Comunicados de prensa
20 noviembre 2013
Los líderes afganos que se reúnen esta semana en Kabul deben exigir que se rindan cuentas por los crímenes de guerra presuntamente cometidos por las fuerzas militares estadounidenses en el país, ha declarado Amnistía Internacional.
Una Loya Jirga —asamblea consultiva nacional— que se reunirá a partir del 21 de noviembre debatirá una propuesta de acuerdo bilateral de seguridad con Estados Unidos. Si lo firman ambos gobiernos, el acuerdo establecerá las condiciones de la continuidad de la presencia militar estadounidense en Afganistán una vez finalizado 2014. Se prevé que Estados Unidos mantenga en el país a más de 10.000 militares, así como a contratistas civiles y operativos de la CIA.
“La propuesta de acuerdo bilateral de seguridad ofrece a los afganos una oportunidad crucial para presionar por una mayor transparencia y rendición de cuentas por los crímenes de guerra presuntamente cometidos por las tropas estadounidenses”, declaró Horia Mosadiq, investigadora sobre Afganistán de Amnistía Internacional.
“Ahora mismo, la falta de transparencia significa que las familias de los cientos de civiles afganos que han perdido la vida en ataques nocturnos y ataques aéreos de las fuerzas estadounidenses carecen de cualquier información sobre el progreso de las investigaciones militares estadounidenses e incluso sobre si se están realizando investigaciones. Esto es especialmente preocupante, pues en algunos casos los presuntos abusos podrían constituir crímenes de guerra.”
Los líderes afganos que participarán en la Loya Jirga deben insistir en que la propuesta de acuerdo bilateral prevea la protección de la población civil con arreglo al derecho internacional.
“Los participantes en la Loya Jirga deben exigir al gobierno afgano que informe periódicamente al Parlamento sobre las medidas que hayan adoptado las autoridades estadounidenses para investigar presuntos crímenes de guerra, hacer que los presuntos autores respondan ante la justicia y ofrecer una reparación a víctimas y supervivientes”, prosiguió Horia Mosadiq.
“Pese a las denuncias generalizadas de violaciones del derecho internacional humanitario por parte de las tropas estadounidenses en Afganistán, las autoridades de Estados Unidos sólo han llevado a los tribunales un número reducido de casos.”
Deben investigarse todos los casos de muerte de civiles para evaluar si se infringieron las leyes de la guerra. Además, las familias de los fallecidos deben estar informados de los resultados de dichas investigaciones, práctica que no se realiza actualmente en Afganistán.
El sistema judicial nacional afgano sigue sin cumplir las normas básicas de imparcialidad procesal necesarias para llevar estos casos ante la justicia.
“La incapacidad de Afganistán para juzgar casos de presuntos crímenes de guerra no debe tomarse como una «carta de libertad» para cualquier persona que pueda ser responsable de este tipo de abusos en tiempo de guerra”, concluyó Horia Mosadiq.
Para evitar un legado de casos no resueltos de crímenes de guerra y otras violaciones, los gobiernos afgano y estadounidense tienen la responsabilidad de garantizar que Afganistán está dotado de un sistema de justicia que funcione plenamente y que aplique las normas internacionales de imparcialidad procesal y pueda ocuparse de estos casos, ha afirmado Amnistía Internacional.
Información complementaria
El presidente afgano Hamid Karzai ha convocado la asamblea consultiva de esta semana, que reunirá a alrededor de 3.000 líderes políticos y tribales de todo el país, miembros del Parlamento y de otros organismos gubernamentales incluidos. Karzai, muchos otros líderes y los ciudadanos afganos de a pie llevan tiempo expresando su indignación por los incidentes con víctimas civiles en Afganistán y por lo que perciben como fracaso de los mecanismos de justicia estadounidenses a la hora de garantizar la rendición de cuentas por homicidios ilegítimos de civiles.
Amnistía Internacional ha expuesto en numerosas ocasiones en los últimos 12 años su preocupación por las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario —como homicidios ilegítimos de civiles y torturas— cometidas por todas las partes del conflicto de Afganistán.
