les desconoce los sufrimientos que padecieron y las violaciones de derechos humanos que enfrentaron durante los regímenes militares y autoritarios.
Se observa lentitud y falta de administración de justicia por hechos que ocurrieron hace más de 30 años. Si bien algunos casos han llegado a condena, la mayoría de los casos de tortura, detención arbitraria, desaparición forzada, entre otros, no han corrido la misma suerte. Los cuerpos de muchas víctimas de desaparición forzada, siguen sin ser encontrados. Conforme a cifras de una organización de familiares de víctimas desaparecidas, se estima un número de unas 150 personas entre 1964 y 1982. La falta de desclasificación de los archivos militares que podría contener información sobre todo los periodos de los regímenes militares, sigue obstaculizando la obtención de justicia.
Amnistía Internacional reconoce que muchos cambios y reformas significativos en materia de derechos humanos han tenido lugar en Bolivia en los últimos años. Sin embargo, la obtención de verdad, justicia y reparación sigue siendo un asunto pendiente. Por ello, instamos al Estado a efectuar un compromiso serio con todas las víctimas para garantizarles una reparación integral.
Información Complementaria
Recientemente el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió una serie de recomendaciones al Estado Plurinacional de Bolivia, en diversas materias de derechos humanos. En cuanto a verdad, justicia y reparación, según el Comité el Estado debe:
· “Impulsar activamente las investigaciones de violaciones de derechos humanos durante este período, para que se identifique a los responsables, se les enjuicie y se les imponga sanciones apropiadas.
· Asegurar que las Fuerzas Armadas cooperen plenamente en las investigaciones y proporcionen sin dilación toda la información de que dispongan.
· Revisar los criterios respecto de la carga de la prueba del hecho resarcible, de manera que no resulte insalvable para las víctimas, y establecer un mecanismo de apelación y revisión de las solicitudes, así como asegurar los recursos necesarios para garantizar a las víctimas la indemnización total de las cantidades otorgadas.
· Garantizar plenamente el derecho a una reparación integral, que incluya una atención y acompañamiento psicosocial y la dignificación de la memoria histórica, como reconoce la Ley 2640. Particular atención debe ser prestada a aspectos de género y a las víctimas en situación de vulnerabilidad”.
