Amnistía Internacional y víctimas del régimen militar en Paraguay expresan preocupación por la impunidad en Bolivia

Comunicado de prensa

25/03-2014

Amnistía Internacional Paraguay y organizaciones representantes de víctimas del régimen militar en Paraguay[1] efectuaron una acción de solidaridad internacional con las personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos en Bolivia en la época de los gobiernos militares (1964-1982). Las organizaciones hicieron entrega de una carta a la Primera Secretaria Encargada de Negocios de la Embajada de Bolivia en Paraguay en la que denuncian la situación de impunidad que sufren las víctimas de los regímenes militares en dicho país, y reclaman verdad, justicia y reparación para las mismas. Además, se hizo entrega del informe de Amnistía Internacional “No me borren de la historia: verdad, justicia y reparación en Bolivia (1964 – 1982)”. También, activistas de la Sección paraguaya de Amnistía Internacional entregaron cientos de peticiones a las autoridades bolivianas para exigir que se garantice la seguridad de dichas personas en sus protestas, y solicitan se inicie una investigación inmediata, independiente e imparcial sobre el incendio del campamento de protesta montado ante el Ministerio de Justicia, ocurrido el 9 de febrero de 2014.

Al igual que en Paraguay, la mayoría de las víctimas no han sido escuchado por los tribunales y la mayoría de los responsables de violaciones a los derechos humanos no han sido sancionados por la justicia. Un agravante en Bolivia es que las víctimas inclusive son objeto de amenazas y ataque por la reclamación de derechos que realizan.

Desde marzo de 2012, los miembros de la “Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad, por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano” han estado protestando pacíficamente ante el Ministerio de Justicia de Bolivia para reclamar reparación completa por las violaciones de derechos humanos – tales como tortura y desaparición forzada – sufridas por ellas y por sus familiares durante los regímenes militares que gobernaron Bolivia desde 1964 hasta 1982.

El 11 de febrero Amnistía Internacional publicó el informe “No me borren de la historia (1964-1982)”, 10 años después de que se promulgara la Ley 2640 que buscaba otorgar reparación a las víctimas y familiares de las violaciones a derechos humanos cometidas durante los regímenes militares. Dicho informe documenta lo insuficiente que han sido las medidas adoptadas por las autoridades bolivianas para conocer la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos cometidas durante esos años, llevar a sus responsables ante la justicia y proveer reparación a las víctimas.

María José Garcete, Vicedirectora de Campañas de Amnistía Internacional explicó que “de acuerdo a registros de nuestra organización de aquella época más de 200 personas habrían sido asesinadas, más de 5.000 habrían sido detenidas de forma arbitraria, alrededor de 20.000 habrían sufrido exilio o deportación, y por sobre 150 habrían sido víctimas de desaparición forzada. Sin embargo, han pasado más de 30 años del retorno a la democracia, y sigue pendiente la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de los regímenes militares en Bolivia”.

Desafortunadamente, no existe una investigación exhaustiva sobre las violaciones a los derechos humanos de esta época en Bolivia, ya que a diferencia de Paraguay, no han contado con una Comisión de Verdad y Justicia, ni se han emprendido otras investigaciones completas de parte del Estado.

Otro factor agravante es que la mayoría de los casos, excepto algunos emblemáticos, han quedado en la impunidad, como ha sucedido en Paraguay. Sin embargo, en Paraguay existió una Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) cual documentó graves y sistemática violaciones a los derechos humanos, cuales en su mayoría fueron cometidos a manos del régimen militar (1954-1989). En su informe final la CVJ describe que al menos 59 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, 336 fueron víctimas de desaparición forzada, 3.470 fueron forzados al exilio, 18.772 sufrieron tortura y 19.862 personas fueron detenidas arbitrariamente.

“Nosotros queremos extender nuestra solidaridad a las personas en Bolivia que han sufrido violaciones similares a nosotros. Entendemos sus reclamos y no queremos que se sientan solos en esta lucha” manifestaron las organizaciones representantes de víctimas del régimen militar en Paraguay.

“Es inaceptable que los responsables de violaciones a los derechos humanos no hayan sido sancionados por la justicia y que encima no se haya garantizado la seguridad de las personas que reclaman esta deuda histórica que tiene Bolivia” reiteraron las organizaciones.

Las organizaciones abajo firmantes acudieron a la Embajada de Bolivia en Paraguay para entregar el informe de Amnistía Internacional, junto con cientos de peticiones para las autoridades bolivianas cuales exigen que se garantice la seguridad de los familiares y las víctimas de los gobiernos militares que reclaman sus derechos a la verdad, justicia y reparación.