COMUNICADO DE PRENSA
La falta de voluntad política para garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las personas que sufrieron violaciones de los derechos humanos durante los regímenes militares y autoritarios que gobernaron Bolivia entre 1964 y 1982 condena a las víctimas a ser borradas de la historia, ha asegurado hoy Amnistía Internacional.
Al cumplirse 10 años de la promulgación de la Ley 2640 que buscaba otorgar reparación a las víctimas y familiares de las violaciones a derechos humanos cometidas durante los regímenes militares, Amnistía Internacional ha presentado hoy el informe No me borren de la historia. Verdad, justicia y reparación en Bolivia (1964-1982). Dicho informe documenta lo insuficiente que han sido las medidas adoptadas por las autoridades bolivianas para conocer la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos cometidas durante esos años, llevar a sus responsables ante la justicia y proveer reparación a las víctimas.
“Bolivia no puede pasar esta página negra de su historia sin leerla del todo. Las autoridades bolivianas han hecho hasta ahora una lectura selectiva al no enjuiciar a los responsables de las violaciones de derechos humanos y reparar cabalmente a las víctimas. Si no rectifican, estarán condenando a cientos de víctimas al olvido, dijo María José Eva Parada, investigadora de Amnistía Internacional sobre Bolivia.
Según datos de Amnistía Internacional y organizaciones de víctimas, más de 150 personas habrían sido víctimas de desaparición forzada y al menos 200 de ejecuciones extrajudiciales. Cerca de 5.000 sufrieron detención arbitraria y miles se vieron forzadas a partir al exilio.
“Lamentablemente, aunque ha habido algunos avances en la lucha contra la impunidad, fuera de unos pocos casos emblemáticos, la mayoría de los responsables de los abusos de aquella época no han comparecido ante la justicia”, indicó María José Eva Parada.
Las medidas para reconocer y reparar a las víctimas y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos no han respondido a las expectativas. La Ley 2640 de resarcimiento a víctimas de la violencia política, aprobada en 2004, estableció mecanismos para reconocer a las víctimas y otorgarles honores, atención médica y compensación. Sin embargo, su puesta en práctica no ha garantizado una reparación justa.
De las 6.000 peticiones que fueron entregadas, menos de un tercio fueron exitosas. Los estrictos requisitos impuestos por la ley y sus reglamentaciones, la rigidez de los plazos y la falta de información sobre el proceso, han sido un obstáculo para que muchas víctimas y sus familiares hubieran podido calificar o presentar sus antecedentes.
“Esto es una afrenta para las víctimas y sus familiares. La forma con la que se ha aplicado esta ley de reparación revela la falta de atención con que las autoridades bolivianas han abordado la situación de las víctimas y sus familiares, a quienes no sólo se les ha negado una reparación integral, sino también, en muchos casos, su condición de víctima. Muchas de ellas son de edad avanzada y puede ser que mueran sin alcanzar siquiera ese reconocimiento,” ha añadido María José Eva.
Medio siglo después de que el golpe de Estado del general Barrientos inaugurara casi dos décadas de gobiernos autoritarios en el país, siguen sin ser atendidas las demandas de las víctimas para establecer la verdad de lo ocurrido durante esa época.
La nula colaboración de las autoridades militares para hacer disponibles sus archivos clasificados referentes a esa época es un factor clave que ha contribuido a la falta de verdad, justicia y reparación en Bolivia.
“El Estado boliviano debe responder de manera determinada y comprometida a las demandas de las víctimas del pasado y a sus familiares, y generar los mecanismos para que haya verdad, justicia y reparación. Sólo así se asegurará que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en esa época nunca más ocurran”, concluyó María José Eva Parada.
Información de contexto
El informe No me borren de la historia. Verdad, justicia y reparación en Bolivia (1964-1982) está basado en tres visitas al país que entre 2012 y 2013 realizó una delegación de Amnistía Internacional. Durante dichas visitas, las delegadas de la organización realizaron más de 100 entrevistas a víctimas y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos durante las dos décadas de gobiernos militares y autoritarios de diversas zonas del país, incluyendo La Paz, Cochabamba, Tarija y Oruro.
La organización recibió documentación acerca de decenas de casos y solicitó información y mantuvo reuniones con varias autoridades bolivianas, incluyendo representantes del Ministerio de Justicia y de Defensa, la Fiscalía General y del Defensor del Pueblo.
