DECLARACIÓN PÚBLICA
19 de diciembre de 2013
Las autoridades saudíes deben dejar en libertad a todos los miembros de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos detenidos por criticar el historial del gobierno en materia de derechos humanos o pedir reformas políticas, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, en respuesta a la condena de prisión impuesta la semana pasada al miembro más joven de la Asociación.
El 12 de diciembre, un tribunal penal de Burayda, localidad de la provincia de Al Qassim, en el centro del país, condenó a Omar al-Hamid al-Sa’id, de 22 años, a cuatro años de prisión y a recibir 300 latigazos. Le impuso también la prohibición de viajar durante cuatro años una vez cumplida la pena de prisión.
Omar al-Sa’id fue declarado culpable de cargos como desobedecer al gobernante, pertenecer a una organización no autorizada, incitar a alterar el orden convocando manifestaciones y dañar la imagen del Estado difundiendo información falsa.
Amnistía Internacional considera a Omar al-Hamid al-Sa’id preso de conciencia, encarcelado únicamente por sus actividades pacíficas como miembro de la Asociación, y pide a las autoridades saudíes que lo dejen en libertad de inmediato y sin condiciones y que garanticen que no sufre flagelación ni ningún otro castigo corporal.
El juicio se vio empañado por irregularidades de procedimiento. Tras su detención el 28 de abril de 2013 y estando recluido para ser interrogado por la Oficina General de Investigación y Procesamiento, se negó a Omar al-Sa’id asistencia jurídica, y una vez en prisión preventiva se impidió a sus abogados ir a verlo.
Con respecto a la sesión final del juicio, celebrada el 12 de diciembre, sus abogados no pudieron asistir a ella, pues no se les notificó la fecha, pese a haber preguntado reiteradamente al juez la semana anterior para cuándo se había fijado. El propio Omar al-Sa’id no supo que iba a celebrase hasta que los guardias de la prisión fueron a buscarlo para llevarlo ante el tribunal, por lo que no pudo avisar a su familia y sus amigos. Protestó ante el tribunal por el hecho de que se estuviera celebrando la vista en secreto, pero el juez respondió que era una sesión abierta al público, señalando que se encontraban en la sala cinco personas que eran periodistas.
El juicio de Omar al-Sa’id forma parte de una serie de procesos contra miembros de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, todos los cuales se enmarcan en una constante de represión del derecho a la libertad de asociación y expresión en Arabia Saudí.
Desde el 28 de noviembre de 2013, otros dos miembros de la Asociación, Issa al-Hamid y Abdulaziz al-Shubaily, han recibido en varias ocasiones una citación de la Oficina General de Investigación y Procesamiento para ser interrogados acerca de sus actividades pacíficas en la Asociación. Issa al-Hamid está siendo investigado por “agitar a la opinión pública” y fundar una organización no autorizada y ser su presidente. A Abdulaziz al-Shubaily se lo investiga por “agitar a la opinión pública” y pertenecer a una organización no autorizada. Es probable que ambos queden a disposición de los tribunales para su juicio antes de que acabe el año.
Otro cofundador de la Asociación, Fowzan al-Harbi, compareció por primera vez en juicio ante un tribunal penal de la capital saudí, Riad, el 4 de diciembre de 2013, por cargos como incitar a desobedecer al gobernante, animar a alterar el orden público y cofundar una organización no autorizada y hacer caso omiso de la orden judicial de disolverla. La próxima vista del juicio está fijada para el 26 de diciembre de 2013. Fowzan al-Harbi se encuentra actualmente en libertad.
En marzo y junio de 2013, tres miembros fundadores de la Asociación –Abdullah bin Hamid bin Ali al-Hamid (hermano de Issa al-Hamid), Mohammad bin Fahad bin Muflih al-Qahtani y Abdulkareem Yousef al-Khoder– fueron condenados a entre 8 y 11 años de prisión.
Amnistía Internacional ha instado reiteradamente a las autoridades saudíes a que hagan valer el derecho a la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica y pongan en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas únicamente por el ejercicio pacífico de tal derecho.
Durante el examen del historial de Arabia Saudí en materia de derechos humanos, que tuvo lugar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en octubre de 2013, en el marco de su mecanismo de examen periódico universal, algunos de los Estados participantes pidieron a las autoridades saudíes que permitan a las ONG que trabajan en la esfera de los derechos humanos desarrollar sus actividades sin temor a ser llevadas ante los tribunales o sufrir otras formas de hostigamiento.
Las autoridades saudíes deben dejar de condenar a los activistas de derechos humanos a prisión y de someterlos a otros actos de hostigamiento judicial debido a sus críticas a las políticas o los miembros del gobierno. Sólo entonces podrán comenzar a abordar de manera adecuada el historial del país en materia de derechos humanos.
Para más información sobre los casos anteriormente mencionados, véase
Arabia Saudí: Activistas de derechos humanos ante los tribunales a medida que se intensifica la represión
(Índice: PRE01/627/2013), publicado el 28 de noviembre (http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/arabia-saudi-activistas-ddhh-tribunales-represion-2013-11-28).
