Comunicados de prensa
11 diciembre 2013
El gobierno australiano mantiene a más de 1.000 solicitantes de asilo en condiciones vergonzosas en un centro de tramitación de la isla de Manus (Papúa Nueva Guinea), ha declarado Amnistía Internacional.
Un informe publicado hoy expone con detalle que los solicitantes de asilo están recluidos en condiciones similares a una cárcel, en unas instalaciones muy reducidas y en un calor sofocante, mientras se les niega agua suficiente y atención médica. La mayoría de ellos han huido de situaciones terribles y arriesgaron su vida para llegar a Australia.
“Este sistema de duras condiciones y trato humillante es un intento deliberado de presionar a las personas para que regresen a las desesperadas situaciones de las que han huido. Australia es directamente responsable de esta combinación deplorable e ilegal de detención arbitraria y condiciones inhumanas”, afirma Claire Mallinson, directora nacional de Amnistía Internacional Australia.
“La política de enviar a solicitantes de asilo, muchos de los cuales han padecido sufrimientos terribles en sus países de origen, a instalaciones situadas fuera del territorio de Australia, debe terminar.”
El informe de Amnistía Internacional, titulado This Is Breaking People: Human Rights Violations at Australia’s Asylum Seeker Processing Centre on Manus Island, Papua New Guinea, se basa en una reciente visita de investigación realizada del 11 al 16 de noviembre a la isla de Manus. En él se detallan las espantosas condiciones del centro, donde sólo 55 de los más de 1.000 solicitantes de asilo han podido iniciar su solicitud del estatuto de refugiado.
“La política australiana es cruelmente irónica. Australia reconoce la peligrosa situación de países como Siria y Myanmar. Sabe que estas personas han arriesgado su vida para huir, pero luego las recluye en condiciones carcelarias y les niega su derecho a pedir asilo”, prosiguió Claire Mallinson.
Muchos de los solicitantes de asilo recluidos en la isla de Manus han huido de conocidas zonas de conflicto, como Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria. Otros han huido de situaciones de discriminación extrema y apatridia, como los rohingyas de Myanmar y los bidun de la región del Golfo Pérsico, y no tienen a donde regresar.
Algunos afirmaron que habían pensando en suicidarse debido a las duras y humillantes condiciones.
Un iraquí de 43 años dijo: “He vivido en zonas de guerra, con bombas y explosiones. Nunca he experimentado lo que estoy experimentando aquí con esta incertidumbre. Habría sido mejor morir en el mar.”
El trato inhumano está presionando a los refugiados en potencia a optar por regresar a su país de origen. Esto representa un grave incumplimiento de las obligaciones contraídas por Australia en virtud del derecho internacional, pues expone a las personas al riesgo de regresar a lugares donde probablemente serán perseguidas o torturadas.
El Centro Regional de Tramitación de la Isla de Manus es en esencia un centro gestionado por Australia en territorio de Papúa Nueva Guinea. Las autoridades australianas están estrechamente implicadas en todos los aspectos de la detención, traslado y reclusión de los solicitantes de asilo. También contratan a los guardas de seguridad, a los proveedores de servicios y a los profesionales médicos, y en general gestiona el funcionamiento cotidiano del centro.
Condiciones duras y deliberadamente crueles en la vida cotidiana
Cuando Amnistía Internacional realizó su visita, había aproximadamente 1.100 solicitantes de asilo varones en el centro, divididos en tres “recintos”: Delta, Foxtrot y Oscar. Cada recinto está rodeado de ocho elevadas vallas de metal y está patrullado por guardias de seguridad contratados por el gobierno australiano.
Los recintos son sumamente reducidos, no hay intimidad ni proporcionan sombra o refugio del opresivo calor, la humedad y las fuertes lluvias del trópico. Los detenidos pasan varias horas al día haciendo cola al sol para recibir la comida.
El dormitorio P de Foxtrot es especialmente preocupante y sus condiciones violan las obligaciones contraídas por Australia en virtud de la Convención contra la Tortura de la ONU. Tiene un tejado de chapa ondulada, carece de ventanas y sólo cuenta con dos pequeños ventiladores que funcionan para 112 hombres en condiciones de hacinamiento.
