La decisión adoptada hoy por un tribunal de Bahréin de expulsar a 10 personas a las que se ha despojado de la nacionalidad bahreiní debe ser anulada, ha declarado Amnistía Internacional.
Los 10 afectados por la sentencia forman parte de un grupo de 31 personas a quienes se retiró la nacionalidad arbitrariamente en noviembre de 2012. Además de su expulsión, el tribunal les ha impuesto el pago de 100 dinares bahreiníes (aproximadamente 250 dólares estadounidenses).
Se ha comunicado a los hombres, considerados extranjeros en el país desde que se les retiró la nacionalidad, que la expulsión se podría producir en unos días. No se les ha informado del lugar a donde se les va a enviar.
“Privar arbitrariamente a estos bahreiníes de su nacionalidad y obligarlos a salir de Bahréin los convierte en apátridas, lo que es contrario a las obligaciones internacionales contraídas por Bahréin”, afirmó Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Ya se les ha despojado efectivamente de derechos fundamentales como el acceso al trabajo, a la atención sanitaria y a la educación sólo por tener opiniones disidentes, y su expulsión del país va todavía un paso más allá.”
En noviembre de 2012, el Ministerio del Interior declaró que la decisión de retirar la nacionalidad a estas 31 personas se había adoptado en aplicación de la Ley de Ciudadanía de Bahréin, en cuya virtud se puede privar de la nacionalidad a cualquier persona que cause un perjuicio a la seguridad del Estado.
Sin embargo, no se ha dado ninguna explicación a ninguna de estas 31 personas sobre la amenaza que representaban. Veinte de ellas viven en el extranjero y entre ellas hay dos ex parlamentarios, así como activistas y líderes religiosos.
“Las autoridades bahreiníes se están quedando sin argumentos para justificar la represión. Ahora recurren a medidas extremas como condenas a prisión y la retirada de la nacionalidad para acallar la disidencia en el país, en lugar de permitir que los ciudadanos expresen pacíficamente sus opiniones”, añadió Hassiba Hadj Sahraoui.
La opacidad de la decisión de privar a estas personas de su nacionalidad hace que las actuaciones judiciales seguidas contra ellas sean arbitrarias e injustas.
En agosto de 2014 comenzaron los juicios contra los 31 afectados, a los que se acusó de permanecer ilegalmente en el país.
Las nuevas enmiendas introducidas a la legislación de Bahréin amplían las razones por las que se puede retirar la nacionalidad, que en la actualidad son aplicables a toda persona cuyos “actos sean contrarios a su deber de lealtad al reino”, adopte otra nacionalidad sin autorización previa del Ministerio del Interior y sea declarada culpable de unos delitos de terrorismo cuya formulación es poco precisa.
