En la última semana, las autoridades de Arabia Saudí han intensificado su campaña de represión de la libertad de expresión con la detención de de más de una veintena de destacadas figuras religiosas, escritores, periodistas, intelectuales y activistas, ha dicho Amnistía Internacional.
“En los últimos años no se recuerda una semana en la que se hayan visto afectadas tantas destacadas figuras saudíes en tan poco tiempo”, ha declarado Samah Hadid, director de Campañas de Amnistía Internacional en Oriente Medio.
“No cabe duda de que el nuevo liderazgo del príncipe heredero Mohamad Bin Salman está transmitiendo un mensaje escalofriante: la libertad de expresión no se tolerará, vamos a perseguirla.”
Entre las personas detenidas hay destacados clérigos islámicos, como Sheij Salman Al Jalifa, influyente figura religiosa con más de 14 millones de seguidores en las redes sociales, conocido por pedir reformas y abogar por un mayor respeto de los derechos humanos en la sharia o ley islámica, que fue detenido el 9 de septiembre.
Según los informes, Abdullah al Maliki, intelectual y escritor conocido por su apoyo a las reformas y los derechos humanos, fue detenido el 12 de septiembre. Essam al Zamel, empresario conocido por sus escritos sobre la necesidad de reformas económicas, también fue detenido ese mismo día.
Hasta la fecha no hay información oficial sobre el paradero de ninguna de las personas afectadas por esta campaña represiva.
Sigue sin conocerse cuántas personas han sido detenidas, y en las redes sociales surgen denuncias de nuevos arrestos.
“Nos preocupa mucho el bienestar de las personas detenidas. El gobierno saudí debe revelar inmediatamente su paradero y garantizar que están protegidas frente a la tortura y otros malos tratos, así como permitirles acceder a abogados y tener contacto con sus familiares”, ha dicho Samah Hadid.
“Las autoridades deben desvelar de inmediato los cargos presentados contra las personas detenidas y, si su detención se debe al ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, ponerlas de inmediato en libertad”.
Si bien hasta la fecha siguen sin conocerse los motivos exactos de estas detenciones, un organismo dependiente del rey creado recientemente para unificar los servicios nacionales de inteligencia y antiterrorismo, publicó el 11 de septiembre una declaración en la que afirmaba que estaba vigilando “las actividades de inteligencia de un grupo de personas en beneficio de intereses extranjeros contra la seguridad del Estado y sus intereses, metodología, capacidad y paz social a fin de fomentar la sedición y perjudicar la unidad nacional”.
“Algunas de las personas detenidas son destacadas figuras conocidas por su activismo pacífico. Si al final son acusadas de ‘incitar a la discordia’ e ‘infringir la unidad nacional’, que en Arabia Saudí se consideran delitos de terrorismo, las perspectivas de la libertad de expresión en el país se presentan realmente muy sombrías”, ha dicho Samah Hadid.
Desde que el príncipe Mohamad Bin Salman se convirtió en príncipe heredero el 21 de junio, la situación de los derechos humanos en el país se ha deteriorado notablemente.
Las autoridades siguieron llevando a juicio a personas que defienden los derechos humanos por cargos relacionados con su activismo pacífico en el famoso Tribunal Penal Especializado de Riad, creado para ver casos de seguridad y terrorismo en aplicación de la legislación antiterrorista de 2014. También se ha documentado un preocupante aumento de las ejecuciones, así como el mantenimiento de las condenas a muerte de disidentes políticos.
“La mayoría de los defensores y defensoras de los derechos humanos saudíes están ya en prisión cumpliendo condena o se enfrentan a juicios manifiestamente injustos, y el resto temen que sus nombres estén en la ‘lista negra’ del gobierno y que los detengan pronto”, ha afirmado Samah Hadid.
Información complementaria
Desde 2013, las autoridades saudíes tienen en el punto de mira a activistas de la sociedad civil y defensores y defensoras de los derechos humanos. Los activistas independientes más destacados del país y otras personas con posturas críticas han sido silenciados, procesados y condenados a largas penas de prisión, o se han visto obligados a huir del país. Los defensores y defensoras de los derechos humanos han sido procesados por cargos imprecisos y excesivamente amplios en aplicación de la legislación antiterrorista de 2014 por sus actividades pacíficas, y condenados hasta a 15 años de cárcel tras juicios manifiestamente injustos ante el famoso Tribunal Penal Especializado, creado para ver casos de seguridad y terrorismo.
En julio de 2017, el Tribunal Penal Especializado informó a Abdulaziz al Shubaily, último miembro fundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos en ser condenado, que se había confirmado su condena de ocho años de cárcel, seguida de la prohibición de viajar durante otros ocho años y de escribir en las redes sociales. El activista corre peligro de ingresar en prisión en cualquier momento.
El 21 de agosto se inició en el Tribunal Penal Especializado el juicio de los defensores de los derechos humanos Issa al Nukheifi y Essam Koshak acusados de varios delitos relacionados con su activismo de derechos humanos y sus publicaciones en las redes sociales.
