Forensic teams working at a crime scene where two people were killed on a public transport unit in the town of Choloma, Honduras.
• Amnistía Internacional publica su Informe 2016/17
• La desigualdad y la impunidad son los principales obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos humanos en las Américas
• La negación de la crisis por parte de los líderes de la región obstaculiza la búsqueda de soluciones
Los niveles récord de violencia y desigualdad, así como la impunidad generalizada causaron un retroceso de niveles históricos para los derechos humanos en las Américas en el último año, concluyó Amnistía Internacional en su informe anual 2016/17, publicado hoy.
El informe 2016/17 presenta un análisis exhaustivo del estado de los derechos humanos en el mundo – con capítulos dedicados a 159 países, incluidos 23 en el continente.
“Estamos frente a uno de los más sostenidos ataques contra los derechos humanos de las últimas décadas,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La retórica de odio y anti-derechos que ha impregnado el discurso y las acciones de la mayor parte de los líderes políticos de la región, están poniendo la seguridad y la vida de millones de personas en peligro.”
“Desde los alarmantes índices de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, hasta la creciente ola de ataques contra quienes defienden los derechos humanos y la falta de acción para frenar la crisis de refugiados, las Américas están enfrentando uno de sus peores momentos cuando de derechos humanos y justicia se trata.”
“Muchos de los líderes de la región deben frenar su intolerancia y concentrar sus esfuerzos en buscar soluciones prácticas y duraderas para acabar con la desigualdad y garantizar la justicia.”
Entre las principales conclusiones de Amnistía Internacional sobre el estado de los derechos humanos en las Américas, se encuentran:
La negación de la urgente necesidad de asilo de cientos de miles de personas provenientes de algunos de los países más violentos del mundo (incluyendo El Salvador y Honduras) en la región, está creando una de las más graves e invisibles crisis de refugiados en el mundo.
La tortura en las Américas sigue siendo una práctica generalizada, y hasta aceptada algunas veces, en las narrativas públicas sobre seguridad ciudadana. Las autoridades de países, incluyendo México, Venezuela y Brasil, con frecuencia parecen tolerar o consentir la tortura como forma de obtener “confesiones” o cubrir “cuotas” para demostrar que están atendiendo la creciente influencia del crimen organizado.
La violencia a manos de las fuerzas de seguridad ha alcanzado niveles alarmantes en países como Brasil, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela, El Salvador y Jamaica, entre otros, sin que las autoridades tomen medidas para ponerle freno. En Rio de Janeiro, la policía dió muerte en promedio a dos personas por día, a medida que la ciudad se preparaba para acoger los Juegos Olímpicos. En Estados Unidos, la policía utilizó fuerza excesiva contra manifestantes que protestaban contra disparos mortales por parte de la policía en Minnesota y Louisiana, entre otros casos. En Jamaica, en vez de abordar las altas tasas de homicidio y crimen, las fuerzas de seguridad amenazan y hostigan con frecuencia a las familias que exigen justicia.
Los ataques contra las personas defensoras de los derechos relacionados a la tierra, al territorio y el medio ambiente han continuado en niveles alarmantes en la región. En 2015, de 185 asesinatos de defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente registrados a nivel global por la organización no gubernamental Global Witness, casi dos tercios, 122, ocurrieron en esta región. El asesinato de la líder indígena Berta Cáceres en Honduras en marzo ha sido uno de los casos más emblemáticos de la violencia que enfrentan las personas defensoras, así como la falta de respuesta de los Estados.
Los gobiernos de la región también han puesto en riesgo el sistema regional de protección de derechos humanos y la justicia que garantiza a cientos de miles de personas. En junio de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se declaró en crisis financiera y fue sujeta del control político que muchos gobiernos intentan ejercer sobre sus actividades, poniendo su independencia en riesgo.
