Amnistía Internacional, movimiento global de más de 10 millones de personas que luchan por un mundo más justo para todas y todos, lamenta profundamente que el Presidente de la República del Paraguay haya promulgado el proyecto de ley sancionado en octubre pasado por el Congreso Nacional “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro” (Exp. S-2300683); y, que en la práctica sólo logrará la restricción del espacio cívico en Paraguay.
La decisión del Presidente de la República va en contramano de un contundente rechazo social y de una amplia condena de la comunidad internacional a su aprobación.
Este proyecto avanzó con base en argumentos falaces: ni las organizaciones civiles sin fines de lucro se encuentran actualmente exentas de rendir cuentas; ni esta ley contribuirá a ordenar los diferentes registros y rendiciones ya existentes.
Esta nueva ley violenta la libertad de asociación y de expresión, al derecho a la privacidad, a participar de los asuntos públicos y al derecho a defender los derechos humanos. Además, adolece de serios déficits legislativos como la vulneración al principio de legalidad por la falta de precisión y claridad, incluyendo la finalidad, alcance e implementación, posibilitando una aplicación arbitraria y una injerencia estatal innecesaria y desproporcionada. En todo el proceso de tramitación, no se han propiciado espacios de diálogo y participación social, negando a los grupos afectados su derecho a la participación efectiva. En innumerables ocasiones, varias organizaciones de la sociedad civil han solicitado mesas de trabajo conjuntas que permitan trabajar colectivamente en una iniciativa legislativa acorde a los principios y normas que rigen en el país.
Es alarmante que Paraguay siga los ejemplos de marcos legislativos que han habilitado la represión de la libre asociación como los dados en otros países de la región y del mundo, como Venezuela, Nicaragua, México, El Salvador, Guatemala, Cuba, Hungría y Rusia, entre otros. Algunas de estas legislaciones han llevado a fuertes multas, amenazas, criminalización e incluso al cierre de organizaciones de la sociedad civil de manera arbitraria e injustificada. Con esta decisión de la Presidencia de la República se profundiza el cierre del espacio cívico en el país y abre la puerta a graves arbitrariedades en el marco de su ejecución.
Amnistía Internacional reafirma su compromiso con los derechos humanos y no cejará esfuerzos en seguir bregando por un mundo más justo.
Noviembre de 2024.-