“La mezcla de calor sofocante, sudor y humedad deja un enorme hedor permanente. Los solicitantes de asilo denunciaron que habían encontrado serpientes en la sala y que ésta se inunda cuando llueve”, añadió Claire Mallinson.
Los hombres también dijeron que se les había negado agua potable en el recinto Oscar, donde los detenidos reciben sólo una décima parte de la que necesitan.
Servicios de salud y comunicación insuficientes
El centro no puede proporcionar tratamiento adecuado a los hombres que padecen enfermedades y discapacidades graves, como asma, diabetes, epilepsia, gastroenteritis y enanismo.
Tampoco puede hacer frente a la creciente demanda de servicios de salud y salud mental. El personal médico está frustrado por la falta de respuesta de las autoridades australianas a peticiones básicas que mejorarían la salud y la higiene dentro del campo.
Insultos y malos tratos físicos
Amnistía Internacional también escuchó testimonios de trato humillante desde el momento en que los hombres son trasladados al centro. A los detenidos se les suele llamar con el número de identificación de su barco, y muchos citan casos de insultos y malos tratos a manos del personal, como patadas, puñetazos y empujones.
“Este es el proceso para quebrar mentalmente a una persona. Estas condiciones contribuyen a diversos problemas de salud mental, como depresión, ansiedad, falta de sueño y trauma, especialmente en los hombres que proceden de zonas de guerra”, afirmó un profesional médico.
Ausencia de trámites
La política de tramitación fuera del territorio supone negar a las personas el derecho a solicitar asilo a su llegada a Australia. Sin embargo, el gobierno de Papúa Nueva Guinea no ha adoptado ni una sola decisión sobre refugio desde que comenzó a aplicarse esta política a finales de 2012.
Apenas se hacen trámites en el centro de la isla de Manus, cuando los hacen. La lentitud de la tramitación parece pensada deliberadamente para disuadir a posibles refugiados y presionar a los detenidos para que regresen a los países de donde han huido.
“Dada la exorbitante cantidad de dinero que ya se ha invertido en este centro de tramitación, es totalmente inaceptable que sólo se hayan empezado a estudiar en serio los casos de algunos detenidos”, dijo Claire Mallinson.
A los solicitantes de asilo no se les da información sobre los trámites ni sobre la duración de su reclusión, y pese a sus reiteradas peticiones no tienen acceso a un abogado. La incertidumbre y la espera están dañando gravemente su salud mental.
Recomendaciones
La política vigente de tramitación fuera del territorio es un fracaso espectacular en todos los aspectos.
Amnistía Internacional pide al gobierno australiano que revise inmediatamente su Acuerdo Regional de Reasentamiento con Papúa Nueva Guinea y ponga fin a la tramitación fuera de su territorio y a la reclusión fuera de su territorio de solicitantes de asilo. Todos los solicitantes de asilo recluidos en el centro de detención de la isla de Manus deben ser trasladados de nuevo a territorio australiano y tener pleno acceso al procedimiento para la concesión de asilo en Australia.
Hasta que se cierre el centro de detención de la isla de Manus y todos los solicitantes de asilo recluidos allí sean trasladados a territorio australiano, el gobierno de Australia debe adoptar medidas inmediatas para mejorar las condiciones del centro para cumplir las normas internacionales. Entre ellas, debe poner fin a los abusos, dejar de usar el dormitorio P como alojamiento, proporcionar servicios médicos adecuados y asegurarse de que no se presiona a nadie para que regrese a un país donde podría sufrir persecución u otros malos tratos.
Tanto el gobierno de Australia como el de Papúa Nueva Guinea deben garantizar, con carácter urgente, la implantación de un sistema imparcial y efectivo de tramitación, y trabajar con otros gobiernos de la región para alcanzar una solución regional real que proteja los derechos de los solicitantes de asilo y refugiados con arreglo a las leyes internacionales de derechos humanos y sobre refugiados.
